La filtración de sus mensajes con Sánchez abre una vía para invalidar la causa contra Ábalos

La instrucción contra José Luis Ábalos puede cambiar de rumbo. La filtración de los mensajes que el exministro se cruzó con Pedro Sánchez abre una vía para invalidar la causa en el Tribunal Supremo en caso de que acaben incorporándose al procedimiento. Los whatsapps desvelan críticas del presidente del Gobierno a barones socialistas, a Pablo Iglesias y a miembros de su equipo, pero los juristas consultados por THE OBJECTIVE coinciden en que, por el momento, carecen de relevancia penal. El exdirigente socialista ya aludió a una «injerencia» en sus derechos fundamentales, paso previo para llevar el asunto al Constitucional.

Los juristas se muestran divididos sobre la posibilidad de que estos mensajes puedan llegar a servir de parapeto a Ábalos para anular la causa. Un penalista con décadas de experiencia que prefiere guardar el anonimato explica que la revelación de secretos puede condicionar el procedimiento que sigue el Supremo contra el exministro por la supuesta contratación irregular de mascarillas durante la pandemia y las presuntas dádivas que recibió de la trama que lideraba el empresario Víctor de Aldama.

«Si se demuestra la filtración, cosa muy complicada, podría ser un argumento de peso para invalidar la causa. Supondría una vulneración al derecho de tutela judicial efectiva», insiste este reconocido jurista. En esa dirección se muestra Alfredo Arrien, penalista en Paredes & Asociados. En su opinión, la publicación de mensajes entre Ábalos y Sánchez en los medios de comunicación puede suponer una revelación de secretos, lo que podría conllevar la nulidad, al menos parcial.

Los discos duros de Ábalos

Arrien explica que «ya no pasa como antes, cuando si existía un fruto envenenado se anulaba todo; ahora se intenta salvar» el resto del procedimiento. No obstante, si se demuestra la filtración, las partes podrían alegar que «se entorpece la instrucción». Para que esa vía tome cuerpo es necesario que los mensajes publicados por El Mundo se incluyan en la investigación.

Una vez que el juez lo comunique a las partes, estas podrían solicitar la nulidad total o parcial de la causa. Para eso hay que esperar al informe que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil debe entregar al juez con información de los dos discos duros del exministro que encontró durante el registro de la casa de Koldo García en febrero del año pasado. «El principal beneficiado de todo eso sería Ábalos», subraya el penalista que pide mantener el anonimato.

Otros juristas rechazan que la filtración tenga incidencia en la causa contra Ábalos. «Los mensajes son ajenos a ella», sostiene María de la Torre, de Govcom Abogados. Esta acreditada penalista afirma que los whatsapps no indican ningún ilícito penal, por lo que debería ir por otra vía. «Se puede interponer una demanda civil, que requiere un acto previo de conciliación, por derecho al honor. Para ello hay que conocer la fuente, el origen de la filtración», indica De la Torre. Pero advierte: «Otra cosa es que aparezcan mensajes comprometedores con operaciones económicas».

El penalista Luis Romero también cree que estas filtraciones no son suficientes para invalidar la causa contra Ábalos. «No le libra de los demás delitos que se le imputan. Los mensajes solo pueden involucrar a otros en posibles delitos», subraya el fundador de Romero Abogados, doctor en Derecho Penal. Esgrime que si los whatsapps se han publicado a instancias de alguno de los intervinientes, no supondría ningún delito de revelación de secretos. Otro asunto es que lo hubiese hecho una tercera persona: «Entonces podría abrirse una pieza separada o un nuevo procedimiento».

Una pieza separada

«No lo veo de ninguna manera. Pueden pedir al juez la nulidad, pero no tiene recorrido porque no afecta a ningún derecho fundamental», explica Francisco Martínez, director de Litigación y Arbitraje en Next Abogados. En su opinión, que se hayan publicado mensajes privados entre Ábalos y Sánchez no invalida la investigación, ya que «no genera indefensión ni problemas en la instrucción» en la causa contra el exministro. De hecho, por el momento las comunicaciones ni siquiera están judicializadas. Otra cosa es que «se hubiesen obtenido pruebas de origen dudoso, lo que sí supondría una vulneración de derechos fundamentales».

Martínez considera que la filtración puede generar responsabilidad penal de quien la hace. Este especialista en Derecho procesal aclara que, en ese caso, el perjudicado puede pedir una indemnización o interponer una querella por revelación de secretos. Un escenario que considera «difícil» porque es complicado averiguar la fuente. Este miércoles Ábalos negó que estuviese detrás de las filtraciones de los mensajes que se intercambió con Sánchez en 2021, según avanzó La Sexta.

No obstante, el exministro admitió que consintió la publicación de los whatsapps de 2023, que guardaba para escribir sus memorias. Entregó una copia de los mensajes a varias personas de su confianza, aunque precisó que no son ni su abogado ni Koldo García. Ábalos califica esos mensajes como «una chorrada» que lo único que demuestran es la confianza que le tenía el presidente del Gobierno. El exdirigente socialista insistió en que él siempre ha tenido lealtad a Sánchez, aunque lamenta que lleve «17 meses aguantando filtraciones y bulos».

Ábalos ya registró a finales marzo un recurso de reforma ante el Supremo en el que arremetía contra un auto del juez Leopoldo Puente, que reclamó sus ejercicios fiscales y movimientos bancarios en la última década. El exministro aprovechó para quejarse de una investigación «prospectiva». También se quejó del trabajo de la UCO, ya que considera que sus informes incluyen información privada. En su opinión, esto supone «una clara injerencia en los derechos fundamentales». Una posición que podría responder a una estrategia procesal.

Los abogados consultados subrayan que la intención de Ábalos pasaría por preparar el terreno para acudir al Tribunal Constitucional con un recurso de amparo por la vulneración de sus derechos fundamentales. Recogidos en el capítulo segundo de la Carta Magna, última instancia permitiría anular la causa. Para su interposición es preciso haber agotado antes la vía judicial, pero también haberlo invocado durante el procedimiento «tan pronto como fuera posible».