El juez permite que Villafuel acceda a sus correos tras el borrado que denunció la UCO
La administradora de la empresa con la que la trama habría defraudado 231 millones pidió sus ’emails’ para defenderse
La UCO señala a Víctor de Aldama como «codirector» de la trama de hidrocarburos. | Ilustración de Alejandra Svriz
Fumata blanca para María Luisa Rivas. El juez Santiago Pedraz le permite acceder a los correos electrónicos alojados en los servidores de Villafuel, la empresa con la que Víctor de Aldama y Claudio Rivas habrían conseguido defraudar 231 millones de euros con el IVA de los hidrocarburos. La administradora de la compañía llevaba siete meses solicitando ingresar en su email para defenderse en la causa que investiga la Audiencia Nacional. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya informó al magistrado de que las cuentas estaban «vacías».
En una providencia a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, Pedraz «autoriza a la administración de Villafuel el acceso al contenido de dichos datos informáticos». Lo hace tras el informe del fiscal Luis Pastor, que se mostró partidario de que María Luisa Rivas pudiese hacer uso de su correo electrónico tras el «completo volcado» de los servidores Emibing Consulting, que gestiona el dominio.
Durante su declaración ante Pedraz en abril, María Luisa Rivas se acogió a su derecho a no declarar. Se limitó a decir que lo haría en cuanto tuviera acceso a sus cuentas de correo electrónico, donde alberga todas las pruebas para acreditar su defensa. La hermana del socio de Aldama también entregó ese día al juez extractos bancarios para demostrar que devolvió 2,7 millones de euros a Combustibles Lucinala por «anulación de pedidos». Su objetivo era probar que el dinero no fue para obtener la licencia de operador de hidrocarburos.
El papel de Villafuel
La Guardia Civil ordenó a Emibing Consulting el pasado 7 de octubre que salvaguardara y bloqueara los datos informáticos vinculados a Villafuel existentes en su servidor. Justo el día en que fueron detenidos Aldama y su socio. Los agentes también solicitaron al juez que pidiera autorización a la empresa para realizar una copia del servidor y el volcado de la información que incluía el dominio. Pedraz emitió el mandamiento judicial dos días más tarde, un mandato que amplió el 30 de octubre.
María Luisa Rivas solicitó de forma reiterada desde entonces el acceso a los correos para preparar su defensa. Villafuel informó el 5 de noviembre a la UCO de que tenía contratados dos servicios diferentes. Por un lado, el correo electrónico con Emibing Consulting y, por otro, el almacenamiento de datos en una nube con Microsoft, aunque para este recibió el auxilio de técnicos de la primera. Los datos en la nube se descargaron con éxito a finales de ese mes, pero fue imposible acceder a las cuentas de correo electrónico.
Los investigadores se pusieron en contacto con Emibing Consulting para solventar el problema, que envió una incidencia a la tecnológica con sede en Estados Unidos. «Tras diversas gestiones al objeto de obtener información relativa a la resolución de la incidencia, el 24 de enero, la empresa informó de que Microsoft tenía configurado el sistema de forma que se procedía al borrado automático de los correos de Villafuel pasados 30 días sin tener un usuario asignado, motivo por el cual no se pudieron descargar al haber sido eliminados», informó la UCO a Pedraz.
A pesar de esta adversidad, los investigadores consideran que los correos son recuperables. Sostienen que, durante la entrada y registro de la sede de Villafuel, los técnicos informáticos de la Agencia Tributaria lograron descargar in situ los emails de los trabajadores presentes. La imposibilidad de recuperarlos supondría un problema para todas las partes: las acusaciones no dispondrían de documentos para apuntalar su tesis contra la trama y María Luisa Rivas tampoco podría usarlos en su defensa.
Acciones penales previas
La obsesión de María Luisa Rivas de acceder a sus correos tiene como objetivo desmarcarse de las presuntas actividades delictivas desarrolladas por su hermano y Aldama, a los que la UCO señala como «codirectores» de una estructura perfectamente jerarquizada que prosperó gracias a los contactos del comisionista del caso Koldo. Los investigadores afirman que la mujer se encontraría en un escalón inferior. Se habría encargado de supervisar las operativas comerciales que se encargaba de ejecutar una persona de su confianza, Javier Cillán.
Los investigadores consideran a Aldama y Claudio Rivas los ideólogos del supuesto fraude de 231 millones de euros. Parte de esos fondos habrían sido trasferidos a Portugal, China y Colombia. La propia Villafuel ya ejerció acciones penales en distintos juzgados de España contra tres de las empresas pantalla a las que atribuye el fraude investigado en el caso hidrocarburos: Carburantes Jalón Plaza, Skyward Tech y Salamanca Fuel Center. Les imputa, entre otros, delitos por impagos, falsedad documental, lucro cesante y blanqueo de capitales.
Villafuel solicitó 1,8 millones de euros a Jalón Plaza en diciembre de 2023, casi un año antes de que estallara la causa que sigue Pedraz en la Audiencia Nacional. María Luis Rivas reclamó dicha cantidad por impagos a la suministradora que dirigía Jaime Salmerón, un joven de 23 años que la Guardia Civil señala como testaferro de la trama. Uno de los tres que la Policía no pudo localizar para declarar ante el juez, que dictó una orden de busca y captura.