Jueces y fiscales amenazan con ir a la huelga contra la reforma judicial de Bolaños

Un movimiento espontáneo amenaza con provocar un terremoto en la justicia. Jueces y fiscales se han organizado al margen de las asociaciones y preparan una huelga contra la reforma judicial de Félix Bolaños. Critican que el Gobierno vaya a permitir la entrada en el sistema de cientos de profesionales «por la puerta de atrás», lo que supondría «acabar con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad» que rigen el acceso a la carrera. «Lo de los jueces sustitutos ha sido la gota que ha colmado el vaso», explican varios juristas a THE OBJECTIVE.

El Consejo de Ministros aprobó el martes el proyecto de ley orgánica para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal. El Gobierno inicia así la tramitación parlamentaria de la mayor reforma del sistema en 40 años. El texto, que incorpora recomendaciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Consejo de Estado, transforma los mecanismos de acceso, formación y desarrollo profesional.

Bolaños sostiene que este «cambio de modelo» persigue la igualdad de oportunidades sin que el origen económico o geográfico suponga una barrera. Las asociaciones profesionales han aplaudido la consolidación del sistema de becas dirigidas a aspirantes sin recursos, pero critican lo que consideran «una reforma estructural de gran calado que afecta gravemente a principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad».

Bolaños, en la diana

La futura ley facilita la inclusión en el sistema de cientos de jueces sustitutos y, por tanto, que no han aprobado la oposición. Lo harán a través del cuarto turno, esto es, mediante un concurso de méritos que reconoce «una antigüedad ficticia». La mayoría de las asociaciones denuncian que eso afecta al Estado de derecho, la separación de poderes y la independencia judicial. En estos momentos, España cuenta con 954 jueces sustitutos y 333 fiscales.

Bolaños explicó el martes que se trata de un proceso de estabilización extraordinaria para cumplir con la ley de eficiencia del servicio público y con dos requerimientos de la UE. Sin embargo, la fórmula ha soliviantado a jueces y fiscales, que se han organizado al margen de las asociaciones para frenar la reforma. El miércoles, apenas un día después de que se aprobara en el Consejo de Ministros, se creó un grupo de WhatsApp que ya incluye a un millar de profesionales para debatir una respuesta conjunta. Suenan tambores de huelga.

«La propuesta se ha distribuido por distintos grupos: de destinos, de promoción… Ha tenido mucho éxito porque estamos enervados. No por nosotros, que ya estamos dentro del sistema, sino por los que vienen detrás. La reforma de Bolaños pretende colar a gente de su cuerda y supone un control político», señala una juez con décadas de experiencia. Dice que está «muy ilusionada» con la iniciativa, ya que la respuesta se debate de manera horizontal entre los compañeros.

Otro magistrado insiste en que «ha explotado el descontento» y que hay muchos compañeros convencidos de ir a la huelga, aunque cree que habrá que canalizarla a través de las asociaciones. Explica que en el grupo hay personas de todas las edades y todas las sensibilidades, incluidos compañeros no asociados. Según datos del CGPJ, en España existen 5.416 jueces y magistrados, de los que solo el 58% forman parte de una organización profesional. Y algo parecido sucede con los 2.700 fiscales en activo.

Controlar a los jueces

«Este movimiento nos ha adelantado por la derecha», reconoce un dirigente de una asociación profesional. Sostiene que ya avanzaron a Bolaños su temor de que dejaran de ser «vehículos de las protestas» y que los compañeros comenzaran a organizarse por su cuenta. Otro dirigente explica que en los próximos días se van a reunir las asociaciones más críticas con la reforma para estudiar medidas conjuntas: «A una huelga hay que ponerle apellido. Hay que saber qué se pide, su duración y los servicios mínimos».

Una juez con décadas de servicio que se integró en el grupo de WhatsApp el viernes lamenta que el Gobierno se preocupe «del único problema que no tiene la justicia, que es el acceso a la carrera». En su opinión, modificarlo supondría un ataque contra los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. E insiste: «La cúpula judicial ya está controlada, pero la base no, y eso es lo que se pretende. Que no haya una Beatriz Biedma (la juez que cerca al hermano de Pedro Sánchez en Badajoz) o un Juan Carlos Peinado (que investiga a Begoña Gómez)».

La mayoría de los jueces y fiscales consultados consideran que la reforma de Bolaños tiene un «claro» objetivo político. «Si vamos a la huelga no es solo porque la carrera judicial esté cabreada. Es por el bien de los ciudadanos. Se está atacando a la sociedad, no a los jueces. Si el Gobierno quiere jueces independientes, que cree más plazas, hay muchos opositores estudiando, pero hacerlo por la puerta de atrás es un golpe al sistema», explica otra magistrada que forma parte del movimiento espontáneo.

«Es falso ese cuento de la endogamia en el acceso a la judicatura», lamenta un veterano juez, el primero de su familia en dedicarse a este sector. En el último cuarto de siglo, menos del 6% de los nuevos jueces procedían de una saga judicial (padre o madre magistrado). Así lo constata un estudio del CGPJ realizado sobre las 23 últimas promociones: de la 52, del curso 2000, a la 74, del curso 2024-2025. Otro mantra recurrente es que la carrera judicial está acaparada por hombres: en las últimas promociones el número de mujeres supera el 60% de los nuevos profesionales.