El Constitucional admite recursos del Senado contra el Gobierno por cambiar una ley vía BOE
El alto tribunal analizará si hubo uso fraudulento de la «corrección de errores» para introducir mejoras salariales a jueces
Fachada de la Sede del Tribunal Constitucional. | Marta Fernández Jara - Europa Press
El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite dos conflictos institucionales promovidos por el Senado contra el Congreso y el Gobierno por alterar presuntamente de forma «fraudulenta» una ley ya aprobada, mediante una corrección de errores publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El objetivo de la modificación era introducir complementos salariales para jueces, sin seguir el procedimiento legislativo ordinario.
Los recursos, impulsados por el Partido Popular y publicados este martes en el BOE, cuestionan la legalidad de la forma en que se modificó la Ley Orgánica de Eficiencia en el Servicio Público de Justicia. Según denunció el PP, el texto fue aprobado en las Cortes sin incluir dichos complementos, que luego habrían sido añadidos por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, a través de una corrección publicada días después en el BOE y el Boletín de las Cortes Generales.
«Una ley solo puede ser modificada por otra ley», recordó en febrero la portavoz del PP en el Senado, Alicia García. A su juicio, se trata de «una muestra más del intento de Sánchez de gobernar de espaldas al Parlamento», algo que calificó como una «falta de respeto a la democracia y a la soberanía nacional».
Desde el Gobierno, sin embargo, se ha defendido la legitimidad del cambio alegando que la corrección responde a un error técnico que puede ser subsanado para facilitar el funcionamiento de la Administración de Justicia. El PSOE acusa al PP de querer generar «un nuevo choque institucional» mediante lo que califican de «espectáculo bochornoso».
La polémica corrección fue publicada en el BOE el pasado 12 de febrero. Pero, según fuentes de la Presidencia del Senado, la modificación no tiene efectos jurídicos plenos mientras no se tramite una ley que revoque formalmente la anterior. Por ese motivo, la Cámara Alta ha decidido llevar el caso al Constitucional, que ahora deberá estudiar el fondo de los recursos.