Las víctimas de la talidomida acuden a la justicia por el 'impuestazo' fiscal del PSOE a sus ayudas

Las víctimas de la talidomida acuden a la vía judicial ante el bloqueo del PSOE a la exención fiscal de sus ayudas, que les llegan con un ‘hachazo’ del 47%. Un agravio comparativo con respecto a las víctimas vascas, las cuales sí perciben el 100% de su indemnización tras la aprobación de un real decreto que, paradójicamente, contó con el apoyo de los socialistas. 

Ahora, tras el veto fiscal del PSOE –y de Sumar–, la Asociación de víctimas de la talidomida (Avite) recurre a la vía judicial en un nuevo intento por defender sus derechos. Así lo cuenta a THE OBJECTIVE Rafael Basterrechea, vicepresidente de Avite, que este domingo celebró su Congreso anual para informar a sus socios de los pasos a seguir. Basterrechea explica a este medio que ultiman una demanda contra el Ministerio de Hacienda ante el Tribunal Económico-Administrativo (TEA) que será interpuesta esta misma semana.

«El PSOE ha votado sí a la exención en País Vasco y, a su vez, está torpedeando la exención a escala nacional. El enemigo número uno de las víctimas de la talidomida es el PSOE. Un partido que se dice de izquierdas…», denuncia el vicepresidente de Avite, que subraya que «para el PSOE no todos los españoles son iguales».

130 víctimas de la talidomida indemnizadas

La Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 instaba al Gobierno a indemnizar a los afectados por la talidomida con una cantidad de 12.000 euros por punto de grado de discapacidad. Sin embargo, no fue hasta julio de 2023 cuando el Gobierno aprobó un decreto para indemnizar finalmente a estas personas tras un lustro de espera sin ninguna explicación. En diciembre de ese año, comenzaron a recibir sus ayudas las primeras víctimas. Hasta ahora, 130 personas han recibido la indemnización con la reducción del 47% por IRPF, y se espera que en los próximos meses otro centenar reciban su compensación.

Avite denuncia que tengan que tributar hasta casi la mitad del dinero percibido quedando fuera del artículo 7 de Rentas exentas de la ley del IRPF, donde se regulan algunas exenciones a ayudas ligadas a enfermedades, como afectados por el VIH o personas con hemofilia u otras coagulopatías congénitas que hayan desarrollado la hepatitis C. Este artículo también deja exentas de tributación a aquellas prestaciones y pensiones por actos de terrorismo o víctimas de accidentes de tráfico. Por ello, desde hace casi dos años, se encuentran inmersos en una batalla fiscal para que estas ayudas se perciban íntegramente, como ocurre en otros países.

Maniobras parlamentarias

El Partido Popular registró en octubre de 2024 una proposición de ley de exención fiscal en el Congreso tras sacarla adelante en el Senado. Sin embargo, esta iniciativa lleva bloqueada en la Cámara Baja desde entonces por el PSOE y Sumar, que alertan de que la aprobación de la proposición de ley «es susceptible de producir una disminución de los ingresos presupuestarios». No obstante, según ha podido conocer THE OBJECTIVE, la intención de Sumar es sacar adelante esta exención sin tener que votar a favor de la proposición registrada por el PP. Para ello, pretenden meter una enmienda sobre la exención fiscal a las ayudas de la talidomida en la atascada ley del cliente financiero, que se espera esté aprobada antes del verano.

Sin embargo, en Avite, conscientes de la fragilidad de estas maniobras parlamentarias y del largo historial de promesas incumplidas, han preferido iniciar ya los trámites judiciales. La asociación busca así garantizar por la vía legal lo que consideran un derecho adquirido, ante el temor de que las vías políticas vuelvan a cerrarse sin ofrecer una solución definitiva.

Entre 1950 y 1985, miles de mujeres embarazadas tomaron talidomida –comercializada por la farmacéutica alemana Grünenthal– para combatir las náuseas o mareos. También fue dispensado para tratar el insomnio, ya que carecía de los efectos adversos de los barbitúricos y no producía adicción. Poco después de su introducción en el mercado se produjo un incremento de niños nacidos con focomelia y otras alteraciones genéticas graves.

En España los primeros casos de afectados por el consumo de talidomida empezaron a aparecer en el primer trimestre de 1960. Sin embargo, no se retiró del mercado hasta 1985, 22 años después que en el resto de los países en los que se comercializaba, en donde se retiró en 1963. En nuestro país nacieron unos 3.000 niños con focomelia (extremidades más cortas o atrofiadas) o amelia (falta de extremidades). Sin embargo, solo han sido reconocidos 175 afectados a la espera del reconocimiento de otro centenar en las próximas semanas, tras una demanda de Avite ante el Tribunal Supremo.