Una juez imputa a dos ex altos cargos de Ayuso por las muertes en residencias durante la covid
Mur y Peromingo tendrán que declarar el 26 de mayo por el documento que descartó la hospitalización de ancianos
Carlos Mur, director de coordinación sociosanitaria durante la pandemia | Europa Press
Los denominados protocolos de la vergüenza llegan por primera vez a los juzgados. La magistrada Isabel Durántez ha imputado a dos ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por el documento que descartaba la hospitalización de ancianos enfermos durante la pandemia del coronavirus. Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo tendrán que acudir a declarar el próximo lunes ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid. Deberán dar cuenta de los protocolos de no derivación a los que las asociaciones culpan de la muerte de 7.921 ancianos a los que no se trasladó a los centros en respuesta a dicha instrucción.
El origen del caso es una denuncia colectiva presentada el pasado octubre por más de un centenar de familiares de las víctimas. La imputación de ambos exaltos cargos llega tras decenas de denuncias archivadas contra los protocolos de no derivación, que incluían criterios de exclusión para los ancianos que vivían en residencias. Sus descendientes llevan cinco años dando la batalla en los tribunales y en la calle contra el Gobierno de Ayuso para que se investiguen responsabilidades.
Durántez había archivado inicialmente el caso, pero la Audiencia Provincial de Madrid le obligó a reabrirlo tras la petición de la Fiscalía de que escuchara a las víctimas, explican a THE OBJECTIVE fuentes jurídicas. Mur y Peromingo eran responsables de la coordinación sociosanitaria del Gobierno de Ayuso durante la pandemia. Son los primeros dirigentes imputados por las muertes de ancianos en las residencias madrileñas, según ha avanzado Público y confirmado este diario con el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
El protocolo del Gobierno de Ayuso
«Estamos convencidas de que la responsabilidad penal y política no se detiene en Mur y Peromingo», ha subrayado en una nota de prensa dos asociaciones de afectados. Ambos responsables de los protocolos tendrán que acudir al juzgado el próximo lunes a las 12.30 horas, aunque habían sido citados inicialmente a las 10 horas. Los familiares de las víctimas creen que el temor a una condena les podría llevarles a señalar la implicación de otros superiores. Ayuso ha evitado hacer valoraciones tras conocerse la noticia.
La causa estaba sobreseída, pero Durántez decidió reabrirla el 1 de abril después de que la Fiscalía le pidiera escuchar el testimonio de las víctimas. Estas apuntaron a los responsables del protocolo de no derivación, que lleva la firma de Mur. El documento limitó el acceso a los centros hospitalarios de aquellos ancianos que vivían en residencia bajo diferentes «criterios de exclusión». El texto bloqueaba las derivaciones en función de discapacidad o deterioro cognitivo de estas personas.
Mur se desempeñaba en marzo de 2020 como director de coordinación sociosanitaria del Gobierno de Ayuso. Era, por tanto, el responsable de la asistencia a las 474 residencias de mayores de la región. Martínez Peromingo ejercía como jefe de geriatría del Hospital Universitario Rey Juan Carlos de Móstoles y fue el médico que hizo de enlace entre Mur y un grupo de geriatras que elaboró los protocolos de no derivación. En mayo relevó a Mur en su puesto.
El caso se reabrió después de que la Fiscalía recibiera el pasado octubre una denuncia colectiva de más de cien familias que perdieron a familiares en las residencias. La presentaron al considerar que se cometió un delito continuado de denegación de prestación sanitaria por motivos discriminatorios. Las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE afirman que la decisión del Durántez podría extenderse a otros juzgados.
Medicalización que nunca llegó
Las asociaciones Marea de Residencias y 7.291: Verdad y Justicia coordinan la denuncia, que se dirigió contra 29 personas. Entre ellas, los dos directores de coordinación sociosanitaria del Gobierno de Ayuso durante la primera ola de la pandemia, Mur y Martínez Peromingo.
La denuncia incluía otros nombres, como Pablo Busca Ostalaza, director del SUMMA 112 en aquel momento; y Antonio Burgueño, autor del Plan de Choque contra la Pandemia aprobado por el Gobierno de Ayuso que «incluía supuestamente una medicalización de las residencias que nunca se llevó a cabo». También apunta a los geriatras responsables de aplicar el protocolo de no derivación en los 25 hospitales públicos madrileños.