Una juez torpedea una declaración telemática por la «discapacidad auditiva» de su ayudante

Francisco Javier Mateo murió de un disparo en una montería. Pero existen varias versiones que no concuerdan. Su viuda quiere saber quién fue el autor del tiro mortal. La opinión de los peritos forenses resulta vital. Pero su participación está en el aire. La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Piedrahíta (Ávila), Mercedes Parra, he emitido una providencia en que la que se les niega la posibilidad de declarar por vía telemática. Se excusa en la «discapacidad auditiva» que sufre la persona encargada del auxilio judicial. La acusación ha elevado una queja a la Audiencia Provincial y ha anunciado que recurrirá la decisión.

El caso ya fue archivado por Parra, pero la Audiencia Provincial de Ávila obligó a reabrirlo. La acusación sostiene que su última decisión conllevaría importantes gastos a los que no puede hacer frente su viuda, lo que afecta al derecho fundamental de tutela judicial efectiva. Los cifra en más de 3.000 euros, una cantidad que tendría que desembolsar la mujer para que los peritos (uno de Barcelona y otro de Madrid) pudieran comparecer físicamente.

Una cantidad prohibitiva para la viuda, que tiene un hijo menor a cargo y dificultades para llegar a fin de mes. Los peritos están citados el próximo 13 de junio. Sin embargo, la juez afirma que «no ha lugar a realizar su declaración por medios telemáticos, toda vez que el personal de auxilio judicial adscrito a este juzgado sufre una discapacidad auditiva que le impide utilizar el teléfono».

Expediente a la juez

En una providencia a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, Parra sostiene que el teléfono es «una herramienta que debe usarse para llevar a cabo cualquier declaración por medios telemáticos para poder contactar con las personas que vayan a comparecer en el mismo momento en el que tengan que comparecer o explicarles cómo deben hacerlo, sin que su señoría o cualquier otro funcionario tengan la obligación de realizar dichas tareas, por tanto, deberán comparecer de forma presencial».

El presidente de la Audiencia de Ávila, Javier García Espinar, ha incoado un expediente gubernativo tras una queja de los abogados de la viuda, que llevan el caso gratis. Ha elevado el asunto al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que puede sancionar o inhabilitar a la juez de forma temporal. Los letrados escribieron al mandamás del órgano provincial para quejarse de que resultaba «inaudito» que la juez, a la que ya recusaron sin éxito, tuviera «la capacidad de dictar una resolución en estos términos».

En opinión de los abogados, la declaración del perito de Barcelona es «vital» para demostrar empíricamente que los hechos que el único imputado y su hijo han relatado durante la instrucción «son imposibles». Mateo, de 59 años, acudió a una montería a El Carrascal, un coto en Lastra del Cano (Ávila). En aquella jornada de caza participaron cinco miembros de una misma familia y su organizador. Uno de ellos lo mató de un disparo minutos después de que la víctima se hiciera un selfie para decirle a su esposa que se estaba comiendo una empanada. Fue la última conversación que tuvieron. Minutos más tarde murió desangrado en el monte.

La versión oficial afirma que el autor del disparo fue Álvaro Herréiz. El hombre, de más de 80 años, se habría encaramado a un puesto de tiro de difícil acceso cargado con su escopeta y se habría confundido al tirar contra un jabalí. En una primera explicación aseguró que debió ser una bala que rebotó, pero las heridas de Mateo confirman que no hubo mella en el proyectil. El organizador de la montería relató a la Guardia Civil que el fallecido era un cazador experimentado y que había ocupado el mismo puesto, el número 22, en otras ocasiones.

Herida de ocho centímetros

Herréiz se autoinculpó y otorgó a los investigadores un cartucho como el que supuestamente habría acabado con la muerte de Mateo. La munición era del calibre 12, lo que produciría una herida de 20 milímetros. Sin embargo, la lesión del fallecido era de apenas ocho. Así lo explica en su informe el criminalista que trabaja para la viuda, un antiguo mosso con más de tres décadas de experiencia.

Los agentes de la Guardia Civil no buscaron más cartuchos, dando por buena la versión del anciano. Sin embargo, la médico forense que analizó el cuerpo de la víctima certificó que el disparo se había producido de delante hacia atrás, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Esto es: le habían tiroteado desde un lugar más elevado.

La médico forense sostiene que el proyectil se introdujo por el estómago y salió por el glúteo. No obstante, el atestado inicialmente aseguró que no existía orificio de salida, a pesar de que la bala no estaba en el cuerpo. La familia encargó una investigación a unos detectives, que se desplazaron a la finca donde perdió la vida Mateo. En su opinión, solo el organizador y el fallecido mantuvieron su puesto.

Herréiz se colocó en el número 21, aunque inicialmente le había correspondido otro. Lo extraño del asunto es que ese puesto corresponde a una zona de difícil acceso para un hombre de 80 años. El anciano se desdijo en febrero del año pasado de su versión inicial. Pasó de afirmar que Mateo había muerto por una bala rebotada a asegurar que bajó al camino desde su puesto al escuchar dos disparos. No obstante, durante su declaración mostró problemas auditivos. Para más inri, el día de la montería llevaba unos cascos de tirador que dificultaban la audición.