Archivada la denuncia contra la dirección de Jucil por supuestas irregularidades
Cinco miembros de la asociación acusaron al secretario general Ernesto Vilariño de un delito de apropiación indebida
Jucil, en una protesta policial frente a la Dirección de la Guardia Civil.
La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de León ha archivado la denuncia presentada por cinco miembros de la asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (Jucil) contra la dirección de esta asociación y ha determinado que no hay indicios suficientes para calificar como delito los hechos denunciados.
Según ha explicado la asociación profesional a Europa Press en un comunicado, la denuncia, ahora sobreseída, ha sido “el núcleo de una campaña de este pequeño grupo de disidentes” contra el secretario general de la Asociación profesional Justicia para la Guardia Civil, Ernesto Vilariño.
En la denuncia penal interpuesta el pasado 10 de febrero se acusaba al secretario general de presuntos delitos de apropiación indebida, falsedad documental y administración desleal. Según esa denuncia, el uso de fondos de la asociación se habría realizado sin el debido control ni justificación, además de numerosas irregularidades en la gestión económica como el uso de la tarjeta corporativa para cubrir gastos personales, la manipulación de los registros contables para justificar gastos personales, así como la duplicidad u omisión de otros.
La asociación profesional Jucil ha explicado que, según la jueza del caso, no se aprecian “indicios suficientes para calificar como delito los hechos denunciados”, a la vista del informe remitido por el secretario nacional de Finanzas y tesorero de la asociación y la documentación acompañada, que concluye que los gastos analizados fueron “debidamente justificados” mediante la correspondiente documentación acreditativa y que las incidencias detectadas fueron corregidas.
En este sentido, ha afirmado que la propia jueza señala que los gastos cuestionados, correspondientes a varios ejercicios y que sumaban cerca de 900 euros, fueron aprobados por los propios demandantes. Para Jucil esta cuestión denota el interés de los demandantes en “forzar los argumentos para justificar la campaña contra la dirección de la que algunos de ellos formaron parte”.
En este contexto, la asociación profesional considera que la decisión judicial “refuerza” el recorrido de las querellas presentadas por Jucil y por su secretario general, Ernesto Vilariño, contra el exsecretario nacional de comunicación, Agustín Leal, y otros cuatro miembros de la organización por calumnias e injurias graves, revelación de secretos y coacciones.
Y ha puntualizado que al mismo tiempo que se archiva la denuncia contra el secretario general, en el juzgado número 4 de León avanzan las actuaciones que pueden conducir a la apertura de juicio contra los querellados. Ese texto señala que los querellados, “valiéndose de su condición de miembros de Jucil, con acceso a información interna de la asociación, han actuado de manera coordinada con el propósito de desacreditar a Ernesto Vilariño, utilizando estrategias basadas en la difusión de informaciones falsas, la filtración de documentos internos y la manipulación de la opinión pública”.
Por último, Jucil ha asegurado que la querella contiene “pruebas fehacientes” de la actuación de este grupo, cuyo fin es “desprestigiar” a la actual dirección nacional, de la que el principal encausado, Agustín Leal, formó parte hasta su dimisión el pasado 8 de diciembre, así como “desestabilizar” a la asociación mediante “acusaciones infundadas”.