Los 'fontaneros' del PSOE pretendían anular causas contra el Gobierno a costa de la UCO

El objetivo era anular las causas que cercan al Gobierno. Como en la máxima de Nicolás Maquiavelo, el fin justificaría los medios. Para conseguir su propósito, los fontaneros del PSOE buscaban desacreditar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil gracias a la información suministrada por distintos imputados a cambio de favores judiciales. Las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE explican que esa estrategia requería varios cooperadores. Leire Díez se encargaría de conseguir el material; de ahí las reuniones con distintos personajes. Luego lo suministraría al abogado Jacobo Teijelo, que intentaría anular las actuaciones sobre la base de errores procesales y/o vulneración de derechos fundamentales.

Los socialistas han negado haber dado instrucciones contra la UCO a Díez, a la que han abierto un expediente. Un abogado penalista que prefiere mantener el anonimato califica las maniobras de «guerra sucia». En su opinión, personas muy cercanas al PSOE estarían prometiendo favores e incluso ascensos profesionales a cambio de información sensible para demostrar que se estaría realizando una investigación prospectiva que perjudicarían al Gobierno. En otros casos, se trataría de demostrar la animadversión contra alguno de los encausados.

«Una enemistad manifiesta es tan válida para anular una causa como usar pruebas conseguidas de forma ilícita», insiste. Un audio publicado por El Confidencial desveló que Díez se reunió en febrero con un investigado en la Audiencia Nacional por una trama de hidrocarburos para pedirle información comprometedora del teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Balas, jefe del departamento de delincuencia de la UCO y, por tanto, al frente de las pesquisas contra la esposa y el hermano de Pedro Sánchez, pero también del fiscal general y del caso Koldo.

El PSOE se desvincula

Este diario destapó otro audio de cómo la fontanera del PSOE manejaría la Fiscalía para atacar a la UCO. «Los fiscales se mueven, no hay problema para resolver la cuestión», prometió Díez al empresario imputado. Los socialistas llevarían meses ofreciendo pactos a empresarios vinculados a los casos de corrupción que afectan a su formación a través de terceros para embarrar las actuaciones de los investigadores. Aunque con los sobornos buscan información sensible de fiscales, jueces y hasta periodistas, el interés se centra en la Guardia Civil.

Díez se habría reunido en al menos dos ocasiones con el comandante Rubén Villalba, investigado en el caso Koldo, para ofrecerle un ascenso. «Los de arriba en el Gobierno necesitan pruebas para atacar a la UCO», le reconoció la fontanera del PSOE. Como ha avanzado El Mundo, los encuentros habrían servido para pedirle información comprometedora de los «elementos subversivos» del cuerpo armado a cambio de dispensarle protección judicial y gestionar su rehabilitación. Con las pruebas obtenidas se habría intentado «invalidar» las causas judiciales que cercan al Gobierno.

«Se puede anular una causa si se ha iniciado de manera fraudulenta, se han obtenido pruebas ilegales, se han cometido errores durante la fase de instrucción o se demuestra que existe una voluntad manifiesta para beneficiar o perjudicar a uno de los investigados», señala Alfredo Arrien, penalista en Paredes & Asociados. En su opinión, también es posible impugnar pruebas de la Guardia Civil e incluso informes completos de la UCO. Una posibilidad a la que ya comienza a apuntar Teijelo.

Durante una entrevista en Antena 3, el abogado en cuyo despacho se celebró la reunión con el empresario Alejandro Hamlyn descartó ser un fontanero del PSOE. «Lo escandaloso es que en la cuarta potencia de Europa se pueda escuchar a un abogado en su despacho para espiar conversaciones que está teniendo sobre irregularidades en actuaciones policiales. Eso me recuerda a Kitchen (pieza separada del caso Villarejo que se abrió para dilucidar si existió un operativo parapolicial financiado con fondos públicos para recuperar documentos y grabaciones del extesorero del PP Luis Bárcenas)».

Escuchas ilegales

En otra intervención, esta en TVE, Teijelo afirmó que un antiguo mando de la UCO, Juan Vicente Bonilla, dijo en un chat incluido en el caso de las mascarillas que «vamos a por Koldo, vamos a por el de arriba (en supuesta alusión al exministro José Luis Ábalos)». En su opinión, estaba planteando una investigación prospectiva antes de que se hubiesen abierto las pesquisas.

«Ese personaje sale de la UCO y se integra como jefe de Seguridad de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, desde donde surge la primera querella de las mascarillas. Eso sí tiene relevancia y afectaría al PSOE», subrayó el abogado durante la entrevista. Las fuentes consultadas sostienen que, para desarrollar su estrategia, Teijelo necesitaba de la participación de Díez: «Su función era cuestionar la legalidad de los procesos buscando material sensible».

Javier Gómez-Ferrer, socio de BDO Abogados, destaca que una causa se puede anular por diferentes motivos. Entre ellos, que se hayan obtenido pruebas de forma ilícita, como deja entrever Teijelo con las grabaciones en su despacho. El prestigioso penalista señala que un chantaje no supone la nulidad, a pesar de que la fontanera del PSOE ofrezca una serie de contrapartidas a cambio de información sensible. Eso solo sería posible «si se han traducido en alguna actuación concreta contraria a derecho», como podría ser un pacto con Fiscalía.

«No sería descartable que se le pudiera imputar delitos por ofrecer su influencia. Como mínimo, podría atribuírsele tráfico de influencias, cohecho y hasta incitación a una revelación de secretos», subraya Gómez Ferrer. Vox anunció el martes una denuncia contra Díez por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y obstrucción a la Justicia. Otros juristas sostienen que las grabaciones que han trascendido podrían suponer incluso falso testimonio y pertenencia a organización criminal. Hazte Oír y Iustitia Europa, que denuncia una «operación clandestina» contra la UCO, también han presentado acciones judiciales.

Efecto bumerán

Las fuentes consultadas subrayan que las reuniones de Díez se enmarcarían en una estrategia concertada con las defensas de algunos encausados en procesos que cercan al Gobierno. Una táctica similar a la que han utilizado Koldo García y José Luis Ábalos, que acusan a la Guardia Civil de filtrar datos y desarrollar una investigación prospectiva que descarta el Tribunal Supremo. «La UCO dispone de un personal muy cualificado, pero carece de juristas y no están acostumbrados a manejar las garantías procesales», reconoce Gómez-Ferrer.

«Esa limitación abre una rendija para anular una causa, pero es una posibilidad muy complicada», sostiene un penalista que prefiere mantener el anonimato. Avisa de que hay otra posibilidad, una especie de efecto bumerán: que los propios fontaneros del PSOE hayan grabado las conversaciones para dinamitar los procedimientos, lo que supondría un delito procesal. «Para eso debe demostrarse que han incluido pruebas falsas», subraya Gómez-Ferrer.

La penalista María de la Torre, de Govcom Abogados, explica que provocar que se anule una causa de manera consciente y predeterminada supone un fraude. «Una cosa es que te graben y otra que tú mismo montes la feria. Eso es un delito contra la Administración de Justicia», insiste la letrada. Y va más lejos: «Se puede incurrir en un delito de falsedad, pero hay que demostrar que ha sido preparado».