Un nuevo juzgado imputa a tres ex altos cargos de Ayuso por las muertes en las residencias

Semana fatídica para los autores de los denominados protocolos de la vergüenza. El Juzgado de Instrucción número 6 de Leganés (Madrid) ha imputado a cuatro personas por los planes de no derivación a los que los familiares de las víctimas culpan de la muerte de 7.921 ancianos que vivían en residencias, a los que no se trasladó a los hospitales durante la pandemia en respuesta a dicha instrucción. Entre los investigados se encuentran tres ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Carlos Mur, Francisco Javier Martínez Peromingo y Antonio Burgueño. Otro juzgado de la capital ya les citó a declarar el pasado martes, aunque finalmente se pospuso.

La juez María del Pilar Esteban ha abierto una segunda causa judicial contra ex altos cargos de Ayuso por su implicación en la gestión de las residencias madrileñas durante la pandemia, informa en un comunicado Marea de Residencias. Mur y Martínez Peromingo están citados a declarar el próximo 17 de junio en calidad de investigados. También lo harán el entonces director del SUMMA 112, Pablo Busca; y la geriatra de enlace del Hospital Severo Ochoa, María Jesús Molina.

Las familias consideran que las ambulancias tuvieron un papel clave en el protocolo, ya que dejaron de recoger a los residentes enfermos y solo acudían a los centros si tenían una autorización expresa de derivación del geriatra de enlace del hospital. La magistrada también cita a Molina para conocer cómo operaban los geriatras de enlace.

La propuesta de Ayuso

En este caso, según ha podido confirmar THE OBJECTIVE, la denuncia no parte de la Fiscalía, como en el anterior procedimiento, sino de una querella presentada por dos familiares de residentes. Ambas coinciden en la comisión de un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, para lo que el artículo 511 del Código Penal establece penas de prisión de seis meses a dos años e inhabilitación para desempeñar empleo o cargo público de dos a cuatro años.

El próximo martes, la juez de Leganés ha citado como testigo a Alberto Reyero, que fue consejero de Políticas Sociales durante el primer Gobierno de Ayuso. El exdirigente de Ciudadanos denunció la discriminación sufrida por los residentes desde el primer momento de la pandemia. También declararán en calidad de testigos Juan Abarca Cidón, presidente de HM Hospitales, y Antonio Burgueño, a quien la presidenta madrileña nombró «asesor principal» para luchar contra la pandemia del coronavirus en marzo de 2020.

Burgueño era uno de los tres ex altos cargos de Ayuso que debían declarar como investigados el pasado martes en el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid. Los familiares de las víctimas llevan cinco años esperando este momento. Sin embargo, la declaración fue suspendida en el último momento porque los imputados alegaron que no les habían dado traslado de las actuaciones. Una de las abogadas de los denunciantes, Alejandra Jacinto, afirmó que se trata de «una maniobra dilatoria». La magistrada Isabel Durántez volverá a citarle en las próximas semanas.

Hasta ahora, los familiares de los 7.921 ancianos habían visto cómo se archivaban decenas de denuncias contra los protocolos de no derivación. Fuentes jurídicas explican a este diario que la Fiscalía pidió escuchar a las víctimas antes de que prescribieran los delitos y que ahora los juzgados deben decidir si se reabren las causas. «Nos podemos encontrar con una cascada de procedimientos», resumen. Ayuso defendió el pasado miércoles que las muertes en residencias durante la pandemia debía investigarse en todas las comunidades y propuso que el Senado se encargara.