The Objective
HISTORIA DE UN BULO

El abogado de la cloaca del PSOE marcó el camino al Gobierno contra el capitán de la UCO

Las maniobras contra agentes de la UCO se inscriben en una operación más amplia que fue desvelada por TO en enero

El abogado de la cloaca del PSOE marcó el camino al Gobierno contra el capitán de la UCO

Jacobo Teijelo. | Europa Press

Se cierra el círculo del fango. El Gobierno se atornilló este sábado al bulo de la «bomba lapa» difundido desde medios afines a Moncloa, pese a demostrar THE OBJECTIVE que se trataba de una información manipulada, en la que se suprimieron tres frases de la conversación entre el capitán de la UCO, Juan Vicente Bonilla, y su confidente, con la intención de darle un sentido contrario al expresado. En la confianza de que la estrategia de la confusión impediría aflorar la verdad, el Ejecutivo ejecutó una estrategia diseñada hace más de un año, tras estallar el Caso Koldo. Fue entonces cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció una ofensiva contra periodistas, jueces y la Guardia Civil, tras sus cinco días de reflexión. El objetivo era neutralizar los casos judiciales que acorralan al Ejecutivo. Y es precisamente entonces cuando entra en escena la llamada cloaca del PSOE.

Según revelan a THE OBJECTIVE fuentes de la investigación, el abogado vinculado a las cloacas del PSOE, Jacobo Teijelo, trazó una estrategia con el objetivo de desacreditar al capitán de la Guardia Civil Juan Vicente Bonilla, responsable de iniciar el conocido como caso Koldo a raíz de las informaciones proporcionadas por su confidente. Teijelo, el tercer miembro del grupo liderado por la militante Leire Díez y el empresario imputado, Javier Pérez Dolset, ofreció su asistencia letrada al teniente Juan Sánchez Yepes, imputado por recibir pagos de un empresario ya condenado por fraude. Este agente de la UCO ya culpaba entonces a Bonilla de su imputación judicial, por supuestas filtraciones de información de las operaciones de la Benemérita. Y Teijelo aprovechó la fisura por la que colarse para perpetrar su operación.

En diciembre de 2022, Yepes fue a declarar como imputado ante el juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, acompañado por el que entonces era su abogado, Emilio Naranjo. Fue Naranjo quien solicitó la comparecencia como testigo de Bonilla en la primavera de 2023, en calidad de testigo. Una comparecencia ante el juez Santiago Pedraz a la que todavía acudió Naranjo como letrado del teniente Yepes. Según revelan fuentes de la investigacion a este diario, fue a partir de ese momento cuando Teijelo ofreció sus servicios al agente imputado capitalizando la estrategia judicial. Como en el caso del empresario de Hafesa, Alejandro Hamlyn, el tridente formado por Leire Díez, Dolset y Teijelo, ofrecieron al guardia civil dejar a su abogado y ponerse en sus manos. Como finalmemte hizo, según consta en el documento al que ha tenido acceso este periódico en el que Teijelo solicitaba la nulidad de a causa. Según las grabaciones publicadas por THE OBJECTIVE, este grupo ofreció a Hamlyn romper con su abogado José Antonio Choclán y contratara a Teijelo, quien forma parte de un entramado que ofrecería tratos favorables con la Fiscalía a quienes aportaran pruebas que desacreditaran a mandos de la UCO. La finalidad sería encontrar errores de procedimiento que permitiesen lograr la nulidad de las actuaciones judiciales en curso.

Escrito del abogado Jacobo Teijelo en que señala al capitán Juan Vicante Bonilla.

Objetivo: Bonilla

Esta ofensiva judicial y mediática se produjo poco después de que la Fiscalía Anticorrupción presentase una querella ante la Audiencia Nacional para investigar presuntas comisiones ilegales durante la pandemia, una causa por la que está imputado el exministro socialista de Transportes José Luis Ábalos. Desde entonces, Teijelo pone en marcha una estrategia judicial orientada a tumbar el caso Gaslow atacando directamente al capitán Bonilla. En un escrito al Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, solicita la nulidad de las actuaciones por una supuesta filtración de información a un confidente por parte de Bonilla. No obstante, quien está siendo investigado por ese delito es su cliente, el teniente Yepes. Según el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil, Yepes mantiene una relación estrecha con Antonio Rodríguez Estepa, empresario condenado por graves delitos económicos, y se le atribuyen cargos como pertenencia a organización criminal, cohecho, revelación de secretos oficiales y blanqueo de capitales.

Esta acción judicial por parte de Teijelo buscaba sembrar dudas sobre la actuación de Bonilla, precisamente el agente que puso en marcha la investigación del caso Koldo. La maniobra se enmarca dentro de lo que algunas fuentes califican como una estrategia de las cloacas socialistas. Estas maniobras contra agentes de la UCO y su labor investigadora se inscriben en una operación más amplia, tal y como reveló THE OBJECTIVE en enero de 2025. En ella, desde entornos próximos al PSOE se habría contactado con empresarios imputados en el caso de los hidrocarburos. El entorno de Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, habría transmitido a algunos de ellos que colaborar con el objetivo de desprestigiar a los investigadores podría traducirse en rebajas de penas a través de la Fiscalía.

Una estrategia de cloacas

Tal y como publicó este periódico en enero, se trata de una estrategia dual en dos fases. Primero, desviar la atención mediática y política sobre las tramas que involucran a miembros del PSOE con la construcción de una narrativa que insinúe que las investigaciones en curso no son fruto de un trabajo profesional de la Guardia Civil, sino parte de una conspiración política con la colaboración de figuras del PP, como Isabel Díaz Ayuso. A partir de esa base, se buscaría anular los procedimientos judiciales mediante la detección o fabricación de errores procesales.

Uno de los pilares de esta ofensiva era señalar a Juan Vicente Bonilla. Exjefe de Fuentes Humanas de la UCO, Bonilla fue el responsable de gestionar la información proporcionada por los colaboradores confidenciales de la Guardia Civil. En el momento de los hechos, estaba integrado en la Unidad Adscrita a la Fiscalía Anticorrupción (Uafac) y, tras abandonar la Guardia Civil en 2023, pasó a ser gerente de seguridad corporativa del Servicio Madrileño de Salud (Sermas). Según las mismas fuentes, esta vinculación iba a ser utilizada para sembrar dudas sobre su objetividad, insinuando que su trabajo en la UCO pudo estar condicionado por intereses ajenos al ámbito judicial. Una estrategia que fue publicada en enero por este medio y que finalmente el PSOE ha ejecutado.

Según las fuentes consultadas, el objetivo de esta estrategia es frenar las investigaciones, debilitar las pruebas obtenidas y forzar la anulación de causas judiciales que afectan a responsables políticos socialistas. Esta línea de actuación fue la misma que intentó seguir José Luis Ábalos al presentar una querella contra la UCO por presuntas escuchas ilegales. La querella fue archivada por el Tribunal Supremo, que respaldó la legitimidad de la investigación.

Medios afines

Según las mismas fuentes, los responsables de esta estrategia contarían con el apoyo de medios afines al Gobierno. Prueba de ello sería la reciente difusión de una conversación de WhatsApp entre Bonilla y su confidente, presentada de forma manipulada. El mensaje, difundido en medios cercanos a Moncloa, pretendía hacer creer que Bonilla había sugerido un atentado contra Pedro Sánchez usando una «bomba lapa» o contratando un «sicario venezolano». Pero THE OBJECTIVE tuvo acceso a la conversación completa, que revela que Bonilla, en realidad, bromeaba con la posibilidad de ser él mismo objeto de un atentado por sus investigaciones sobre corrupción. Las conversaciones entre Bonilla y su confidente se mantuvieron entre 2016 y julio de 2021, cuando el empresario fue detenido en el marco del caso Gaslow.

El Plural publicó recientemente varios fragmentos de estas conversaciones, presentándolos como muestra de apoyo a la violencia por parte de Bonilla. En uno de los mensajes del 8 de junio de 2021, se transcribía una supuesta referencia a un atentado. Pero THE OBJECTIVE reveló que esos mensajes fueron mutilados: se eliminaron tres líneas clave en las que el confidente elogiaba a Bonilla por su labor, lo que da contexto a la broma sobre la bomba.

En la versión completa, el confidente dice: «De esta te dan la Laureada de San Fernando. Y eso que está en desuso». Bonilla responde: «O una bomba lapa. En los bajos». Caramés contesta: «Podría ser», a lo que Bonilla añade: «Ya te lo digo yo. Algún sicario venezolano». La omisión de esta parte permite entender cómo se ha manipulado el contenido para dañar la imagen del agente.

Medios como La Sexta rectificaron posteriormente tras la publicación de la información completa por THE OBJECTIVE. La manipulación pone de relieve el uso interesado de informaciones incompletas para atacar a quienes están al frente de investigaciones sensibles para el Gobierno. La estrategia para desacreditar al capitán Bonilla, lanzada por el abogado de las cloacas del PSOE, Jacobo Teijelo, se enmarca así en un plan más amplio en el que confluyen intereses judiciales, mediáticos y políticos. Un plan que, según fuentes solventes, busca desactivar las causas que podrían comprometer al núcleo duro del Gobierno de Pedro Sánchez.

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