La Justicia amenaza con reabrir hasta 60 casos por las muertes en las residencias en Madrid

La Justicia archivó más de 60 denuncias por la muerte de ancianos en las residencias de Madrid durante la pandemia. Sin embargo, el guion puede dar un giro de 180 grados. Dos juzgados madrileños han imputado a varios ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por su responsabilidad en los protocolos de no derivación a hospitales. La Fiscalía reclamó que escucharan a las víctimas y algunos magistrados han optado por reabrir los procedimientos. Las fuentes jurídicas consultadas por THE OBJECTIVE aseguran que puede darse un «efecto cascada», aunque el Ejecutivo regional vaticina que ambas causas también serán archivadas.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid fue el primero en reabrir una causa por la muerte de 7.921 ancianos en las residencias. La juez Isabel Durántez ha imputado a tres ex altos cargos de Ayuso: Antonio Burgueño, «asesor principal» para luchar contra la pandemia; Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo. Estos dos últimos, como responsables de los denominados protocolos de la vergüenza a los que los familiares de las víctimas culpan de lo sucedido, ya que la instrucción impedía trasladarles a centros hospitalarios.

Los tres estaban citados a declarar el pasado martes, pero la sesión fue suspendida en el último momento. Los imputados alegaron que no les habían dado traslado de las actuaciones, lo que podría suponer indefensión. Una de las abogadas de los denunciantes, Alejandra Jacinto, afirmó que se trata de «una maniobra dilatoria». Durántez volverá a citarle en las próximas semanas.

Ex altos cargos en Madrid

Burgueño, Mur y Pérez Peromingo también están siendo investigados por el Juzgado de Instrucción número 6 de Leganés (Madrid), aunque este caso deriva de una nueva denuncia. Han sido citados a declarar el próximo 17 de junio. En la causa también están imputados entonces director del Summa 112, Pablo Busca; y la geriatra de enlace del Hospital Severo Ochoa, María Jesús Molina.

Las familias consideran que las ambulancias tuvieron un papel clave en el protocolo, ya que dejaron de recoger a los residentes enfermos y solo acudían a los centros si tenían una autorización expresa de derivación del geriatra de enlace del hospital. En cualquier caso, ambas querellas coinciden en la comisión de un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, para lo que el artículo 511 del Código Penal establece penas de prisión de seis meses a dos años e inhabilitación para desempeñar empleo o cargo público de dos a cuatro años.

Que se haya reabierto un caso archivado tiene una gran trascendencia, señalan a este diario las fuentes jurídicas consultadas. Sucede después de que la Fiscalía haya pedido escuchar a las víctimas, que llevan cinco años dando la batalla en los tribunales y en la calle para que se investiguen las responsabilidades que pudo tener el Gobierno de Ayuso. De momento, esta instrucción solo afecta a Madrid. El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha instado al Ministerio Público a explicar «por qué de repente ha cambiado el criterio».

Las mismas fuentes jurídicas señalan que a partir de ahora puede darse «un efecto cascada», ya que los juzgados tienen la posibilidad de retomar el procedimiento que archivaron. No obstante, la decisión de Durántez no implica que sigan el mismo camino. El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, vaticinó el viernes que las dos causas abiertas contra la gestión de las residencias en la primera ola de la pandemia serán archivadas.

Protocolos de no derivación

«Estos nuevos casos que se han reabierto porque la Fiscalía ha intentado buscar un subterfugio para volverlos a abrir, pero volverán a ser archivados», insistió García. En su opinión, los profesionales sanitarios «lo hicieron bien durante la pandemia», que fue mundial y afectó a todas las comunidades autónomas, también a «aquellas que sí contaban con protocolos».

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local aseguró que la izquierda «miente» al decir que en Madrid se implantaron protocolos para no derivar a usuarios de residencias a hospitales, ya que se realizaron más de 11.000 derivaciones. E insistió: «Vuelven a utilizar el dolor de las familias, retorcerlo, para utilizarlo políticamente, porque no tienen argumento». La líder de Más Madrid y ministra de Sanidad, Mónica García, advirtió a Ayuso de que «no puede huir eternamente de su responsabilidad».