La ponencia del Constitucional avala la amnistía, pero deja en el limbo a Puigdemont

La ley de amnistía es compatible con la Constitución, salvo algunas cuestiones menores. Así lo certifica la ponencia que empezará a debatir la próxima semana el pleno del Tribunal Constitucional. El texto, elaborado por la vicepresidenta Inmaculada Montalbán, estima parcialmente el recurso que presentó el PP. Propone anular algunos de los aspectos impugnados, pero avala la mayoría al considerarlos «interpretaciones conformes» con la Carta Magna. No obstante, no se pronuncia de manera específica sobre la malversación de fondos públicos, lo que deja en el limbo a Carles Puigdemont, que sigue encausado por este delito. Un obstáculo para que el expresidente de Cataluña regrese a España.

Los magistrados del Constitucional tendrán en su poder a mediodía de este lunes la ponencia (excepto José María Macías, apartado de las deliberaciones, y Juan Carlos Campo, que decidió abstenerse). El texto considera que la concesión de la amnistía a los condenados por el procés tiene cabida en la Constitución. No obstante, el borrador realizado por Montalbán propone la inconstitucionalidad de la extensión temporal y su inaplicación a quienes hayan cometido desórdenes públicos o atentados contra la autoridad, explican fuentes jurídicas a THE OBJECTIVE.

La ley de amnistía pretende borrar los actos comprendidos entre el 1 de noviembre de 2011 y el 13 de noviembre de 2023, aunque «también aquellos cuya ejecución finalizase con posterioridad a esa fecha». El PP denunció en su recurso que la norma creaba «un ámbito de inmunidad penal». La ponencia pide acotar la fecha a hechos del pasado, ya que una proyección de futuro resultaría inconstitucionalidad. Montalbán propone anular la referencia a los hechos amnistiables posteriores al 13 de noviembre de 2023.

El PP recurre la amnistía

La ponencia también propone que se declare inconstitucional el apartado del artículo 1 que aplica la amnistía a los actos de desobediencia, desórdenes públicos o atentados contra la autoridad para defender el proceso independentista en Cataluña. Montalbán, que ha tenido la ayuda de seis letrados para elaborar el texto, sostiene que la ley no incluye el mismo escenario para quienes se opusieron al procés, por lo que unos y otros deben quedar al margen de la aplicación de la norma.

En sus más de 200 páginas, la ponencia no aborda la malversación de caudales públicos, ya que el PP no impugnó ningún aspecto relacionado. El Tribunal Supremo interpreta que no es amnistiable. Se trataría de una de las excepciones que contempla la propia ley de amnistía para no aplicarla: que obtuvieron un beneficio personal. Se trata de una cuestión muy relevante, ya que Puigdemont, el expresidente Oriol Junqueras y el exconsejero Jordi Turull continúan encausados por este delito.

Los autos emitidos por la Sala de lo Penal del Supremo han ido en esa línea, al considerar que los líderes independentistas no pagaron de su bolsillo el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Señalan que estos lo costearon con dinero público persiguiendo un interés partidista. El Alto tribunal sostiene que habrían sido afectados los intereses financieros y económicos de la UE y que con su objetivo, la independencia de Cataluña, habrían mermado los ingresos comunitarios.

El silencio de la ponencia sobre la malversación obliga a Puigdemont (y al resto de afectados) a seguir esperando la resolución de sus recursos de amparo contra el rechazo del Supremo a levantarles esa imputación (en el caso del expresidente) y a dejar sin efecto la condena en el resto de casos. La petición del líder de Junts no ha llegado aún al Constitucional, ya que aún está pendiente un incidente de nulidad contra la resolución del juez Pablo Llarena de no perdonar la amnistía y mantener la orden nacional de detención.

El delito de malversación

Fuentes jurídicas anticipan que, incluso con una ley declarada constitucional, se mantendrán las órdenes nacionales de detención contra Puigdemont y los ex consejeros catalanes Toni Comín y Lluis Puig. También seguirán adelante las penas de inhabilitación de Junqueras y los demás condenados por el procés, que llegan hasta 2031. En caso de que los líderes independentistas den la batalla en el Supremo para hacer valer una sentencia favorable en la corte de garantías, el Alto tribunal se guardó un as: presentar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

La ponencia redactada por Montalbán se repartirá este lunes entre los magistrados para que puedan estudiarla. El primer Pleno empezará el 10 de junio y que servirá para que la vicepresidenta de Constitucional la exponga. Las deliberaciones tendrán lugar hasta el siguiente Pleno, que arrancará el 24 de junio, cuando está previsto el fallo. En ese cónclave también se abordarán los escritos presentados por el Senado y los magistrados Enrique Arnaldo, César Tolosa y Concepción Espejel.

Los tres miembros del sector conservador, en minoría, instan a la corte de garantías a paralizar la primera sentencia sobre la amnistía hasta que el TJUE resuelva las cuestiones pendientes o a que el propio Constitucional plantee una. Su presidente, Cándido Conde-Pumpido, ya descartó paralizar el procedimiento argumentando que «la función de control abstracto de constitucionalidad que debe realizar el Constitucional (…) es independiente de las decisiones adoptadas por otros órganos jurisdiccionales en el ámbito de su competencia específica».

El PP también ha pedido a Conde-Pumpido a que se abstenga, aduciendo la misma doctrina que se usó para apartar al conservador Macías del debate sobre la amnistía. La mayoría progresista sostiene que se tratan de «maniobras dilatorias» sin recorrido jurídico. Todo indica que la ponencia de Montalbán será aprobada por seis votos contra cuatro sin cambios sustanciales. Las fuentes jurídicas consultadas sostienen que el Constitucional retomará el resto de asuntos relacionados, una veintena, tras el verano.