La Diputación de Badajoz maniobra para anular la causa por los 'emails' del «aforado» Gallardo

La Diputación de Badajoz sale en auxilio de Miguel Ángel Gallardo. El ente supramunicipal acusa a la juez de realizar «una investigación prospectiva» mediante diligencias «desproporcionadas» que vulneran la presunción de inocencia. Entre esas pruebas subraya la incautación de los correos electrónicos de nueve trabajadores públicos, entre ellos su presidente hasta el pasado viernes. Los servicios jurídicos maniobran para anular la causa contra David Sánchez asegurando que ese modus operandi puede «afectar a la validez de todo lo actuado» porque una de las personas investigadas ostenta la condición de aforado. Los juristas consultados lo rechazan porque esta figura no es retroactiva.

Beatriz Biedma emitió el pasado 28 de abril un auto de procesamiento contra David Sánchez y otras diez personas, entre ellas Gallardo, por prevaricación y tráfico de influencias (semanas más tarde abrió juicio oral). En su opinión, la Diputación de Badajoz, gobernada por el PSOE, facilitó que el hermano del presidente del Gobierno y un antiguo asesor de Moncloa accedieran a empleos públicos sin que esa elección hubiese sido fruto de «un proceso selectivo, justo y transparente».

Gallardo anunció públicamente que tomaría el acta de diputado en la Asamblea de Extremadura apenas un día antes de la decisión de Biedma. El movimiento de blindaje necesitó de la dimisión de una parlamentaria y que otras cuatro personas rechazaran sustituirla. La condición de aforado obliga a elevar su caso al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx). El expresidente de la Diputación de Badajoz también presentó un recurso de apelación contra el auto de procesamiento.

Gallardo se blinda

El ente pacense se adhirió al recurso de Gallardo criticando a la juez por «revestir prácticamente todos los procedimientos desarrollados por la Diputación de Badajoz de un halo de sospecha e intencionalidad torticera». Sus servicios jurídicos denuncian que las diligencias no guardan una relación directa con la denuncia y querella interpuestas por Manos Limpias, relacionadas con el absentismo laboral de David Sánchez. Estas derivaron en una investigación sobre la creación del puesto de coordinador de los conservatorios.

«Consideramos que el auto impugnado avala la investigación prospectiva mediante la práctica de diligencias desproporcionadas que vulneran la presunción de inocencia de quienes están siendo investigados e incluso de quienes no han llegado a tener tal condición», insiste el escrito de alegaciones al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. El texto señala que entre esas pesquisas desmesuradas se encuentra la incautación de los emails de los trabajadores de la Diputación de Badajoz para tratar de confirmar que existió un trato de favor a David Sánchez.

Los servicios jurídicos del ente pacense consideran que las comunicaciones incautadas por la Guardia Civil, que incluyen correos por un periodo de siete años y de una decena de empleados públicos, puede invalidar todas las actuaciones de la causa. En su opinión, esa diligencia afecta «al régimen de competencias jurisdiccionales vulnerando lo establecido en el artículo 117 de nuestra Constitución dada la condición de aforado de una de las personas investigados a las que nunca se otorgó tal condición».

Los juristas consultados explican que Gallardo no disponía de tal prebenda hasta hace unos días, por lo que difícilmente se puede anular la causa partiendo de esa premisa. «No existe principio de retroactividad», admite una prestigiosa jurista. Otro compañero explica que el aforamiento del líder de los socialistas en Extremadura podría suponer «un fraude de ley», ya que el expresidente de la Diputación de Badajoz habría optado por tomar el acta como parlamentario para eludir la acción de la Justicia.

Denuncias por fraude

Vox, Manos Limpias y Liberum han presentado sendos recursos pidiendo que el TSJEx suspenda «por fraude» el acto de juramento del líder del PSOE de Extremadura como diputado regional. Iustitia Europa también ha denunciado públicamente la «anomalía institucional» que supone «el desplazamiento sobrevenido de la competencia por la obtención posterior de la condición de aforado».

Los mensajes requisados a Gallardo y al resto de trabajadores de la Diputación de Badajoz tuvieron lugar entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2022. Los investigadores sospechan que se pudo haber realizado «una serie de actos preparatorios en una esfera previa a las resoluciones» para otorgar a David Sánchez el puesto. La Guardia Civil se incautó de los emails en julio del año pasado, aunque tuvo que acudir a la sede del ente supramunicipal en tres ocasiones tras detectar que faltaba parte de la información requerida por la juez.

Tras analizar 64.602 correos, la Guardia Civil concluyó que desconocía «de quién partió la iniciativa» de crear el puesto para el hermano del presidente del Gobierno. Los agentes tampoco lograron constatar «las necesidades primigenias que se pretendían cubrir» con una plaza de nueva creación. Incluso demostraron cómo se modificaron partidas presupuestarias apenas unos días después de que Gallardo apuntara al excesivo gasto en personal. Los investigadores no lograron acceder a algunos de los perfiles, como el del expresidente del ente provincial. De hecho, apenas detectaron actividad en su email oficial.

Gallardo usó dos cuentas ajenas al organismo para comentar cuestiones relacionadas con la creación de la plaza que acabó ocupando David Sánchez. La juez autorizó el acceso a su cuenta del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena. Encontraron 695 correos, uno de la directora de Recursos Humanos de la Diputación de Badajoz sobre los tiempos estimados para la convocatoria de un puesto directivo. El líder del PSOE de Extremadura también habría utilizado su cuenta personal para referirse al asunto.