Leire Díez borra su rastro de las redes sociales
Los juristas consideran que responde a una estrategia y recuerdan que altos cargos del Gobierno ya la siguieron
Leire Díez se dio de baja voluntaria del PSOE este martes. | Ilustración de Alejandra Svriz
Bill Gates sostiene que lo que no está en Internet no existe. Eso mismo debió de pensar Leire Díez tras estallar el escándalo de los audios filtrados. En ellos, la ya exmilitante socialista trata de urdir una operación para desprestigiar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La fontanera del PSOE cerró su cuenta de X hace una semana, continuó borrando fotos y post de su perfil de Facebook (que mantiene) y acabó eliminando su LinkedIn, aunque hacía años que no lo actualizaba. Los juristas consultados por THE OBJECTIVE creen que ha sido asesorada. En su opinión, borrar el rastro en las redes sociales ahora que afronta seis denuncias, una de ellas ante la Fiscalía, responde a una estrategia. Una similar a la que ya habrían realizado algunos altos cargos del Gobierno.
Díez dejó de ser una persona anónima hace 10 días, cuando El Confidencial publicó un audio de una operación clandestina para acabar con la UCO. La emisaria del PSOE solicitaba a un investigado de la Audiencia Nacional información comprometedora del teniente coronal Antonio Balas, que lidera las pesquisas sobre la esposa del presidente del Gobierno, su hermano y el caso Koldo. A partir de ese momento se desencadenó una cascada de informaciones que acabaron acorralándola. Este diario avanzó en exclusiva que prometió un trato con la Fiscalía a un imputado a cambio de datos sensibles, aunque no reveló en nombre de quién hablaba.
La primera respuesta de Díez fue que esos encuentros se realizaron porque estaba preparando un libro sobre corrupción. Los periodistas comenzaron a indagar en sus redes sociales, donde encontraron numerosos mensajes polémicos. Un auténtico arsenal para los medios de comunicación, que llegaron a vincularla con un puesto de responsabilidad en el voto por correo que la empresa pública del servicio postal negó. Gracias a sus imágenes en Facebook, algunos descubrieron ciertas compañías, mientras que su LinkedIn reveló su paso por dos entes públicos, trabajos con los que llegó a embolsarse más de 300.000 euros.
La reacción de Díez
«Tardó en reaccionar», admite a este diario un prestigioso penalista. A los juristas le sorprende que Díez no eliminara sus redes sociales el primer día que estalló la polémica. Eso favoreció que los periodistas pudieran recopilar fotos con distintos miembros del Gobierno, incluido el presidente Pedro Sánchez, pero también cenando con su esposa, Begoña Gómez. Poco antes de clausurar X, un usuario le afeaba ser «la fontanera del PSOE». En una de sus últimas publicaciones, ella contraatacó con un «mejor fontanera que ser tu madre, no lo dudes. Cobarde y fascista. Lo tienes todo, rey».
Licenciada en Periodismo por la Universidad del País Vasco, fue teniente de alcalde en el municipio cántabro de Vega de Pas entre 2011 y 2014. Compaginó el cargo con la vicepresidencia de la Mancomunidad de los Valles Pasiegos. Muy activa en redes sociales, se trata de una sanchista de primera generación. Tras la dimisión de Sánchez en el convulso Comité Federal del 1 de octubre de 2016, se enroló en los grupos de apoyo al actual presidente del Gobierno. Apenas unos meses después de su llegada a Moncloa, Díez fue fichada como responsable de prensa de la Empresa Nacional de Uranio (Enusa), desde donde dio el salto como directiva a Correos.
Los juristas achacan la decisión de borrar sus redes sociales a un intento de «esconder» su actividad, que comentaba y documentaba en estos perfiles. «Si los mensajes y las fotos no aparecen, no hay pruebas contra ella», señala un prestigioso penalista que prefiere mantener el anonimato. Vox, Hazte Oír, Iustitia Europea, la Asociación de la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil (Asegc) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) la han denunciado por delitos de cohecho, tráfico de influencias y obstrucción a la Justicia. Además, el PP ha llevado el caso a la Fiscalía Anticorrupción.
«Con el borrado masivo de sus redes, gana tiempo», insiste un destacado penalista. Considera que si los jueces abren una investigación contra Díez, es posible que las acusaciones soliciten recuperar algunos de los mensajes e imágenes eliminadas en sus redes sociales. Es muy probable que, para conseguirlo, haya que acudir a la tecnología. Otro jurista muy experimentado en estas cuestiones compara su caso con el de Álvaro García Ortiz. La UCO determinó en un informe que el fiscal general del Estado había borrado los mensajes de su WhatsApp en plena investigación por revelación de secretos.
Los mensajes de García Ortiz
Un modus operandi que se extendió entre otros cargos del Gobierno, como es el caso de Diego Villafañe, mano derecha de García Ortiz, que llegó a estar investigado en la causa. Otros miembros del núcleo de confianza del fiscal general también borraron mensajes o cambiaron de terminal coincidiendo con el inicio de las pesquisas. En la misma situación se encuentra la actual número dos del PSOE madrileño, Pilar Sánchez Acera, que habría borrado con la ayuda de un técnico todos los whatsapps de su etapa como jefa de Gabinete del director de Gabinete de Presidencia, Óscar López.
El día de la filtración que se investiga, la de los correos del novio de Isabel Díaz Ayuso, Sánchez Acera abordó la cuestión con Juan Lobato. El entonces líder de los socialistas madrileños acudió a un notario para certificar la existencia de los mensajes en lugar de eliminarlos. La fiebre por esconder las conversaciones de WhatsApp también alcanza al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y otros dos altos cargos del Gobierno en 2020, cuando estaban al frente de las Islas Canarias. La UCO localizó mensajes con Víctor de Aldama, pero no pudo descifrar su contenido al estar encriptados.