La juez deja en libertad al ex 'número dos' de Interior con Rajoy tras asegurar las pruebas
El fiscal solicitó liberar a Martínez, que fue detenido a finales de mayo vinculado a una red de robo de datos
El ex secretario de Estado Francisco Martínez. | Europa Press
Francisco Martínez saldrá de prisión en las próximas horas. La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha acordado este jueves dejarle en libertad a petición del fiscal porque ya no existe riegos de destrucción de pruebas. El secretario de Estado de Seguridad con Mariano Rajoy estaba en prisión desde el pasado 29 de mayo por la llamada Operación Borrasca. Fue detenido dos días antes por su presunta colaboración en el blanqueo de capitales procedente de una trama dedicada a sustraer datos de instituciones y empresas. Una red que lideraría el hacker José Luis Huertas, Alcasec, del que fue abogado.
La magistrada adopta la decisión a petición del fiscal, a quien la Comisaría General de Información de la Policía ha confirmado que las pruebas que dependían del ex número dos de Interior «están aseguradas». Fuentes de la Audiencia Nacional explican a THE OBJECTIVE que, desaparecido el riesgo de destrucción o alteración de pruebas que motivó su ingreso en prisión, procede acordar su libertad. Tardón le achaca «un rol principal» en los ciberataques liderados por Alcasec, con los que supuestamente se habría enriquecido.
La magistrada envió a Martínez a prisión hace una semana, tras escuchar su declaración por la presunta colaboración en el blanqueo de capitales procedente de una trama de compraventa de datos robados. El que fuera secretario de Estado de Seguridad con Rajoy negó los hechos por los que fue arrestado junto a Alcasec, el youtuber Álvaro Martín (capturado en Andorra) y su socio Adrián Molina.
Abogado de Alcasec
Martínez, que declaró durante media hora, rechazó haberse enriquecido con la venta de datos. El número dos de Interior con Rajoy explicó que únicamente prestó asesoramiento legal al hacker. El abogado insistió en que intentó ayudarle como profesional. Entre otras cosas, auxilió al joven en la constitución de dos sociedades a cambio de 1.500 euros. Después le aconsejó como amigo, ayudándole a entrar en entornos profesionales y a crear empresas.
El exsecretario de Interior siempre ha defendido que le ayudó a crear dos sociedades cuando era menor, pero niega que conociese cualquier evolución de las mismas. Los investigadores mantienen que esas empresas sirvieron a la presunta organización criminal para limpiar el dinero obtenido ilícitamente con la compraventa de datos.
Respecto a red creada por el joven hacker, Martínez explicó que Alcasec está desarrollando un buscador que organiza con inteligencia artificial información y datos de fuentes abiertas en Internet. Tuvo acceso al buscador como asesor legal del joven. Martínez reiteró que no vio nada anormal en dicha plataforma ni obtuvo ningún dato de ella. «Solo le he ayudado, he sido como un padre para él», subrayó durante su comparecencia ante la juez.
La Operación Borraska se inició en 2024 tras detectarse una serie de ciberataques sistemáticos y sostenidos en el tiempo contra infraestructuras informáticas de organismos públicos, empresas del sector energético, puertos, sistemas de transporte, redes telefónicas y plataformas educativas. «La red había desarrollado una plataforma tecnológica integrada que permitía almacenar, indexar y comercializar datos segmentados, individualizados y vinculados a personas físicas, entidades jurídicas y operaciones institucionales», apuntaron los agentes en una nota de prensa.
«Una red de inteligencia privada»
Esta capacidad «les permitía elaborar perfiles completos, cruzar información en tiempo real y ofrecer servicios personalizados de consulta a terceros, que accedían a través de un bot cifrado en una conocida red social». Toda la operativa «estaba alojada en servidores distribuidos en la nube, que el grupo consideraba inaccesibles para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad». Los investigadores aseguran que «la estructura criminal operaba como una auténtica red de inteligencia privada, con funciones claramente diferenciadas».
Entre esas tareas se encontraban la administración tecnológica, el desarrollo de herramientas de anonimato, la gestión financiera a través de criptoactivos, el asesoramiento jurídico, la expansión internacional y la comercialización en mercados oscuros. «Uno de los miembros desempeñaba un rol clave en esta internacionalización, ampliando las operaciones a terceros países mediante contactos profesionales consolidados», añadía la nota.
La red habría instrumentalizado «sus relaciones personales y profesionales para presentarse como un entorno legítimo de asesoramiento tecnológico, blanqueando su operativa mediante estructuras societarias y servicios de consultoría que facilitaban su inserción en entornos económicos e institucionales». La operación ha contado con la participación del Centro Criptológico Nacional, dependiente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), así como de la Policía de Andorra.