El USB que Díez entregó al PSOE contiene 51 carpetas sobre jueces, fiscales y periodistas

Los audios de Leire Díez han sacudido el tablero político. Las grabaciones revelan que trataba de urdir una operación para desprestigiar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y canjear favores judiciales a cambio de información comprometida de jueces, fiscales y periodistas que cercan al Gobierno. La tarde del martes fue convocada a una reunión en la sede del PSOE, al que solicitó su baja voluntaria tras décadas de militancia. Antes entregó un pendrive con 224 gigabytes. El dispositivo incluye 51 carpetas con datos sensibles de estos profesionales díscolos, según ha podido constatar THE OBJECTIVE.

Díez proporcionó los datos al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, con el que se vio unos minutos. La exmilitante socialista asegura que el pendrive contiene «años de trabajo periodístico» sobre «víctimas de malas praxis policiales» y que hay gente de «todos los partidos». El equipo jurídico de la formación custodió el dispositivo durante dos días, hasta que el pasado jueves lo entregó a la Fiscalía General del Estado «sin abrir». El órgano que lidera Álvaro García Ortiz debe decidir ahora si lo envía a la Fiscalía Anticorrupción.

Los socialistas se han desmarcado de las operaciones de Díez y han anunciado demandas contra quienes traten de «deslegitimar gobiernos legítimos progresistas». La fontanera del PSOE señaló el miércoles en RNE que la memoria solo contiene «información» y que buena parte de ella «probablemente» se encuentre en sumarios judiciales. Se contradecía así con lo que había dicho apenas unas horas antes en otra entrevista en Cuatro, donde afirmó que el pendrive contenía datos sensibles y que su antiguo partido se encontraba personado en muchas de esas causas.

PSOE lo entrega en Fiscalía

Entre las 51 carpetas que incluye el dispositivo se encuentran datos sobre la Operación Cataluña; denuncias contra el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón; «audios para el fiscal general del Estado» o información comprometedora contra el juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. También existen archivos contra el fiscal José Grinda; causas del BBVA; del abogado de Carles Puigdemont; del expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell o documentos de periodistas y policías relacionados con el comisario jubilado José Manuel Villarejo.

Muchos de esos ficheros han sido creados, según los metadatos, por JP. Unas iniciales que podrían corresponder a Javier Pérez Dolset, el empresario que acompaña a Díez en las reuniones que han transcendido. Fundador y máximo accionista de Zed Worlwide, la empresa del sector de los videojuegos comenzó a acumular problemas financieros. La familia decidió trasladarla entonces a Holanda, donde creó un holding en colaboración con el magnate ruso Mikhail Fridman.

Pérez Dolset se vio involucrado en 2017 en una investigación judicial en la que actuó como fiscal Grinda, que aparece en el pendrive que entregó Díez al PSOE. Le acusan de dar validez a informes sobre un viceministro de Hugo Chávez, Nervis Villalobos, sin verificarlos. El dirigente venezolano, radicado ahora en Madrid, pasó 14 meses en prisión preventiva de forma «ilegal». Las fuentes consultadas sostienen que fue la persona que fraguó el vínculo con el empresario que aparece en los audios publicados, Alejandro Hamlyn.

Existe otra carpeta con el nombre «causa Miriam Serrano», la chica que originó una investigación contra Grinda por un delito contra la intimidad sexual de una menor. La causa fue archivada en 2017 al no haberse podido acreditar que fuese consciente de la edad de la joven con la que mantuvo contacto virtual. Otro archivo denominado «AAA Denuncias Luzón», modificado por última vez el 3 de abril, trata de poner en la picota al fiscal jefe de Anticorrupción. Un hecho que el propio Grinda denunció ante su superior. Díez le habría prometido un suculento destino en el extranjero a cambio de contarle sus «trapos sucios».

«Cloacas del Estado»

Entre el medio centenar de archivos del dispositivo que entregó Díez al PSOE hay carpetas con títulos tan sugerentes como Aznalcóllar, Pegasus o un «relato cloacas del Estado». El pendrive incluye una grabación de la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios, con la que comieron el 7 de octubre de 2017. La magistrada, miembro de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (de corte conservador), ha llevado asuntos tan destacados como el caso Banesto, el escándalo financiero de Gescartera o el accidente del Yak-42. También imputó al expresidente del Banco Santander Emilio Botín por el caso de cesiones de créditos.

Las prácticas de Díez y Pérez Dolset salieron a la luz después que El Confidencial desvelara que se habían reunido en febrero con Alejandro Hamlym. En el audio, la exmilitante socialista promete favores al empresario investigado en la Audiencia Nacional por un fraude millonario a cambio de información comprometedora del teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Balas, jefe del departamento de delincuencia de la UCO y, por tanto, al frente de las pesquisas contra la esposa y el hermano de Pedro Sánchez, el fiscal general y el caso Koldo.

THE OBJECTIVE destapó otro audio de cómo la fontanera del PSOE manejaría la Fiscalía para atacar a la UCO. «Los fiscales se mueven, no hay problema para resolver la cuestión», prometió Díez al empresario imputado. Los socialistas llevarían meses ofreciendo pactos a empresarios vinculados a los casos de corrupción que afectan a su formación a través de terceros para embarrar las actuaciones de los investigadores.

Díez también se habría reunido en al menos dos ocasiones con el comandante Rubén Villalba, investigado en el caso Koldo, para ofrecerle un ascenso. «Los de arriba en el Gobierno necesitan pruebas para atacar a la UCO», le reconoció la fontanera del PSOE. Como avanzó El Mundo, los encuentros habrían servido para pedirle información comprometedora de los «elementos subversivos» del cuerpo armado a cambio de dispensarle protección judicial y gestionar su rehabilitación. Con las pruebas obtenidas se habría intentado «invalidar» las causas judiciales que cercan al Gobierno.