Un 'email' a la Junta Electoral demuestra que Leire Díez intervino en el voto por correo
La ‘fontanera’ del PSOE reclamó mantener las medidas excepcionales de la pandemia en las andaluzas de 2022

Alejandra Svriz
Leire Díez realizó gestiones directas con la Junta Electoral Central para facilitar el voto por correo. La denominada fontanera del PSOE reclamó el 26 de abril de 2022 vía email aplicar medidas excepcionales derivadas de la pandemia para proteger a sus trabajadores y al resto de los ciudadanos. Lo hizo el mismo día en que el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicó la disolución del Parlamento regional y la convocatoria de elecciones para junio de ese año. El órgano electoral permitió que los electores andaluces pudiesen entregar en mano sus papeletas a los carteros cuando estos acudían a sus domicilios a facilitarles el material. Correos sostiene que la exmilitante socialista «nunca fue responsable» del voto a distancia.
El argumento de Díez era que en ese momento todavía persistían riesgos para la salud pública y para los trabajadores de Correos, pese a que habían pasado ya dos años del primer estado de alarma por la pandemia. «En afán de proteger el valor medular que supone el derecho a la salud de todas las personas que participan en los comicios (…), se solicita el criterio de esta Junta Electoral sobre la continuidad de la medida preventiva excepcional», reclamó la fontanera del PSOE.
La preocupación fue asumida por la Junta Electoral Central, que acordó por primera vez aplicar estas medidas excepcionales en mayo de 2020. Sus miembros mantuvieron el criterio en sesiones posteriores, las de noviembre de ese año y las de marzo y diciembre de 2021, «con el objeto de proteger el derecho a la salud del personal de Correos y de los propios votantes». El órgano respondió a Díez el 5 de mayo de 2022, aunque dirigió la misiva al entonces presidente de la empresa pública, Juan Manuel Serrano.

La petición de Díez
«Pese a los avances que aparentemente se están logrando en el control sanitario de esta enfermedad, es indudable que mantienen una actividad latente las sucesivas variantes del virus que la causa, por lo que una elemental cautela aconseja que se continúen aplicando dichas medidas (…) que han contribuido a mitigar el riesgo de contagio en anteriores procesos electorales», aseguró la Junta Electoral Central a la demanda de Díez.
El órgano electoral manifestó que no tenía inconveniente, al amparo del artículo 73.3 de la Loreg, de que en el momento de la entrega de la documentación electoral «se pudiese plantear que (sin menoscabo del requisito del voto secreto) el elector pueda entregar los sobres electorales una vez cumplimentados y con un justificante acreditativo». El objetivo era evitar que se acudiera a una oficina de Correos y minimizar así el impacto epidemiológico.
La documentación a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE demuestra que la directora de Relaciones Institucionales, Filatelia, Estudios y Futuro del servicio postal desempeñó un papel relevante en la gestión del voto por correo en los comicios andaluces. La semana pasada, El Confidencial publicó que Díez se encargó del producto, coordinando más de 2.500 oficinas y 9.400 empleados de la empresa pública en las pasadas generales. La fontanera del PSOE presumió en sus redes sociales de la gestión, muy criticada por los sindicatos.
Correos salió al paso asegurando que Díez nunca tuvo responsabilidades en el voto por correo. En un comunicado, la empresa pública afirmó que las competencias recaen en la dirección de Operaciones. «Todas las tareas y funciones son desempeñadas en el ámbito de la dirección de Operaciones, que es a quien corresponde coordinar todos los efectivos y la gestión necesaria». Sin embargo, fuentes internas apuntan a la existencia de una estrecha cooperación entre distintas áreas.
Acabar con la UCO
El email remitido a la Junta Electoral Central demuestra que Díez pretendía (y consiguió) que los electores andaluces diesen sus papeletas a empleados de Correos cuando estos acudían a sus domicilios a entregar el material electoral. Lo hicieron en virtud al acuerdo que el órgano electoral aprobó en mayo de 2020 y que renovó en varias ocasiones. De hecho, el punto segundo de una orden ministerial de abril del año pasado mantiene abierta la puerta a hacer uso de esta medida excepcional si la situación lo requiere.
Díez se convirtió en un rostro mediático hace dos semanas, cuando El Confidencial publicó el audio de una operación clandestina para acabar con la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. En la grabación, la fontanera del PSOE solicita a un empresario investigado en la Audiencia Nacional información comprometedora del teniente coronal Antonio Balas, que lidera las pesquisas sobre la esposa del presidente del Gobierno, su hermano y el caso Koldo.
A partir de ese momento se desencadenó una cascada de informaciones que acabaron acorralándola. Este diario avanzó que prometió un trato con la Fiscalía al empresario imputado a cambio de datos sensibles que pudieran desacreditar a jueces, fiscales y periodistas que cercan al Gobierno. También trascendió que se reunió al menos en dos ocasiones con el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, investigado en el caso Koldo. Díez le prometió protección judicial a cambio de información sensible contra Balas y otros miembros del instituto armado, según reveló El Mundo.
La primera respuesta de la fontanera del PSOE es que esos encuentros se hicieron con la intención de escribir un libro sobre la mala praxis judicial. Periodista de formación, Díez es una sanchista de primera generación. Tras la dimisión de Pedro Sánchez en el convulso Comité Federal del 1 de octubre de 2016, se enroló en los grupos de apoyo al actual presidente del Gobierno. Apenas unos meses después de que el dirigente socialista llegara a Moncloa, la Empresa Nacional del Uranio (Enusa) la contrató como responsable de prensa.
La exmilitante socialista abandonó el ente público tres años después, tras el cese como ministro de José Luis Ábalos, del que era muy cercana. Dio el salto a Correos en noviembre de 2021 como jefa de área de Relaciones Institucionales. Y eso pese a no contar con experiencia previa en el sector. Apenas tres meses después, Serrano, amigo íntimo de Sánchez, la ascendió a directora de Relaciones Institucionales, Filatelia, Estudios y Futuro. Un cargo directivo de nueva creación con el que, según las fuentes consultadas, obtenía una remuneración cercana a los 120.000 euros anuales.