Leire Díez intentaba desacreditar al juez Peinado vinculándolo con pruebas falsas

La trama puso especial atención en los jueces que cercan al Gobierno. El dispositivo que entregó la semana pasada Leire Díez en Ferraz incluye información contra los magistrados que investigan al hermano y a la esposa de Pedro Sánchez. Intentaban desprestigiar a Juan Carlos Peinado acusándole de aceptar las supuestas pruebas falsas que habría aportado un policía para justificar las pesquisas contra un viceministro de Hugo Chávez, Nervis Villalobos, que pasó 14 meses en prisión preventiva. THE OBJECTIVE ha accedido al informe que critica al agente por falsificar documentos y por hacer desaparecer actas para «construir una acusación de desvío de fondos» contra el exdirigente venezolano.

Díez proporcionó el pasado martes al PSOE un pendrive con 224 gigabytes de datos que el partido puso en manos de la Fiscalía dos días más tarde. Como avanzó este diario, el dispositivo incluye 51 carpetas con información comprometida de jueces, fiscales y periodistas. Entre los profesionales señalados se encuentran los magistrados Manuel Marchena, Beatriz Biedma (que investiga la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz) y Peinado, que abrió una causa contra Begoña Gómez en abril del año pasado. Ella y el presidente presentaron sendas querellas contra el juez por prevaricación que fueron archivadas.

Los intentos para sembrar dudas sobre el juez que investiga a la esposa de Sánchez se incluyen en un archivo denominado «primera fase Peinado». «Se va a denunciar en cascada a todos los elementos de la cadena que llevaron al Tribunal Constitucional a decretar que la detención y prisión incondicional (sic) por 14 meses de NV (iniciales de Nervis Villalobos) fue ilegal», comienza el documento. A continuación señala al agente de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que elaboró el informe que sirvió de base para la causa.

Peinado envía a Villalobos a prisión

«Primera denuncia: el policía falsificó un documento de condena del Departamento de Justicia de USA para justificar la prisión de NV. En concreto, se inventó que la víctima aparecía en la condena por blanqueo de capitales de USA. Ni siquiera se le mencionaba», subraya el texto contra Peinado. Y continúa: «Segunda denuncia. El policía hizo desaparecer tres actas de entrega de una denuncia, con tres pendrives adjuntos, 25 ficheros y 20.000 páginas de documentos contables para sustituirlos por otros registros falsos con los que construir una acusación de desvío de fondos».

En ese momento aparece en escena el fiscal anticorrupción José Grinda, que según el relato de los creadores del documento habría dado validez a los informes de Villalobos sin verificarlos «a pesar de que fue advertido de que eran falsos». Grinda es uno de los profesionales más perseguidos por el equipo de Díez. Se trata del fiscal que lideró una investigación judicial contra uno de sus miembros, el empresario Javier Pérez Dolset. De hecho, según ha podido constatar este diario, muchos de los ficheros que incluye el dispositivo que entregó la exmilitante en Ferraz fueron creados por JP.

Los fontaneros del PSOE sostienen que Peinado se basó en «informes falsos» de un agente de la UDEF y se alió con Grinda para enviar a Villalobos a prisión durante 14 meses «sin hacer comprobación alguna y desoyendo a la Audiencia Provincial, que corregía sus decisiones». Sin embargo, la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid respaldó la actuación del juez que investiga a Begoña Gómez por cuatro delitos.

El exviceministro chavista fue detenido en Madrid el 28 de octubre de 2017 tras una orden internacional de detención emitida por Estados Unidos. La investigación contra Villalobos fue impulsada por la Fiscalía, que le acusó de formar parte de una red de blanqueo de capitales de entidades venezolanas. La denuncia se basó inicialmente en la investigación de las autoridades portuguesas relacionadas con la gestión del Banco Espíritu Santo. El Ministerio Público también apreció irregularidades en fondos de la petrolera estatal PDVSA, por lo que solicitó su ingreso en prisión. Peinado acordó la medida preventiva en febrero de 2018 al apreciar riesgo de fuga.

Recurso al Constitucional

El Constitucional estimó en diciembre de 2020 un recurso de amparo del dirigente chavista, que salió de la cárcel 14 meses después. La sentencia declaró nulo el auto de prisión provisional que decretó el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, el mismo que investiga a Begoña Gómez. La resolución reconocía que se habían vulnerado sus derechos fundamentales y que Peinado no había respetado «las garantías legales de información y acceso a los elementos esenciales de las actuaciones».

Las prácticas de Díez salieron a la luz después que El Confidencial desvelara que se había reunido en febrero con Alejandro Hamlym. En el audio, la exmilitante socialista promete favores al empresario investigado en la Audiencia Nacional a cambio de información comprometedora del teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Balas, jefe del departamento de delincuencia de la UCO y, por tanto, al frente de las pesquisas contra la esposa y el hermano de Sánchez. La fontanera del PSOE sostiene que los apuntes son el resultado de años de trabajo periodístico sobre malas prácticas judiciales y niega cualquier relación con el partido.