La UCO registra durante nueve horas la casa de Ábalos y varias empresas de Valencia y Navarra
Los agentes de la Guardia Civil han requisado dispositivos electrónicos del exministro para clonarlos
José Luis Ábalos en la puerta de su casa. | Ana Escobar (EFE)
La Guardia Civil ha registrado durante más de nueve horas la casa de José Luis Ábalos en Valencia. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) se personaron en el domicilio del exministro a las siete de la mañana de este martes por orden del Tribunal Supremo en busca de documentación sobre contratos de obra pública relacionados con el denominado como caso Koldo, la causa abierta por la supuesta compra irregular de mascarillas durante la pandemia. Las pesquisas se enmarcan dentro de una pieza secreta, una línea de investigación que se abrió después de que Víctor de Aldama aportara en diciembre documentos sobre el supuesto amaño de contratos públicos.
Ábalos tiene tres inmuebles en propiedad en Valencia, según revela el informe económico patrimonial encargado por el Supremo. La vivienda registrada está ubicada en la planta baja de un edificio en el centro de la ciudad, explican a THE OBJECTIVE fuentes del caso. Los agentes han requisado dispositivos electrónicos para clonarlos. El magistrado también ha ordenado registros en las sedes de varias empresas en Valencia y Navarra.
El registro de la vivienda responde a una orden de Leopoldo Puente, instructor del caso Koldo, a propuesta de la propia UCO. El exministro lleva meses declarándose víctima de una persecución de la Guardia Civil, a la que incluso llegó a denunciar ante la Fiscalía Anticorrupción por violar el derecho de sus comunicaciones. El Supremo, que investiga a Ábalos por los delitos de tráfico de influencias, organización criminal y malversación, le atribuye «un papel principal» en la trama corrupta. Los investigadores sospechan que el exdirigente socialista y su entorno se habrían beneficiado de diversas dádivas.
La causa contra Ábalos
Entre las prebendas que podría haber recibido Ábalos se encuentra el uso de un chalé en la urbanización de La Alcaidesa, en la costa gaditana, y el pago de un apartamento de lujo en el centro de Madrid para Jésica Rodríguez, en ese momento pareja sentimental del exministro. Un socio de Aldama, Alberto Escolano, declaró ante el juez que se encargaba de abonar el alquiler mensual por orden del comisionista. Este reveló en diciembre en el Supremo que el exministro también recibió mordidas por la adjudicación de contratos de obra pública.
Aldama aportó notas manuscritas que le envió el asesor de Ábalos, Koldo García, que incluye adjudicaciones de obra pública con localizaciones y cifras concretas correspondientes a 2019. Esos amaños, entre 1 y el 1,5% del valor de los contratos, se habrían extendido los dos años siguientes. El comisionista relató que esos documentos serían «una garantía» de que el exministro iba a cumplir. El actual diputado del Grupo Mixto negó haber adjudicado obra pública a empresas amigas y cobrar contraprestaciones por ello.
Puente encargó en abril a la UCO que investigase la adjudicación de las obras públicas y las supuestas rectificaciones que habían sufrido las licitaciones. El magistrado tomó esa decisión después de que un informe pericial de una prueba caligráfica realizada a Koldo García concluyera que la letra que aparecía en las anotaciones aportadas por Aldama coincidían con la suya.
El registro tiene lugar siete meses después de que el Supremo abriera causa contra Ábalos, aunque no recibió la exposición razonada hasta enero. Es la primera vez que el Alto tribunal ordena registrar un inmueble del exministro, que ya ha declarado en dos ocasiones ante Puente, aunque ha negado que hubiese cobrado comisión alguna. Además, aportó las facturas de alquiler del chalé de La Alcaidesa.
Una investigación «prospectiva»
Durante la investigación, Ábalos ha mantenido una guerra abierta contra la UCO, a la que pidió apartar del caso. Tanto el juez instructor como la Sala de Apelación han denegado sus reclamaciones. El exministro llegó a acusar a los agentes de realizar «filtraciones» sobre su vida privada. También les señaló por atribuirle una propiedad en Colombia que cifraron en 2,5 millones de dólares (2,1 millones de euros). Un día después, los agentes matizaron que se trataba de 2,5 millones de pesos colombianos, unos 751 euros, pero el exdirigente socialista rechazó que se tratara de «un mero error».
El exministro se ha quejado de que está siendo víctima de una investigación prospectiva. Ábalos ya denunció a la UCO ante la Fiscalía por «interceptar correspondencia privada» y vulnerar sus derechos al interceptar una llamada telefónica con su asesor sin que estuviese investigado (era necesario un suplicatorio del Congreso que llegó en enero). La realidad es que los agentes tenían pinchado el teléfono de Koldo García, lo que les permitió captar una conversación clave.
La charla reveló que su asesor se había comprometido a enviarle una documentación que había recibido del entonces subsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez, también investigado por la compra de mascarillas al inicio de la pandemia. La información se trasladaría a través de Joseba García a través de una cadena de entrega. El hermano del asesor del exministro viajó de Madrid a Valencia el 4 de noviembre de 2023. La Guardia Civil interceptó la furgoneta y localizó un sobre que llevaba en la parte delantera a nombre de «José Luis Ábalos Meco».