El PSOE ingresó 10 millones en 2023 con el «impuesto» del que habla Koldo
Los socialistas aseguran que se trata de una «cuota voluntaria» de sus cargos públicos y descartan financiación irregular
Pedro Sánchez, secretario general del PSOE. | Ilustración de Alejandra Svriz.
La sombra de la financiación irregular se cierne sobre el PSOE. El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señala a Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García por facilitar contratos públicos a cambio de mordidas. Los investigadores sugieren que no actuaban solos. En una de las conversaciones incluidas en el dosier, el asesor ministerial avisa al exdirector general de Carreteras Javier Herrero de que van a contactarle desde la gerencia del partido para pedirle «el impuesto». Fuentes de la formación explican que se trata de una «cuota voluntaria» con la que contribuyen todos los cargos públicos y que está incluida en sus estatutos. Los socialistas ingresaron casi 10 millones de euros en 2023 por ese concepto.
Koldo García escribió a Herrero por WhatsApp el 15 de marzo de 2022. En el mensaje le explica que la gerente del PSOE, una exdiputada nombrada meses atrás por Cerdán, le ha pedido su número de teléfono y le pregunta si le puede llamar «15 segundos». «Si no se lo doy yo, lo consigue seguro», explica el asesor de Ábalos durante su etapa en el Ministerio de Transportes. Le advierte de que le van a «pedir el impuesto». Unas horas más tarde, le inquiere si le habían llamado desde la gerencia del partido.
Herrero respondió que le habían enviado un formulario, pero sin especificar la cuantía que debía aportar. «Se infiere que desde la gerencia del PSOE se le pidió que realizara algún tipo de aportación económica», destacan los investigadores. El informe de la UCO revela que el entonces director general de Carreteras tuvo un papel «determinante» en el amaño de contratos públicos. Los socialistas se sacuden el fantasma de la financiación ilegal: aseguran que se trata de una contribución voluntaria que aportan todos los representantes públicos y altos cargos del partido.
Las cuentas del PSOE
«Le llamamos impuesto revolucionario», reconoce un alto cargo del PSOE. En su caso, asegura, colabora con un 10% de su salario, aunque explica que el porcentaje varía según los ingresos de la persona. Este tipo de aportación económica no es exclusiva de los socialistas, ya que otras formaciones también la aplican. Y eso a pesar de que el artículo 4 de la ley sobre financiación de partidos políticos establece que estos «no podrán aceptar o recibir, directa o indirectamente, donaciones de personas físicas que, en ejercicio de una actividad económica o profesional» que sea parte del sector público.
Los partidos políticos tienen dos vías de financiación. La primera, pública, incluye ayudas directas del Estado, aportaciones de grupos institucionales y subvenciones por resultados y envíos electorales. La última memoria anual publicada en su web, la de 2023, señala que el PSOE obtuvo ese año ingresos de casi 95 millones de euros a través de esta fórmula.
Los socialistas sumaron otros 29,5 millones por financiación privada, que incluye cuotas de afiliados, donaciones, legados, productos de actividades propias, ingresos de diversa naturaleza y aportaciones de afiliados y cargos públicos. Es precisamente en este último concepto en el que se insertarían los 9,9 millones que obtuvo el PSOE con el «impuesto» al que se refiere Koldo García en su conversación con Herrero. La ayuda para sostener a la organización está incluso registrada en los estatutos.
El artículo 63 del reglamento aprobado en el 41 Congreso Federal, celebrado el pasado diciembre en Sevilla, establece las aportaciones comprometidas o donaciones de cargos públicos y asimilados. El segundo apartado sostiene que «el incumplimiento del compromiso de pago de las aportaciones de cargo público o asimilado por un periodo superior a tres meses podrá dar lugar a la actuación disciplinaria correspondiente recogida en la normativa del partido, así como su valoración como causa impeditiva para el ejercicio de cargos orgánicos o para su elegibilidad en las candidaturas electorales».
Una cuota voluntaria
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, explicó el viernes que la mención al «impuesto» que aparece en el último informe de la UCO se trata en realidad de la «cuota voluntaria» que los cargos públicos del PSOE aportan en función el salario público. Así es como se le conoce de forma interna, insistió. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, también se refirió al asunto.
«Quiero aclarar que en el PSOE hay una cuota voluntaria que pagamos todos los cargos públicos y que, a diferencia de otros partidos, donde ha habido sueldos y sobresueldos, aquí es al revés, aquí de tu sueldo aportas voluntariamente una cuota al partido, entiendo que se refieren a eso», explicó durante una entrevista en la Cadena Ser. Sin embargo, a los socialistas consultados por este diario no les consta que el antiguo director general de Carreteras, Javier Herrero, estuviese afiliado a la formación.
La pérdida de poder territorial en las autonómicas y municipales de 2023 (se quedó sin seis gobiernos regionales y descendió en 1.500 el número de concejales), también le ha supuesto un varapalo económico al PSOE. El borrador de los presupuestos que elabora su dirección prevé un descenso de las aportaciones de cargos públicos en el ejercicio 2024, que sumarían 8,8 millones de euros. La cifra supone dos millones menos que en el curso anterior, según ha avanzado El Mundo.
Las explicaciones públicas de distintos dirigentes del PSOE no acaba con el debate de su supuesta financiación irregular. En el último informe de la UCO se observa cómo Cerdán recriminó a Koldo García y Ábalos ciertas contraprestaciones económicas, pero no las que recibían de Acciona. Además, se subraya que Pedro Sánchez habría cesado al dirigente valenciano como ministro porque tuvo conocimiento de las mordidas que habría cobrado de constructoras «de espaldas al partido».