La UCO registra el PSOE, ADIF y el Ministerio de Transportes por orden del Supremo

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han personado este viernes en la sede del PSOE en Madrid para clonar la cuenta de correo electrónico corporativa de Santos Cerdán. El despliegue también les ha llevado a las oficinas de ADIF, la Dirección General de Carreteras y el Ministerio de Transportes para buscar pruebas sobre la presunta trama de corrupción de la que formarían parte el ya ex secretario de Organización de los socialistas, Koldo García y José Luis Ábalos. El juez también pide imputar a la expresidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera y al ex director general de Carreteras Javier Herrero por «prestar asistencia» a la trama, aunque deja la decisión en manos de la Audiencia Nacional.

El registro ha sido autorizado por el juez del Tribunal Supremo que investiga el caso Koldo. En el auto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el magistrado Leopoldo Puente imputa a Cerdán y lo cita a declarar el próximo 30 de junio. También autoriza a investigar su patrimonio, después de que un informe del instituto armado le situara como epicentro de una supuesta red de amaño de obras públicas a cambio de mordidas.

Puente ha permitido investigar cuentas, inmuebles y cuentas de correo corporativo de Cerdán. Tres agentes de la UCO se personaron a primera hora de este viernes en Ferraz para volcar los correos del dirigente navarro. Unas tareas que se han alargado durante casi tres horas. Un día antes, según adelantó OKDiario, un camión de mudanzas se llevó de la sede nacional del PSOE decenas de cajas. Fuentes de la investigación aseguran que el ex secretario de Organización de los socialistas estuvo el pasado fin de semana en su antiguo despacho para recoger sus pertenencias y lamentan que la formación que lidera Pedro Sánchez no lo impidiera.

Clonado del correo de Cerdán

La UCO también se ha personado en Transportes para clonar los correos de Ábalos. Además, solicita a ADIF y a la Dirección General de Carreteras expedientes de adjudicación de obras señaladas como irregulares en el último informe de la UCO. La investigación de cuentas bancarias se extiende a depósitos y productos bancarios de cinco empresarios, que han sido imputados, y de sus empresas. En total, el número de cuentas bancarias que se van a investigar rozan el medio millar. Los empresarios (Antonio y Daniel Fernández Menéndez, Fernando Agustín Merino, José Ruz y Joseba Antxon Alonso Egurrola) tendrán que declarar en el Supremo entre el 4 y el 7 de julio.

Considera el instructor que pudieran haber participado en la realización de pagos que, en parte, habría podido recibir la persona aforada en esta causa especial, en referencia a Ábalos. Puente indica que la conducta de Cerdán y Koldo García aparecería «indisociablemente unida a la de este, debiendo quedar incorporados, en la referida condición de investigados, a la presente causa especial». Otra de sus demandas a la UCO es investigar si estos empresarios tuvieron alguna relación con Fiadelso, la ONG que creó el exministro.

El auto dictado recoge una batería de diligencias del juez acordadas tras recibir peticiones de la UCO a raíz de su informe de 5 junio y una vez que Cerdán renunció al acta de diputado y, por tanto, a su aforamiento. En primer lugar, indica que su declaración ya no será voluntaria, sino que será «preceptiva y en calidad de investigado (…), teniendo lugar tras la misma, comparecencia al efecto de ponderar la adopción de medidas cautelares de naturaleza personal respecto a él».

El magistrado pospone la fecha de la declaración, tal como había solicitado el ex secretario de Organización del PSOE. Lo cita el 30 de junio para que su nuevo abogado tenga tiempo para desarrollar su defensa. Puente explica en el escrito que la competencia del Supremo para investigar estos hechos se sustenta en el aforamiento de Ábalos como diputado, que extiende su jurisdicción a todas las personas a las que se les imputaran hechos inescindiblemente vinculados a los atribuidos al exministro.

Indicios contra Pardo de Vera

Considera que este es el caso de Cerdán quien, conforme resulta de los consistentes indicios recogidos en el último informe de la UCO, «pudiera haber participado, actuando de consuno con el aforado, en la percepción de premios económicos a cambio de concesiones irregulares de obras públicas, al punto que pudiera ser este (…) quien se encargara de distribuir entre los diferentes partícipes las cantidades recaudadas».

Puente también observa indicios consistentes contra la expresidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera y el ex director general de Carreteras Javier Herrero. Con el fin de profundizar en el modo en que se produjeron dichas adjudicaciones, acuerda requerir los expedientes de las obras bajo sospecha en un plazo de 15 días. En concreto, solicita toda la documentación relativa a la licitación de cinco obras a ADIF (San Feliú de Llobregat, El Mayor, Murcia, Monforte y Asturias) y de seis a la Dirección General de Carreteras (Logroño, Sevilla, Asturias, Úbeda, Teruel, Camino de Santiago).