García Ortiz se aferra al Constitucional para esquivar la filtración del novio de Ayuso

Álvaro García Ortiz busca un atajo para salir indemne de la filtración de datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso. Las acusaciones han pedido para él entre cuatro y seis años de cárcel, multa económica e inhabilitación por un presunto delito de revelación de secretos. La defensa considera que el caso debe archivarse porque no existen «verdaderos indicios objetivos», mientras que el Ministerio Público reclama cancelar el procesamiento. Los juristas consultados por THE OBJECTIVE alertan de que el fiscal general podría guardar un as bajo la manga: llevar el asunto al Tribunal Constitucional incluso antes de que haya sentencia. Si la estrategia fracasa, sería posible hacer un segundo intento en la corte de garantías.

El juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado propuso el 9 de junio abrir juicio oral contra García Ortiz y la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, por un delito de revelación de secretos. Dos de las tres asociaciones profesionales le pidieron que dimitiera, pero el fiscal general reafirmó su compromiso de «continuar defendiendo la actuación y la integridad de la institución que representa».

El origen del caso se encuentra en la querella que interpuso Alberto González Amador por la filtración de unos emails en los que confesaba la autoría de dos delitos fiscales. Su objetivo era llegar a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía para rebajar la pena. El novio de presidenta madrileña sostiene que el Ministerio Público lo envió a los periodistas. El Supremo imputó a García Ortiz en octubre y los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) demostraron que había borrado los mensajes durante los días clave de la filtración, lo que supone una prueba indiciaria.

Penas para García Ortiz

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), personada en la causa, ha sido la más dura contra García Ortiz. Pide seis años de cárcel y 12 de inhabilitación. El afectado, González Amador, reclama cuatro años de cárcel, inhabilitación accesoria y 300.000 euros de multa. Muy similar al castigo que solicita Manos Limpias: cuatro años de privación de libertad y casi 150.000 euros. El Colegio de Abogados de Madrid tiene de plazo hasta este lunes para decidir la pena que demanda para el fiscal general.

La defensa lo tiene claro: pide que se archive la causa ante la falta de «verdaderos indicios objetivos». Además, rechaza que García Ortiz recibiera indicaciones desde Moncloa. La Fiscalía, que denuncia a Hurtado por apuntar a Moncloa «sin sustrato probatorio», va más lejos. Solicita que se cancele el procesamiento, una estrategia que ya ha puesto sobre la mesa en varias ocasiones al referirse a la nulidad del registro que realizó la Guardia Civil del despacho del fiscal general el pasado 30 de octubre.

Esa fecha podría ser clave, ya que los juristas consultados afirman que García Ortiz puede llevar la cuestión al Constitucional para cerrar el caso. «Es posible recurrir el auto de apertura de juicio oral para que no se tenga que sentar en el banquillo», admite un prestigioso penalista que prefiere mantener el anonimato. Sería mediante un recurso de amparo y sin necesidad de que termine el proceso, ya que alegaría que en el registro de su despacho se produjo una vulneración manifiesta de sus derechos fundamentales.

García Ortiz se refirió durante su declaración ante el juez el 29 de enero al episodio, que catalogó como «una entrada invasiva de derechos fundamentales». Los juristas interpretaron sus palabras como una maniobra para llevar el asunto al Constitucional y dejar sin efecto el auto de entrada y registro que dictó Hurtado. Para alegar vulneración de derechos fundamentales ante la corte de garantías es necesario hacer alusión durante el procedimiento. Sin embargo, la Sala de Apelaciones del Supremo avaló en febrero la diligencia, en la que se incautaron de sus móviles y dispositivos electrónicos.

Registro del despacho

«Presentar ese recurso de amparo sería extemporáneo, aunque con este Tribunal Constitucional no se puede descartar nada», insiste el penalista. La número dos de García Ortiz, María de los Ángeles Sánchez Conde, expuso a Hurtado nueve argumentos para pedir la anulación del proceso durante la declaración de su jefe el pasado 29 de enero. Se centró en la «insólita» entrada y registro del despacho de García Ortiz, que «supone cuestionar la actuación de un órgano constitucional». La teniente fiscal del Supremo, que no participó en el interrogatorio porque hacerlo sería validar la investigación, adujo la «inconstitucionalidad» de la diligencia «por haber tenido una extensión desmesurada» (casi 11 horas) y «una nula proporcionalidad».

Otros juristas ven poco recorrido a la maniobra. La penalista María de la Torre, de Govcom Abogados, considera que sería «excepcional» que la corte de garantías anulara la causa antes de que se pronuncie el Supremo. En esa misma línea defiende Javier Tajadura, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad del País Vasco. En su opinión, la opción de la corte de garantías es más viable en caso de que exista una sentencia condenatoria para García Ortiz.

«Una vez que la sentencia sea firme, puede presentar un recurso de amparo. Mientras se resuelve, se suspende la condena», subraya Tajadura. El reputado constitucionalista explica que existe una ley no escrita, un convencionalismo por el que las condenas inferiores a cinco años de prisión se suspenden de forma cautelar en caso de que se interponga un recurso de amparo. De la Torre considera que ese hecho solo afectaría a la pena de prisión, pero que la inhabilitación que lleve aparejada se mantiene.

Ibor Fernandes, profesor de Derecho Constitucional en el CES Cardenal Cisneros, afirma que era «bastante evidente» que García Ortiz llevaría su caso al Constitucional, aunque considera «inaudito» que siga en el cargo estando imputado. Como De la Torre, señala que, en caso de que el fiscal general sea condenado por la filtración del novio de Ayuso, podría presentar un recurso de amparo para evitar la entrada en prisión, pero sería incompatible con seguir en el cargo porque la condena no se elimina, solo queda en suspenso.