Cerdán pagó 6.000 euros por comprar el 45% de la empresa salpicada por la corrupción
La UCO de la Guardia Civil ha enviado al magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente la escritura
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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guaria Civil ha enviado al magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente el contrato privado firmado por el ex secretario de Organización del PSOE, Santo Cerdán, para adquirir por 6.000 euros el 45% de la sociedad Servinabar, la sociedad beneficiada con adjudicaciones públicas e investigada en la trama del caso Koldo.
La escritura privada que firmaron Santos Cerdán y su amigo empresario Joseba Antxon Alonso, mediante la cual Cerdán adquirió el 45% de las acciones de Servinabar, se rubricó el 1 de junio de 2016. Así lo revela el documento al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, hallado durante un registro efectuado al empresario vasco. Esta fecha resulta especialmente significativa, ya que coincide con los días previos a la campaña de las elecciones generales del 26 de junio de ese año, en las que el PSOE liderado por Pedro Sánchez cosechó los peores resultados de su historia en democracia.
El contrato privado de compraventa detalla que Joseba Antxon Alonso cedió a Santos Cerdán 1.350 de las 3.000 participaciones que conformaban la sociedad, lo que equivale a casi la mitad del capital de la empresa constructora. Según el documento, Cerdán adquirió este paquete de acciones por valor de 6.000 euros, y la escritura estipula de forma explícita que «el vendedor declara recibido» el pago, «dando la más completa y eficaz carta de pago». En otro de los puntos del contrato de compraventa, el cuarto, se recoge que «ambas partes se someten a los juzgados y tribunales de Navarra para la resolución de cualquier conflicto que pudiera surgir en relación al presente contrato».
Desde entonces, la firma, Servinabar, ha acumulado adjudicaciones públicas por valor de cerca de 100 millones de euros procedentes de las administraciones navarra y vasca. Entre ellas destaca su participación, junto a Acciona, en la unión temporal de empresas encargada de las obras del túnel de Belate, un proyecto de 76 millones de euros marcado por diversas irregularidades en el proceso de adjudicación.
Según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO), Cerdán contaba con «capacidad de decisión» dentro de la compañía, que había sido beneficiada con numerosos contratos bajo el Gobierno foral liderado por María Chivite. La presidenta, de hecho, llegó a reunirse hasta en cuatro ocasiones en privado con Alonso, el socio empresarial de Cerdán. En el registro realizado en la vivienda de Alonso se encontró un documento clave, además de unos 16.000 euros en efectivo. Esta escritura constituye una prueba relevante del posible enriquecimiento de Cerdán a través de contratos públicos, apuntando no solo a un sistema de comisiones, sino también a su implicación directa en los beneficios generados por adjudicaciones presuntamente irregulares.
Pero, Santos Cerdán ya ha definido su hoja de ruta, tal y como ha adelantado THE OBJECTIVE. El ex secretario de Organización del PSOE comparecerá el próximo lunes ante el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente en calidad de imputado. Fuentes cercanas al dirigente socialista aseguran a este periódico que su defensa se centrará en desligarse por completo del documento que lo vincula con Servinabar alegando que ese contrato no tiene validez legal, ya que nunca fue formalizado ante notario.
Contrató a un directivo de PDVSA
Llama la atención que exdirectivos de la petrolera de venezolana PDVSA pasaron de la multinacional chavista a Servinabar, una pequeña empresa de ocho trabajadores ubicada en Navarra. Se trata de Reinaldo Díez Esparza, quien entre 2011 y 2018 estuvo al frente del área de Supervisión y Auditoría Ambiental de la compañía. Tras una breve pausa profesional, en noviembre de 2019 —tan solo dos meses antes del polémico ‘Delcygate’, que involucró al entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos y a la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez— fue contratado por el empresario Joseba Antxon Alonso. Desde entonces, Díez Esparza desempeña el cargo de responsable de Calidad y Medioambiente en Servinabar, la empresa a la que el Ejecutivo foral adjudicó la controvertida obra del túnel de Belate por 86 millones de euros.
Ese mismo año marcó el inicio de la llegada a España de perfiles vinculados al régimen venezolano. La red en torno a Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán habría facilitado el aterrizaje de personas afines a Delcy Rodríguez, quien ya acumulaba sanciones internacionales por vulneraciones a los derechos humanos. En PDVSA, Díez Esparza tenía como misión diseñar y supervisar políticas ambientales que garantizaran el cumplimiento de la legislación vigente. En su nuevo rol en Servinabar, coordina la gestión medioambiental de proyectos de obra civil en varias comunidades autónomas, como La Rioja, Galicia y Navarra.
Su fichaje trae suerte a la empresa con sede en Pamplona, que multiplica sus ingresos en 2020 y 2021, pese a la pandemia. Más tarde, llegarían los 100 millones que obtuvo del Gobierno de Chivite en diferentes UTE con Acciona, regados con una subvención de 40 millones de Puente. Casualmente, cuando ya había conseguido el túnel de Velate, Alonso ficha José A. Lorcas, también proveniente de Venezuela.
La conexión de la trama con Venezuela no es baladí. Víctor de Aldama, el comisionista y hombre de confianza de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, es quien, según fuentes del entramado, ha diseñado la operativa para exportar petróleo venezolano a España con el presunto enriquecimiento de algunos políticos, entre los que se encontraría como beneficiario el propio expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Esta información la guarda bajo llave Aldama en dos sobres, que han sido custodiados por su socio Luis Alberto Escolano y que tienen información confidencial.
Tal y como lleva meses contando THE OBJECTIVE, en el caso Koldo los ingresos ilegales no tienen su origen principal en las comisiones derivadas de contratos de material sanitario durante la pandemia ni en los sobornos asociados a obras públicas. La fuente principal del dinero ilícito está en un entramado de fraude fiscal vinculado al IVA en operaciones de venta de combustible. La Guardia Civil, a través de su Unidad Central Operativa (UCO), investiga una red de dimensiones multimillonarias dedicada a burlar las sanciones impuestas desde 2018 al gobierno de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y la Unión Europea.
Empresarios con conocimiento directo del esquema aseguran que el crudo venezolano llegaba a territorio español de forma encubierta, utilizando la República Dominicana como plataforma de entrada. Allí se refinaba el petróleo —de tipo Merey, caracterizado por su alta densidad y elevado contenido de azufre— con el fin de hacerlo apto para su comercialización y cambiarle la denominación de origen para evitar las sanciones impuesta por Europa a la narcodictadura venezolana. En uno de esos viajes, Aldama habría acompañado al expresidente Zapatero en un vuelo privado al país caribeño.