Zapatero evita querellarse contra Aldama porque hay pruebas de su viaje a Dominicana
El expresidente del Gobierno ha reconocido en privado que el viaje Caracas-Santo Domingo con Víctor de Aldama existió

José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez. | EFE
Las declaraciones de Víctor de Aldama en el programa Horizonte, dirigido por Iker Jiménez, han provocado un auténtico seísmo en el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero. El empresario, al que la Guardia Civil ha descrito como el «nexo corruptor» en una compleja red de intereses políticos y económicos, apuntó directamente al expresidente del Gobierno. Sus palabras no solo dejaron entrever una relación cercana, sino que también insinuaron la existencia de pruebas comprometedoras. Desde que se emitieron aquellas declaraciones, no han sido pocos los allegados a Zapatero que le han sugerido que interponga acciones legales para defender su honor. Sin embargo, según fuentes cercanas al ex jefe del Ejecutivo consultadas por THE OBJECTIVE, su respuesta ha sido clara: no tomará ninguna acción legal porque «sabe que Aldama cuenta con pruebas sobre el viaje que ambos realizaron juntos en jet privado a República Dominicana».
Las declaraciones de Aldama en televisión han sido interpretadas como una amenaza velada, cuidadosamente enmarcada en un relato que apunta a algo más profundo que un simple desencuentro personal. «Esto tampoco lo he dicho nunca, creo que el señor Zapatero sabe de lo que estoy hablando. Que dé explicaciones el señor Zapatero, que también le he escuchado en alguna ocasión hablar de mí en mal tono», afirmó el empresario. Y añadió: «No sé por qué este señor ha hablado mal de mí, porque lo único que he sido yo con él es correcto. Y encima me han pedido que le lleve en mi avión privado de Caracas a Santo Domingo y le he llevado. Entonces, que explique qué hacía conmigo en ese avión». Lejos de desmentirlo, Zapatero ha reconocido en privado que ese vuelo existió. Aunque matiza que la aeronave no pertenecía a De Aldama, evita aportar mayores precisiones. Una respuesta escueta que ha encendido aún más las alarmas.
El petróleo venezolano
Las investigaciones abiertas en el marco del caso Koldo han revelado que el foco del enriquecimiento ilícito no se encontraba únicamente en las comisiones derivadas de los contratos de emergencia firmados durante la pandemia. Tampoco en las adjudicaciones amañadas de obra pública. La clave, tal y como lleva meses denunciando este periódico, estaría en el fraude masivo del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en la compraventa de combustible, así como en operaciones de comercio internacional de crudo venezolano.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sigue el rastro de lo que define como una «trama milmillonaria» que burló las sanciones impuestas desde 2018 por Estados Unidos y la Unión Europea al régimen de Nicolás Maduro. Fuentes empresariales familiarizadas con el esquema aseguran que «el petróleo de Venezuela venía a España» por vías paralelas, con República Dominicana como plataforma intermedia. Fue en ese mismo país donde, según Aldama, él y Zapatero compartieron vuelo y agenda.
Esta triangulación no era casual. La calidad del crudo Merey venezolano, con alto contenido en azufre y elevada densidad, lo hace incompatible con las exigencias medioambientales europeas. La solución pasaba por refinarlo en territorio dominicano antes de su distribución. Pero el uso de República Dominicana no se limitaba a lo técnico: allí operaban también sociedades al portador utilizadas como vehículo para ocultar la identidad de los beneficiarios finales de las operaciones. Dichas sociedades, típicas en jurisdicciones opacas, permiten que las acciones se transfieran sin necesidad de registrar al nuevo titular. Una práctica que, en este contexto, habría servido para encubrir el flujo de fondos procedentes del petróleo y su destino último.
Informes de la UCO
La implicación de figuras clave del PSOE en este entramado va más allá. El último informe remitido por la UCO al Tribunal Supremo recoge indicios de que algunos de los investigados estaban directamente involucrados en la operativa para beneficiarse del crudo venezolano. Uno de ellos es José Luis Ábalos, exministro de Transportes y antiguo secretario de organización del PSOE. Según consta en una conversación intervenida del 9 de abril de 2019, Koldo tienta a Ábalos para que consiga que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hable con el excandidato a la presidencia de Venezuela, Juan Guaidó, el cual está agradecido porque se sentía reconocido por el Ejecutivo. Esto fue, según se desprende de la conversación, fruto de las gestiones realizadas por el propio Ábalos.
En agradecimiento a ello, el opositor venezolano contactó con Víctor Gonzalo de Aldama, al que se referían por su segundo nombre, Gonzalo, para no confundirlo con el primogénito del ministro, Víctor Ábalos, según revelan a THE OBJECTIVE fuentes del entramado. De Aldama sería el intermediario para llevar a cabo el negocio del petróleo venezolano en el que se obtendría el crudo y luego sería tratado por una empresa en Estados Unidos. «Gonzalo me ha dicho que en cuanto firme con la petrolera, la mitad es tuyo al mes», afirma Koldo a Ábalos. El contrato preveía la entrega de un petrolero mensual cargado de crudo bruto, bajo el control de una empresa pública en Estados Unidos manejada por allegados de Guaidó.
La magnitud del negocio queda reflejada en otro pasaje de la conversación: «¿Estamos hablando de 500.000 euros al mes?», pregunta Ábalos. Koldo responde sin rodeos: «Sí, señor. Las empresas petrolíferas funcionan así». La inquietud del entonces ministro se centra en cómo encubrir ese flujo de ingresos. «Me voy a tener que buscar algo, porque, para dibujar ese flujo… tenemos que firmar un contrato, y en este caso con quien tiene que hacerlo es con Víctor», en alusión a su hijo, Víctor Manuel Ábalos Aguado.
La participación de Zapatero
De fondo emerge el nombre de José Luis Rodríguez Zapatero como cerebro de este sistema. Así lo sostienen varias fuentes con conocimiento directo del entramado. Para materializar la operativa habría contado con el concurso de sus «fontaneros»: José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán, el último secretario de organización del PSOE y ya formalmente imputado.
Estas mismas fuentes consideran que Zapatero ha sido «más inteligente que el resto», y ha logrado mantener su implicación a salvo del foco judicial. Aun así, avisan: «Si para proteger a Zapatero hay que sacrificar a Sánchez, lo harán». Una hipótesis que podría explicar el cambio de actitud de algunos antiguos aliados del actual presidente del Gobierno, cuyo respaldo público ha comenzado a resquebrajarse.
La estrategia de Ábalos
Sin embargo, esa estrategia choca con la de Ábalos. De hecho, en su última declaración ante el Tribunal Supremo, el exministro ha señalado directamente a dos hombres próximos a Zapatero: José Blanco, también exministro, y Pedro Saura, que fue su secretario de Estado. Fuentes conocedoras de su estrategia procesal aseguran que Ábalos no tiene intención de comprometer a Pedro Sánchez. Su plan es otro: entregar «la cabeza de Zapatero» a la Fiscalía a cambio de mejorar su situación judicial.
Zapatero, que hasta ahora había logrado mantenerse alejado de los papeles oficiales de la UCO, aparece mencionado en documentos y testimonios clave. Según ha podido confirmar este periódico, Víctor de Aldama guarda en su poder dos sobres que contendrían pruebas documentales de pagos procedentes de PDVSA (la petrolera estatal venezolana) al expresidente. También se incluyen evidencias sobre el origen de los fondos que habrían impulsado la candidatura de Pedro Sánchez a la presidencia de la Internacional Socialista en 2022.
El silencio de Zapatero no es casual. No querellarse contra quien le acusa públicamente de participar en negocios turbios no es una muestra de indiferencia, sino una táctica calculada. Sabe que abrir esa vía judicial implicaría activar pruebas y testigos que hoy, en gran medida, permanecen fuera del sumario oficial. Quienes le conocen bien sostienen que su estrategia pasa por dejar que el ruido mediático se diluya, confiado en que la falta de documentos explícitos que le incriminen directamente le permitirá salir indemne.