La UCO lleva meses investigando al alto cargo destituido por María Jesús Montero

José Antonio Marco Sanjuán guardó silencio una tarde de lunes. Fue entonces, tras una conversación exigente con el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, cuando presentó su dimisión irrevocable como presidente del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), el órgano clave que dirime los recursos fiscales antes de que lleguen a los tribunales. Su cese fue oficializado al día siguiente por el Consejo de Ministros, sin aspavientos, casi como si se tratara de una formalidad. Pero detrás de su salida hay algo más que una dimisión política: hay meses de investigaciones discretas llevadas a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Según ha podido saber THE OBJECTIVE de fuentes de la investigación, los agentes llevan tiempo rastreando el patrimonio de Marco Sanjuán tras detectar importantes irregularidades. La alarma saltó con fuerza tras la publicación de una serie de reportajes en El Debate, que desvelaron que el alto cargo habría cobrado más de 100.000 euros en metálico —guardados en sobres— a cambio de archivar pleitos fiscales millonarios.

El testimonio clave que ha puesto nombre, fechas y lugares a estas prácticas es el de un empresario, cuya identidad permanece protegida por razones de seguridad. Según su versión, entregó en mano al entonces presidente del TEAC más de 100.000 euros en efectivo. «Le he dado ciento y pico mil euros», confesó sin rodeos a El Debate. Las entregas se producían en la cafetería de un hotel próximo a la sede del tribunal, en la calle Panamá de Madrid.

Un lugar discreto, sin cámaras visibles, lo suficientemente anodino como para pasar desapercibido, pero suficientemente cerca como para evitar sospechas. A cambio, Marco Sanjuán resolvía a su favor complejas reclamaciones fiscales que el empresario había presentado contra la Agencia Tributaria. Es decir, dictaba resoluciones favorables que libraban de pagos millonarios al contribuyente, mientras él —según este relato— se enriquecía en la sombra.

Sin embargo, los indicios no se limitan a su etapa más reciente en el TEAC, al que llegó desde el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León, donde ejerció durante una década. En ese periodo, según las pesquisas, también habría favorecido a determinadas empresas mediante resoluciones que anulaban sanciones o permitían eludir el pago de impuestos. Entre los beneficiarios aparecen nombres como Discomtes Valladolid SL, que consiguió la anulación de una multa aduanera de 64.000 euros, y Refinería Olmedo SA, vinculada al grupo azucarero Acor, que ganó un contencioso de 1,2 millones de euros frente a Hacienda.

Según esas mismas fuentes, los pagos no siempre eran directos. En algunas ocasiones, el dinero se canalizaba a través de personas del entorno de Marco Sanjuán. Dos de ellos, Enrique Lahuerta Tornos y Gonzalo Perdrix Ecequiel, habrían actuado como presuntos testaferros en algunas de las operaciones. Este extremo está siendo analizado por los investigadores.

El empresario denunciante, a pesar de ser pieza esencial del caso, no ha acudido ni a la Policía ni a la Guardia Civil para formalizar una denuncia. Según ha podido saber este periódico, no lo hizo por miedo, pero también porque es consciente de que él mismo podría ser considerado coautor de un delito de cohecho, tipificado en el artículo 424 del Código Penal. Este castiga al particular que entrega dádivas o retribuciones a funcionarios públicos a cambio de actos contrarios a sus deberes. No obstante, su testimonio ha sido calificado como «positivo y adicional» por los agentes, que ya habían iniciado la investigación por su cuenta tras detectar inconsistencias patrimoniales en el alto cargo.

El caso ha llegado también a la Fiscalía Anticorrupción, después de que el sindicato Manos Limpias, dirigido por Miguel Bernad, presentara una denuncia por presuntos delitos de prevaricación, malversación, cohecho y tráfico de influencias, entre otros. El Ministerio Público ha abierto diligencias y se mantiene a la espera del informe definitivo que la UCO lleva elaborando desde hace meses. El futuro judicial de Marco Sanjuán pende ahora de ese documento. En paralelo, su lugar al frente del TEAC ya ha sido ocupado por José Ignacio Ruiz Toledano, inspector de Hacienda y hasta ahora vocal del propio tribunal. Un relevo discreto, sin rueda de prensa ni declaraciones oficiales, que intenta poner fin al episodio sin agitar demasiado las aguas de un ministerio especialmente sensible como es el de Hacienda.