Amedo pedirá al Constitucional que también se le aplique la amnistía por los GAL

José Amedo, expolicía nacional condenado por su implicación en la guerra sucia contra ETA a través de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), planteará finalmente un recurso ante el Tribunal Constitucional para que le sea aplicada la Ley de Amnistía recientemente avalada por el alto tribunal, según ha podido saber THE OBJECTIVE. El argumento principal del recurso que prepara gira en torno al principio de igualdad y no discriminación: si se amnistía a responsables de delitos graves relacionados con el procés –incluyendo malversación, desobediencia e incluso actos con violencia o intimidación bajo ciertos criterios–, defenderá que esos efectos también pueden extenderse a otros casos de violencia política del pasado.

Amedo esgrimirá que su condena, que ascendió a casi 120 años por terrorismo de Estado, secuestro y malversación, ya fue confirmada por el Supremo y el Constitucional. Ahora, sostiene, no puede existir una interpretación que le niegue un tratamiento comparable al de otros condenados por delitos relacionados con el procés catalán y que sí están amparados por la Ley Orgánica 1/2024, firmada el 11 de junio, que puso fin a la responsabilidad penal y administrativa derivada de los hechos vinculados al independentismo hasta noviembre de 2023.

No obstante, fuentes judiciales del Tribunal Constitucional consultadas por este periódico descartan que este tipo de interpretación tenga recorrido. «Los GAL no tienen cabida en la amnistía, puesto que esta está acotada a un marco temporal y a unos hechos muy concretos», subrayan. La norma fue diseñada para aplicar un perdón jurídico exclusivamente a los delitos cometidos en el marco del desafío secesionista catalán, con una delimitación cronológica que va desde el 1 de noviembre de 2011 hasta el 13 de noviembre de 2023. Por tanto, los GAL, siendo delitos cometidos en los años 80 bajo una lógica distinta y fuera de dicho marco temporal, quedan al margen.

Sentencia del Constitucional

El Tribunal Constitucional avaló la Ley de Amnistía el pasado 26 de junio de 2025, después de semanas de deliberación interna que evidenciaron profundas tensiones entre los sectores progubernamental y conservador del tribunal. Con seis votos a favor y cuatro en contra, la mayoría propuesta por el PSOE, encabezada por el presidente Cándido Conde-Pumpido, validó la norma aprobada por el Parlamento, como era lo previsible, aunque introdujo algunos retoques técnicos sin gran transcendencia.  

Se trata del límite temporal que preveía inicialmente la ley de la amnistía, entre el 1 de noviembre de 2011 y el 13 de noviembre de 2023, en los que se incluían actos «cuya ejecución finalizase con posterioridad a esa fecha». La sentencia declara inconstitucional ese punto y, por tanto «nulo al otorgar un efecto pro-futuro a la amnistía que carece de justificación objetiva y razonable y que resulta, por ello, discriminatorio». Los hechos amnistiables, por tanto, se limitan al 13 de noviembre de 2023.

Recurso ante el Constitucional

Amedo fue condenado en los años 90 junto a Michel Domínguez por su participación en los secuestros de Segundo Marey y de ciudadanos presuntamente vinculados a ETA en el sur de Francia. El caso GAL supuso una de las crisis institucionales más severas de la democracia española, al implicar a miembros del aparato de seguridad del Estado y alcanzar incluso a altos cargos del Gobierno de Felipe González. Amedo, que se encuentra en libertad tras cumplir las penas en su totalidad (según los máximos legales), ha defendido públicamente su actuación como parte de una estrategia de «guerra sucia» contra el terrorismo.

Con esta iniciativa ante el Constitucional, Amedo pretende reabrir un episodio judicial cerrado hace décadas, amparándose en la lógica extensiva de la amnistía. Su defensa sostiene que, si se puede amnistiar a quienes atentaron contra el orden constitucional mediante referendos ilegales y desobediencia institucional, también podría contemplarse el perdón para quienes –según él– actuaron bajo órdenes del Estado en un contexto igualmente político amparándose en el principio de igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución.