La principal empresa del 'caso hidrocarburos' blanqueó capitales con inmuebles y vehículos

Hafesa, empresa acusada de un supuesto fraude de más de 154 millones de euros del IVA de hidrocarburos y cuyo presidente y principal acusado, Alejandro Hamlyn –el empresario que se reunió por videollamada con Leire Díez, Javier Pérez Dolset y Jacobo Teijelo; se encuentra en busca y captura, blanqueaba fondos con la compra de inmuebles y coches de lujo, como seis Porsches y un Bentley.

Así lo ha explicado este miércoles uno de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que ha declarado como testigo perito en el juicio que se sigue en la sede que la Audiencia Nacional tiene en San Fernando de Henares (Madrid).

Según el atestado de la UCO, varias de estas sociedades -Vifesa y León Intermediación, entre otras-, no estaban directamente vinculadas a la actividad de Hafesa, pero recibían fondos procedentes de las operadoras que presentan fraudes del IVA.

Algunas de ellas, ha relatado el agente, adquirieron con los fondos recibidos bienes inmuebles, vehículos de alta gama -seis Porsches; tres Mercedes; un Bentley y un Tesla, entre otros- y una embarcación, de los que disfrutaban Hamlyn y otros acusados. Todo ello, ha señalado el guardia civil a preguntas de la Fiscalía, describe una operativa “aparejada a un delito de blanqueo de capitales».

Hamlyn adquirió notoriedad tras difundirse la grabación de una conversación de varias personas, entre ellas de él y la militante socialista Leire Díez, quien supuestamente le instaba a que le diera información comprometedora sobre mandos de la UCO.

En su escrito de acusación, la Fiscalía sostiene que los acusados quisieron enriquecerse al evitar, de forma intencionada, el ingreso del IVA generado en la comercialización de hidrocarburos durante los ejercicios 2016 a 2019, cuotas que suman 154,7 millones de euros, por lo que le atribuye los delitos de pertenencia a organización criminal, contra Hacienda y blanqueo.

Entre los acusados, quince personas físicas y una veintena de sociedades, figura el que fuera director general de la mercantil, José Norberto Uzal, para el que la Fiscalía pide, al igual que para Hamlyn, penas que superan los 50 años de cárcel y multas millonarias.