El empresario clave de la trama admite que pidió reunirse con Cerdán pero niega las mordidas

Los tres empresarios relacionados con la trama por la que se investiga a José Luis Ábalos han negado este viernes en el Tribunal Supremo que pagaran mordidas a cambio de adjudicaciones públicas. El primero en comparecer ha sido José Ruz, de Levantina Ingeniería y Construcción (LIC). El valenciano ha admitido que pidió reunirse con Santos Cerdán para hablarle bien de su compañía porque siempre quedaba en último lugar en las adjudicaciones, han explicado a THE OBJECTIVE fuentes presentes en el interrogatorio. También han declarado Antonio y Daniel Fernández Menéndez, de Obras Públicas y Regadíos (OPR).

El juez Leopoldo Puente ha decretado medidas cautelares para los empresarios, como han solicitado la Fiscalía y las acusaciones populares. En el caso de Ruz, se ha acordado la retirada de pasaporte y comparecencias quincenales en los juzgados. Para los hermanos Fernández Menéndez solo la última medida. El magistrado considera que «habrían podido intervenir en la indebida adjudicación» de obras públicas a favor de sus respectivas empresas a través de mordidas.

Ruz ha señalado que posee el 20% de LIC, la firma que obtuvo 128 millones de euros en contrataciones públicas de la Dirección General de Carreteras mientras Ábalos era ministro de Transportes. El empresario valenciano ha reconocido que pidió hablar con «el navarro», al que identifica con Cerdán, porque era «la última persona con la que le faltaba hablar», tras intentarlo con Isabel Pardo de Vera y Javier Herrero, director de Carreteras. Su intención era contrarrestar que se hablara mal de su compañía: «Quería dejar de ser el último en las adjudicaciones».

«La ganadería»

El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sacó a la luz un mensaje de Ruz en el que aseguraba que dejar a Ábalos «fuera de baile» (de las adjudicaciones de obra pública) no sería conveniente para el PSOE. El empresario pidió a Koldo García que le consiguiera una reunión con Cerdán porque había habido «heridos inocentes» por el camino, en alusión a la defenestración del exministro.

Los investigadores apuntan que Ruz utilizaba el término ganadería para referirse a partidos políticos «y en este caso al PSOE», un escenario que ha admitido este viernes durante su declaración. El empresario ha respondido las preguntas de su abogado, el fiscal y el juez, pero no a las acusaciones populares, ejercida por el PP. Ha reconocido que mantuvo contacto con Koldo García, con el que se habría reunido entre 12 y 15 ocasiones en el Ministerio de Transportes. Ha negado de forma tajante haber pagado mordidas, aunque ha admitido que contrató al hermano del asesor ministerial, Joseba García, como vigilante nocturno.

Ruz ha explicado que aunque usara el término «jefe» en sus conversaciones con Koldo García, no se corresponde con ninguna trama, sino que se trata de una muletilla. Ha señalado que si tenía un teléfono desechable era porque el asesor de Ábalos le pidió usarlo para pedirle trabajo para personas del partido. Los hermanos Fernández Menéndez, que han respondido a todas las partes menos a la acusación popular, también han negado haber pagado mordidas, pero ha reconocido que contrataron durante unos meses a Patricia Úriz, la pareja de Koldo García.

Los empresarios que han declarado este viernes están bajo sospecha por haberse beneficiado de un puñado de obras públicas a cambio de mordidas. La empresa de Ruz cuenta con delegaciones en Argelia, Panamá y Armenia. En este último país logró en 2022 un contrato de 65 millones de euros aliándose con OPR. Los hermanos Fernández Menéndez son cuñados de Fernando Merino, el directivo de Acciona que conoció Cerdán en Navarra hace más de una década.

Pagos a Koldo García

Tanto Ruz como los hermanos Fernández Menéndez han negado que pagasen una asignación mensual a Koldo García. Los investigadores revelan que el asesor recibió contraprestaciones por valor de 3.900 euros al mes desde finales de 2022 a junio del año siguiente. De LIC habría percibió 2.600 euros mensuales netos entre diciembre de 2022 y junio del año siguiente. Sin embargo, a Ábalos le aseguró que solo le llegaban 1.100 y que le entregaba 700. También habría recibido otros 1.300 euros de OPR desde septiembre de 2022 a junio del año siguiente por la contratación de Úriz.

Un empresario explicó en exclusiva a este diario que la trama cobraba comisiones ilegales de entre el 15 y el 20% a cambio de la adjudicación de obra pública y otro tipo de contratos relacionados con el Gobierno. «Había un grupo de gente encargada de acelerar todos los proyectos en relación con la Administración. Este grupo de gente estaba formado por un líder,  José Ruz, Koldo García, José Luis Ábalos, Víctor de Aldama e Israel Pilar».

Puente señala a Ruz como «un elemento común a los principales investigados». La UCO sitúa el primer contacto entre el empresario y el asesor por un email que envió el primero el 19 de marzo de 2019 para presentarse como «dueño de una empresa constructora de Valencia» y pedirle «una pequeña reunión» que habría tenido lugar apenas ocho días más tarde. Desde el principio mostró a Koldo García plena disposición, con un «claro interés» en «mantener una estrecha relación».

La UCO relata que, con el tiempo, «el contacto entre ambos fue adquiriendo fluidez», hasta el punto de que Koldo García pidió al dueño de LIC que «no le dijera a nadie que habían hablado, con el fin de ocultar su estrecha relación a terceros». Unas conversaciones que también trataban de ocultar a Aldama, cuyo peso fue menguando.

El propio empresario reconoció en febrero en el Supremo sus vínculos con Aldama, al que pedía favores para «fomentar los negocios de LIC». Entonces negó cualquier implicación en irregularidades, aunque admitió que recurrió a los miembros de la trama para recuperar el dinero de una deuda. Lo ha vuelto a hacer este viernes. Se trataría de la que mantenía Argelia, que superaba los 11 millones de euros. Como ha avanzado este diario, cobró cinco tras regresar del viaje oficial en el que le incluyó Pedro Sánchez en octubre 2020.

En el caso de OPR, los investigadores detectan tres expedientes con los que se les podría haber tratado de beneficiar de forma irregular. Se trata de obras en Asturias, Monforte de Lemos (Lugo) y Úbeda (Jaén) por 7,3 millones de euros. «Parece que hemos hecho bingo en la obra de Asturias», aseguró Herrero a Koldo García. Los investigadores recogen mensajes en los que OPR se queja al asesor de Ábalos de que habían quedado en los últimos puestos de algunas licitaciones.

«Si hace falta cojo el coche, voy donde haga falta, ya a nivel personal», afirmó Antonio Fernández Menéndez en 2019. El empresario, que ejerció como coordinador de la Delegación del Gobierno en Andalucía, ha reconocido que se reunió en una ocasión con Pardo de Vera, aunque la expresidenta de ADIF les dejó a solas con los técnicos tras presentarse. Los investigadores sostienen que los empresarios mantuvieron el contacto con Koldo García cuando este abandonó Transportes. Entre otras cosas, «para conocer los nuevos puestos de responsabilidad tras las diferentes reestructuraciones». Uno de ellos, Daniel, calificó de «putada» que Herrero no continuara en el cargo con Óscar Puente.