La juez que cerca a un alto cargo de Bolaños valora que la UCO registre Justicia
La acusación pide acceder a los servidores del Ministerio para saber quién manipuló la declaración judicial de un menor
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el investigado Aitor Cubo. | Ilustración de Alejandra Svriz
Nuevo frente contra Félix Bolaños. La juez Susana Trujillano valora que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acuda al Ministerio de Justicia para obtener una copia original de la declaración judicial de un menor que fue manipulada. El padre del niño, que entonces tenía 12 años, ha solicitado la entrada y registro en tres sedes gubernamentales, donde se encuentran los servidores que custodian las grabaciones de juicios y vistas de competencia estatal, para saber quién y cómo manipuló el audio. La titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid investiga a su responsable, el director general de Transformación Digital, Aitor Cubo, por falsificación de documentos públicos.
Trujillano abrió una investigación hace año y medio por un delito de falsificación de documentos públicos tras la presunta manipulación de la grabación de un niño que declaró ante un juez de Valladolid en marzo de 2022. También se habrían modificado resoluciones judiciales. La magistrada decidió citar como investigado a Cubo al considerar que los hechos ocurrieron en la sede ministerial, ubicada en la capital. El subordinado de la número tres de Justicia, Sofía Puente, y persona de máxima confianza de Bolaños, debió declarar en octubre, pero pidió la suspensión. Lo hizo finalmente el pasado 27 de mayo.
Una semana antes de su declaración, la acusación solicitó una serie de diligencias. El escrito al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE pide que se acuerde la entrada y registro de la UCO en el Ministerio de Justicia para hacer «una copia íntegra» de la grabación y de las resoluciones que se encuentran en los servidores. También reclama obtener «una copia exacta de sus logs y códigos hash». Las actuaciones se realizarían en tres sedes del departamento de Bolaños: la calle de Ocaña, la calle de la Bolsa y la calle de San Bernardo.
Un subordinado de Bolaños
La acusación también pide que los agentes recaben copia de los planos y documentos que «describen la arquitectura de los sistemas implantados en la Dirección General de Transformación Digital, donde se encuentran instalados los servidores antes referidos y copia de los protocolos y procesos internos que permitan conocer e identificar los roles y cargos de los encargados y responsables de la gestión y administración de los sistemas y servidores donde se alojan y custodian la grabación y las resoluciones».
Una vez que la UCO obtenga el material, la acusación demanda que se elabore un dictamen pericial «sobre los medios utilizados y posibles autores y cómplices de la manipulación de la grabación y las resoluciones». El padre del menor solicitó el secreto de las actuaciones relacionadas con la entrada y registro de la UCO en el departamento que dirige Bolaños. Sin embargo, la magistrada dictó una resolución el 28 de mayo, un día después de la declaración de Cubo, para darle traslado a la fiscal y a la defensa, que ejerce la Abogacía del Estado. La acusación se ha quejado por «un trato de favor» hacia el investigado.
La intención de Trujillano era cerrar apresuradamente la investigación, pero la Audiencia de Madrid le obligó a ampliar su alcance. El órgano provincial le exigió investigar cómo se puedo «manipular» el audio, pero también otras resoluciones, pruebas y firmas en los servidores del departamento que dirige Bolaños, tal y como acreditan dos informes periciales que obran en los autos.
El Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid investiga un posible delito de falsificación de documentos públicos por la presunta manipulación de la grabación de un niño que declaró ante un juez de Valladolid en un proceso de custodia de menores en marzo de 2022. En el procedimiento de divorcio también participó el marido de Sofía Puente, el fiscal Manuel Javato. El menor compareció ante el Juzgado de Violencia de la Mujer número 1 de Valladolid, del que entonces era titular Emilio Vega.
Desaparece la prueba
El magistrado solicitó a los presentes, excepto a un funcionario cuyo nombre no aparece identificado en los documentos, que abandonaran la sala. La grabación de la sesión está en perfecto estado, excepto la parte que corresponde al niño. El audio fue alterado con un «ruido rosa». «La posibilidad de que este ruido rosa identificado hubiera estado presente de forma natural en el entorno es prácticamente nula, especialmente en una potencia tan grande como se puede denotar en el audio analizado», señala un informe pericial realizado por el Laboratorio de Informática Forense Europeo (LIFE) a petición de la acusación.
La web del departamento de Bolaños señala que a la Dirección General de Transformación Digital, cuyo responsable es Cubo, corresponde la definición funcional, diseño, desarrollo y mantenimiento y su puesta a disposición a los tribunales, juzgados y fiscalías de los sistemas y aplicaciones informáticas utilizadas en la Administración de Justicia. Entre sus funciones se encuentran la grabación de las vistas judiciales y su almacenamiento y conservación, así como de asegurar que se mantengan en óptimas condiciones para ser visualizadas y escuchadas.
La grabación de la vista desapareció del juzgado. Manos Limpias denunció a mediados de enero su «robo» ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La fiscal del caso que investiga al subordinado de Bolaños solicitó que el padre del menor aportara de nuevo la prueba, algo que rechazó para no intervenir en la cadena de custodia. La Guardia Civil volvió a aportar el dispositivo el pasado 30 de enero. La asociación de Miguel Bernad presentó una denuncia contra la letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid tras la recomendación del órgano de gobierno de los jueces.