La UE amenaza con dar la estocada a Puigdemont por la malversación del 'procés'

Primera piedra de toque para la ley de amnistía y Carles Puigdemont en Europa. El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) celebra este martes una vista que marcará el futuro de la norma y de los dirigentes del procés que, como el expresident, están acusados de malversar fondos públicos. El órgano comunitario discutirá la primera de las cuatro cuestiones prejudiciales que se han planteado. El Tribunal de Cuentas (TCu) activó este mecanismo en septiembre a petición de Sociedad Civil Catalana, que considera que el presunto desvío de fondos para organizar el 1-O afecta a los intereses financieros de la UE.

El TCu planteó ocho preguntas relacionadas con las responsabilidades contables de los líderes del procés. El TJUE tendrá que dirimir otras tres cuestiones prejudiciales. La Audiencia Nacional elevó una por el caso de los CDR acusados de terrorismo, mientras que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) preguntó si varios ex altos cargos de la Generalitat de Cataluña habían cometido malversación. Un juzgado de Villanueva y Geltrú​​ también planteó este mecanismo al considerar que la aprobación de la norma pudo responder a un pacto para investir a Pedro Sánchez.

La vista de este martes se dividirá en tres bloques. En el primero, el TJUE preguntará distintas cuestiones sobre la ley de amnistía a las partes, entre ellas los abogados que representan a Sociedad Civil Catalana, Juan Chapapría y Mario de Diego. A continuación, se abordará el material remitido por el TCu y, por último, se realizará una defensa oral. Los letrados buscan acreditar que la norma que perdona las responsabilidades del procés es contraria al derecho comunitario: «Más que una amnistía es una autoamnistía».

La aplicación de la amnistía

La decisión del TJUE afecta a las 35 personas que están encausadas en un procedimiento ante el TCu que busca recuperar el dinero utilizado para financiar el procés. Sociedad Civil Catalana reclamó en febrero de 2022 el reintegro de 5,3 millones de euros. La Fiscalía rebajó la cifra a 3,1 millones, aunque inicialmente llegó a demandar 9,5 millones. En cualquier caso, la cantidad deberían pagarla de forma conjunta y solidaria los procesados, entre los que se encuentra Puigdemont. Una resolución desfavorable del tribunal comunitario supondría una estocada definitiva a sus planes de volver a España.

Mientras el TJUE aborde el asunto, se mantiene en suspenso la aplicación de tales supuestos de la ley de amnistía. Los tiempos de la resolución son una incógnita. El informe de la Abogacía General, que no es vinculante, se espera a finales de agosto y la sentencia, para noviembre. Chapapría explica a THE OBJECTIVE que tiene la corazonada de que el tribunal va a concluir que la norma no tiene encaje en el derecho de la UE «porque abre el debate al resto de Estados». El prestigioso penalista de Chapapría-Navarro & Asociados considera que la norma no encaja porque no ha existido un conflicto armado: «La ley se hizo por necesidad política».

PSOE y Junts suscribieron en noviembre de 2023 un acuerdo que allanaba la investidura. Los socialistas se comprometían a desarrollar una norma para perdonar a los independentistas por las acciones del procés, mientras que los neoconvergentes prestaban sus siete votos en el Congreso a Sánchez para que siguiera liderando el Gobierno. Lo que parecía un pacto sin fisuras ha soliviantado a Puigdemont, que sigue sin poder beneficiarse de la ley de amnistía un año después de su entrada en vigor.

«Esta vista determinará si la ley de amnistía mantiene todos sus efectos o decae», subraya Chapapría. El primer caso abriría la puerta al regreso de Puigdemont, aunque el abogado es optimista y descarta que el TJUE avale la malversación de fondos públicos porque afecta directamente a los intereses financieros de la UE. Una vez que se pronuncie la Justicia comunitaria, España está obligada a cumplir la resolución. Si no lo hace, existen procedimientos sancionadores, como multas económicas o retira de ayudas.

Aval del Constitucional

El reciente Informe sobre el Estado de Derecho en España en 2025 alerta del «alto riesgo de corrupción» en la contratación pública y financiación de partidos. El documento de la Comisión Europea tira de las orejas a nuestro país por no haber atendido a las recomendaciones del TCu. También avisa de que quedan pendientes medidas de calado, como la elección de vocales del turno judicial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la independencia del fiscal general. Sin embargo, evita posicionarse sobre la ley de amnistía al ser objeto del TJUE.

El Congreso dio luz verde a la ley de amnistía el 30 de mayo del año pasado tras un tortuoso recorrido en el Senado, donde la mayoría absoluta del PP trató de retrasar su aprobación. La norma entró en vigor el 11 de junio. Los tribunales españoles comenzaron a aplicarla, aunque aquellos dirigentes acusados de malversación, como Puigdemont, aún no han podido beneficiarse. Si el TJUE considera que la norma no encaja en el derecho de la UE, dejaría sin efecto el reciente aval del Tribunal Constitucional.

La corte de garantías avaló hace tres semanas la ley de amnistía en respuesta a un recurso del PP. Sin embargo, no abordó la malversación porque las alegaciones de los populares no la mencionaban. La sentencia deja en el limbo a Puigdemont, prófugo de la Justicia española desde hace ocho años, y a Oriol Junqueras, acusados de malversación. El presidente Cándido Conde-Pumpido se empeñó en emitir el fallo antes de que se pronunciara el TJUE, pese a que varios magistrados le instaron a plantear una cuestión prejudicial, el mecanismo con el que un tribunal nacional puede suspender una causa hasta que las autoridades comunitarias se manifiesten.

La decisión atañe al futuro de Puigdemont, pendiente de ella para regresar a España sin ser arrestado. El TCu fue la primera institución en elevar una cuestión prejudicial. Lo hizo el mismo día en que entró en vigor la normal. La consejera Elena Hernáez, encargada del supuesto desvío de fondos para el referéndum ilegal del 1-O, pidió a las partes que se pronunciaran sobre el asunto. La fiscalía y la defensa de los encausados se opusieron, pero Sociedad Civil Catalana se posicionó a favor de preguntar a las instituciones comunitarias y mantuvo viva la causa de la malversación.