El Supremo destroza el relato de 'lawfare' del Gobierno

Félix Bolaños sale reforzado en su cuita contra el juez Juan Carlos Peinado. La negativa del Tribunal Supremo a investigarle por el caso Begoña Gómez ha hecho que pase al ataque. «El tiempo siempre pone todo y a todos en su sitio», escribió el ministro de Justicia en su perfil de X. Pero la decisión también desmonta el relato de lawfare del Gobierno, cercado por diferentes causas judiciales. Entre los magistrados que rechazaron investigar al dirigente socialista por delitos de malversación y falso testimonio se encuentran el instructor del procés, Pablo Llarena; el juez que investiga al fiscal general, Ángel Hurtado; y el que instruye el caso Koldo, Leopoldo Puente.

El Supremo archivó el pasado martes la petición que Peinado remitió el pasado 3 de julio para investigar a Bolaños por la contratación de Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez en Moncloa, cuando era secretario general de la Presidencia en 2018. Los magistrados rechazaron imputar al ministro de Justicia al considerar que existía «una absoluta ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado o dotado de mínima verosimilitud» sobre su participación en los hechos.

«No se advierte en la exposición razonada una imputación de delito suficiente individualizada, ni se expresa con un mínimo respaldo indiciario que permita acordar la incoación de causa penal», recalca el auto al que tuvo acceso THE OBJECTIVE. Tras conocer la noticia, Bolaños escribió en sus redes sociales que «el tiempo pone todo y a todos en su sitio», en clara alusión al juez Peinado. Los penalistas consultados por este diario sostienen que el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid se «precipitó».

Bolaños saca pecho

Un día más tarde, este miércoles en Barcelona, convocó a la prensa para volver a sacar pecho con la decisión del Supremo. Aseguró que «nunca nada dio tanto» y que la causa «se irá apagando poco a poco». El ministro de Justicia insistió en que confía «plenamente» en la justicia y «en el sistema de garantías y recursos que tenemos». Pero no siempre fue así, ya que varios ministros pusieron en solfa decisiones judiciales en las que, curiosamente, participaron algunos de los jueces que ahora libran de la imputación a Bolaños.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, señaló a los jueces el pasado agosto al considerar que «los tribunales no pueden extralimitarse en su interpretación de la amnistía». Criticaba así la decisión de los magistrados del Supremo, que rechazaron amnistiar los delitos de malversación. La postura complicaba el futuro de la ley, en vigor desde el 11 de junio del año pasado. El dirigente socialista les reprochó sus «valoraciones políticas» en una entrevista en RNE y anticipó que las discrepancias con el Gobierno las acabaría resolviendo el Tribunal Constitucional, como sucedió el 26 de junio.

Entre los perjudicados por ese posicionamiento se encontraba Carles Puigdemont, cuya fuga una semana antes también sirvió para señalar a los magistrados. Especialmente a Llarena, que mantiene activa la orden de detención nacional contra el expresidente catalán. Lejos de desacreditar las palabras de Puente, el ministro de Justicia insistió en los ataques a los jueces, aunque rebajó el tono.

«En su día ya mostramos nuestra discrepancia con los argumentos jurídicos y con las valoraciones políticas que hacía el Tribunal Supremo», aseguró Bolaños. A continuación, instó a que la sala de apelaciones del Alto Tribunal se pronuncie sobre los «potentes» argumentos jurídicos que propone la ley de amnistía. Los jueces consideran que esas declaraciones esconden el relato del lawfare que lanzaron desde la tribuna del Congreso los diputados independentistas al inicio de esta legislatura.

Ataques a Hurtado

El Gobierno volvió a agitar la sospecha de lawfare el pasado 9 de junio, cuando Hurtado procesó al fiscal general, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos. La ministra Pilar Alegría aseguró que «es evidente que hay algunos jueces que están haciendo cosas difíciles de entender». El magistrado participó semanas más tarde en el auto que libra a Bolaños de la imputación que solicitaba Peinado. El Ejecutivo también niega que Moncloa diera instrucciones al jefe del Ministerio Público para filtrar documentación de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya emitió una declaración institucional en enero del año pasado expresando su «rotundo rechazo» a las críticas de la entonces vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, que consideró que la forma de proceder del juez Manuel García-Castellón, instructor del caso Tsunami (finalmente archivado por un error procesal) era «contraria» al «deber de respeto a la independencia judicial». El órgano de gobierno de los jueces también tuvo que salir al paso de los ataques de los líderes nacionalistas en varias ocasiones.