La UCO sigue el rastro de la trama Koldo en Armenia, Senegal, Túnez y Dominicana
El objetivo es aclarar el destino de los fondos obtenidos mediante las adjudicaciones fraudulentas de contratos públicos
José Luis Ábalos y Santos Cerdán. | Alejandra Svriz
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha extendido su investigación internacional sobre la trama Koldo, el entramado de corrupción que salpica a exdirigentes del PSOE, a países como Armenia, Senegal, Túnez y República Dominicana. Esta expansión en la investigación ha sido confirmada por fuentes judiciales a THE OBJECTIVE y busca aclarar el destino de los fondos obtenidos mediante supuestas adjudicaciones irregulares de contratos públicos.
Uno de los principales implicados en la trama, Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, permanece en prisión provisional por orden del juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente. Las pesquisas también afectan al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su antiguo asesor Koldo García, que formaban parte del núcleo de la red corrupta.
La tarea de la UCO es monumental: rastrear el movimiento de capitales desde enero de 2014 hasta la actualidad, lo que implica el análisis de 479 cuentas bancarias pertenecientes a 35 entidades, muchas de ellas con ramificaciones internacionales. Ocho de estas entidades tienen sede en Europa, incluyendo bancos como BNP Paribas (Portugal), Deutsche Bank y Commerzbank (Alemania), Société Générale y Crédit Agricole (Francia), ING (Holanda), HSBC (Francia) e Intesa Sanpaolo (Italia). Otras tres entidades están en América: JP Morgan (EEUU), Banco do Brasil y Pichincha (Ecuador). También se encuentra involucrado el Bank of Africa, cuya sede está en Marruecos y mantiene estrechos vínculos con el entorno del rey Mohamed VI.
Armenia, un punto de mira
Armenia ha emergido como un nuevo centro de atención para los investigadores. Allí operaba Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC), la empresa de Pepe Ruz, el constructor más beneficiado por el Ministerio de Transportes y uno de los personajes clave en la red. Según fuentes de la investigación, Ruz podría haber ocultado parte de los fondos procedentes de adjudicaciones públicas a través de empresas pantalla radicadas en ese país. En 2022, LIC consiguió un contrato por valor de 65 millones de euros en colaboración con OPR, otra empresa bajo sospecha, dirigida por los hermanos Fernández Menéndez, cuñados de Fernando Merino, directivo de Acciona y viejo conocido de Cerdán en Navarra.
El rastro del dinero también ha llevado a los agentes hasta Senegal, donde LIC tiene una filial en la capital, Dakar. Se trata de una sociedad opaca que, según fuentes consultadas, pudo haber sido empleada para desviar fondos de origen ilícito. La estructura de estas empresas apunta a un diseño pensado para dificultar la trazabilidad del dinero, favoreciendo así el blanqueo a través de paraísos fiscales o jurisdicciones con escasa cooperación judicial. Aunque todavía no se ha detallado el papel concreto de Túnez en la operación, fuentes próximas a la causa indican que se están examinando transferencias y posibles sociedades instrumentales vinculadas a la trama en este país norteafricano. La presencia de movimientos financieros sospechosos hacia esta región refuerza la hipótesis de que la red operaba con una clara intención transnacional, buscando destinos en los que el control financiero y judicial sea más laxo.
Entregas en República Dominicana
La investigación más avanzada es la que se lleva a cabo en República Dominicana. Entre marzo de 2021 y agosto de 2022, se constituyeron al menos 14 sociedades en este país, la mayoría de ellas a nombre de testaferros. Estas empresas estaban dedicadas a actividades vinculadas con la distribución de fármacos, material sanitario, pruebas médicas, construcción y sector inmobiliario. El perfil de estas sociedades sugiere que fueron creadas con la finalidad de canalizar y blanquear las comisiones obtenidas mediante contratos públicos adjudicados durante la pandemia.
Según la declaración del empresario Víctor de Aldama ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, República Dominicana era el destino final de parte del dinero ilícito. Aldama apuntó directamente al exministro Ábalos, a quien acusó de haber sido el principal beneficiario de las mordidas. Aseguró que el exministro guarda una fortuna en ese país caribeño, al que los investigados viajaban con frecuencia para disfrutar de hoteles de lujo y operar con libertad financiera. De hecho, los registros de vuelos oficiales revelan que desde marzo de 2021 los aviones Falcon del Gobierno hicieron hasta 118 escalas en República Dominicana, un dato que ha llamado poderosamente la atención de los investigadores.
Dos testigos, Aranzazu Granell y Javier Serrano, han confirmado ante el Tribunal Supremo haber realizado pagos en efectivo a Joseba García, hermano de Koldo García. Según sus declaraciones, en dos viajes realizados por Joseba a República Dominicana en 2021 (entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre, y del 13 al 16 de diciembre), le entregaron en total 20.000 euros en metálico. Estos testimonios han reforzado las sospechas de la UCO sobre la existencia de una red estructurada para mover fondos en efectivo fuera del circuito bancario tradicional, evitando así controles y rastros documentales.