La SEPI obligó a Correos Cargo a contratar a Globalia para «darle trabajo» tras el rescate

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) impuso a la empresa pública Correos y Telégrafos la contratación de Iberojet, Ávoris Corporación Empresarial, apenas cuatro meses después del rescate de Air Europa, para la adjudicación de Correos Cargo, la aerolínea de paquetería de la empresa pública. Según ha podido saber THE OBJECTIVE de fuentes de las instituciones y empresas públicas implicadas en la operación, «fue la SEPI quien obligó a Correos a contratar el avión con Ávoris, a instancias de Hacienda», dado que la SEPI depende del Ministerio de María Jesús Montero. La lógica de la operación era «darle carga de trabajo» a Globalia, propietaria del 45,9% de Ávoris, después de que el Consejo de Ministros aprobara el 3 de noviembre de 2020 el rescate de 475 millones de euros al holding de los Hidalgo a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) que gestionaba la sociedad estatal de participadas.

Fuentes de la SEPI consultadas por este periódico explican que «las órdenes vinieron del Ministerio de Hacienda», desde la óptica de que «si había una necesidad de una compañía aérea (para el proyecto de Correos Cargo) y tenemos una compañía que nos debe dinero, era mejor que lo llevara esta compañía para que cobrara dinero extra y tuviera más facilidad de pagos». En otras palabras: «darle carga de trabajo para poder pagar el rescate». Se da la circunstancia de que en esta ocasión no había una empresa rescatada sino dos: Globalia y Ávoris. Esta última fue la tercera empresa rescatada por el Gobierno, en marzo de 2021, por valor de 320 millones de euros, por detrás de Globalia, Duro Felguera y Plus Ultra.

El documento al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE ilustra esta operación. Con fecha de 15 de diciembre, el Consejo de Administración de la SEPI se reunió para acordar y enviar una comunicación al presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, con la decisión adoptada por el Comité de Dirección del organismo público para «autorizar a Correos y Telégrafos al lanzamiento de la nueva línea de negocio denominada Correos Cargo mediante la formalización de un acuerdo comercial entre Correos y Evelop Airlines S.L», propiedad de Ávoris Corporación Empresarial. En aquel momento, Ávoris estaba participada en un 49,5% por Globalia, dueña de Air Europa y propiedad de Juan José Hidalgo. 

Un «acuerdo comercial»

El documento está sellado por el secretario del Consejo y Director de Asuntos Jurídicos, Javier Morales Abad, y autorizaba «el desarrollo del plan de negocio en el transporte aéreo de mercancías y paquetería en los términos propuestos». La ‘propuesta’ se realizó en respuesta a la solicitud presentada por Correos, pero ésta vino «impuesta» previamente por Hacienda y por el resto de departamentos que negociaron el rescate de Air Europa, entre los que se encontraba el Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos, ante quien reportaba el propio Juanma Serrano. Ábalos era entonces superior a Montero y ésta ejecutaba sus órdenes. Según las fuentes de la sociedad estatal, «se nos impuso que fuera Ávoris y no nos dejaron movernos de ahí».

El último informe de la UCO sobre el rescate de Air Europa revela que el entonces consejero de Globalia, Víctor de Aldama, utilizó su influencia con Ábalos para que mediara ante el rescate. Los investigadores del Instituto Armado vinculan incluso el alquiler vacacional del ministro en una villa de lujo en Marbella en el verano de 2020 -durante la negociación del rescate-, como una «contraprestación económica» por la publicación de una nota de prensa anunciando la inminencia de la operación. Entre los mensajes incautados del dispositivo móvil de Koldo García, aparece uno de éste a Ábalos en referencia al inmueble: «Esto sale gratis por los servicios prestados».

El Consejo de Ministros aprobó el rescate de Air Europa el 3 de noviembre de 2020; y el de Ávoris, el 16 de marzo de 2021. Diez meses después, el 5 de enero de 2022, Correos otorgó sin licitación pública a la compañía aérea Iberojet, perteneciente a Ávoris, la puesta en marcha de una aerolínea de mercancías para la empresa postal, ante el «incremento de la paquetería internacional». Fuentes de Correos explican que se trató de un «un acuerdo comercial», que no requería de concurso público. Un «proyecto piloto» que perseguía reconvertir los dos aviones Airbus A330 de pasajeros que Ávoris «tenía parados» para prestar funciones de cargueros para el transportes de mercancías. El primero de ellos fue bautizado como Milana Bonita.

Vuelos y comisiones

El plan se convirtió en una operación ruinosa para la compañía. El proyecto de Correos acabó generando pérdidas millonarias, que algunos medios de comunicación, como el diario ABC, cifraron en más de 25 millones de euros. Ello motivó que Globalia saliera del mismo a finales de 2022, tras vender su participación en Ávoris al Grupo Barceló, a cambio de tan solo un euro. El inicio de la actividad arrancó con la ruta Madrid-Hong Kong-Madrid, pero su operativa no duró mucho tiempo. En verano de dicho año Iberojet puso en marcha distintas rutas en colaboración con Air Europa para conectar las principales ciudades de España y Europa, vía Madrid, con Punta Cana (República Dominicana), Cancún y Los Cabos (México), además de Varadero y La Habana (Cuba), San José (Costa Rica) y Mauricio.

Correos también otorgó un contrato a otra empresa vinculada con la trama Koldo. Es el caso de Sortis Telecomunicaciones SL. En marzo de 2021, la compañía pública postal otorgó un contrato a la mercantil presidida por Israel Pilar por valor de 2 millones de euros para la implantación de Correos Telecom, un proyecto que nunca vio la luz. Según los investigadores de la UCO, Israel Pilar es considerado «la llave» para el acceso a fondos públicos por parte del entramado de esta organización criminal. Un aspecto que concuerda con lo desvelado por un empresario a THE OBJECTIVE en relación con la existencia de un «grupo acelerador» que se dedicaba a cobrar un 20% de comisión para el PSOE a cambio de agilizar o amañar contratos con la administración. En este selecto grupo, formado por Ábalos, Koldo y Cerdán, Aldama y Pilar eran «facilitadores de contactos» y Pepe Ruz, el dueño de Levantina, Ingeniería y Construcción y el constructor más beneficiado por el Ministerio de Transportes, el «recaudador» de las comisiones que pagarían los empresarios por solicitar los servicios del grupo mediador.