Antifraude denuncia «irregularidades» en una obra de ADIF de Blanco, Ábalos y Pardo de Vera
El informe remitido al Supremo señala sobrecostes de más de un millón de euros y otros 800.000 en modificados
José Luis Ábalos e Isabel Pardo de Vera | Europa Press
La Agencia Valenciana Antifraude ha remitido al Tribunal Supremo un informe en el que advierte de «irregularidades graves» en la construcción de la estación de cercanías de Albal (Valencia), una infraestructura cuya ejecución arrastra un sobrecoste superior al millón de euros. Los documentos, que ya han llegado a la Unidad Central Operativa (UCO) y a la Fiscalía Anticorrupción, apuntan a deficiencias en la tramitación del convenio firmado en 2019 entre el Ayuntamiento y ADIF y sitúan el foco en una adjudicación vinculada a la etapa de José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transportes.
La investigación de Antifraude se inició a raíz de denuncias sobre la gestión de un proyecto que nació en 2011 con un protocolo firmado por el entonces ministro de Fomento, José Blanco, pero que no cristalizó hasta ocho años después. En febrero de 2019, ya con Ábalos en el Gobierno, el consistorio suscribió con ADIF un acuerdo para cofinanciar la estación, que se adjudicó a la constructora Lantania por 4,97 millones de euros. El contrato incluía aportación municipal y financiación europea.
El informe revela que el Ayuntamiento asumió compromisos económicos sin tener consignación presupuestaria suficiente, ni informe de intervención que avalara la operación, lo que vulnera la Ley de Haciendas Locales. Antifraude detecta además que el convenio se firmó sin fiscalización previa, con cláusulas contrarias a la normativa y sin el reparto por anualidades exigido por la ley, elementos que el organismo califica como «vicios de nulidad».
La situación se agravó con la ejecución de la obra. El gasto real superó en más de un millón de euros el coste inicialmente previsto, a lo que se añadieron modificados por otros 800.000 euros, según las conclusiones de la Agencia. Todo ello en un contexto marcado por la ausencia de informes técnicos y jurídicos, que debían justificar tanto el alcance del proyecto como las variaciones introducidas sobre el convenio original.
Antifraude también apunta al incumplimiento del Patricova, el plan autonómico que obliga a garantizar medidas contra riesgos de inundación. Esta omisión resulta crítica a la luz de la riada provocada por la dana del pasado 29 de octubre, que afectó a la infraestructura el mismo día en que se recepcionó la obra, obligando a ejecutar reparaciones antes de su inauguración en febrero de 2025.
Aunque la Agencia no analiza en detalle la actuación de ADIF por tratarse de un ente estatal, el informe subraya que las irregularidades detectadas en el ámbito local se produjeron en paralelo a decisiones clave del ministerio dirigido por Ábalos. La UCO examinará ahora si estos hechos guardan relación con otras piezas del caso Koldo, centrado en presuntas redes de corrupción vinculadas a adjudicaciones públicas.
El magistrado Leopoldo Puente Segura ha ordenado incorporar el expediente a la investigación y trasladarlo a la Guardia Civil para su análisis. La Agencia Valenciana Antifraude, por su parte, ha ofrecido su colaboración pericial en contratación pública y se ha puesto a disposición para remitir la documentación íntegra y realizar pruebas si el Supremo lo estima necesario.
Este nuevo frente judicial incrementa la presión sobre José Luis Ábalos, que ya figura como imputado en la causa y ve cómo se acumulan las dudas sobre su gestión ministerial. La estación de Albal se suma así a la lista de proyectos cuestionados por sobrecostes, falta de controles y posibles responsabilidades administrativas y penales.
Fuentes de Lantania, la empresa adjudicataria, destacan que la compañía nada tiene que ver con esas anomalías y que la adjudicación se produjo mediante un procedimiento objetivo y conforme a derecho. La empresa señala que recibió la cuarta mejor valoración técnica y presentó la mejor oferta económica, después de que las dos primeras fueran descartadas por temerarias. En la valoración subjetiva, Lantania estaba por detrás de tres competidores, pero finalmente resultó adjudicataria por presentar la propuesta más ventajosa en términos económicos y cumplir los requisitos de solvencia, asegura.
Además, añade Lantania que las supuestas irregularidades afectan al convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Albal y ADIF, y no al procedimiento de adjudicación de la obra.
Fiadelso, una fundación opaca desde 2016
Por otro lado, el envío de documentación al Supremo incluye otro expediente referido a Fiadelso, la Fundación para la Formación y la Educación en el Medio Rural, vinculada a Ábalos también Antifraude concluye que la entidad «incurre en causa de disolución» por no aprobar sus cuentas anuales entre 2016 y 2020, incumpliendo la normativa que obliga a someterlas al patronato.
El informe detalla la composición del órgano rector desde 1992 hasta 2023 y alerta de una falta de transparencia que podría ser relevante para las investigaciones en curso. Aunque la Agencia no practicó diligencias adicionales por exceder su competencia, deja abierta la puerta a que la Justicia valore la información en el marco de la Causa Especial 20775/2020, la que investiga al exministro socialista.