El CGPJ rechaza anular los acuerdos que inhabilitaron a Baltasar Garzón como juez
La defensa ha recurrido la decisión, que será revisada por el pleno del órgano de gobierno de los jueces
Baltasar Garzón en la presentación de uno de sus libros en diciembre de 2021. | Fernando Sánchez (Europa Press)
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cierra la puerta a Baltasar Garzón. La Comisión Permanente ha rechazado la petición para anular los acuerdos que en 2012 decretaron su expulsión de la carrera judicial. El exjuez fue inhabilitado por ordenar la intervención de los teléfonos de los abogados de los principales acusados en el caso Gürtel. Su defensa ha recurrido la decisión, que será revisada por el pleno. El Comité de Derechos Humanos de la ONU ya concluyó en 2021 que Garzón fue condenado en un proceso «arbitrario».
El pasado 22 de julio la mayoría de los vocales de la Comisión Permanente del CGPJ desestimaron la solicitud de Garzón. Como ha avanzado eldiario.es, el exjuez apeló a un dictamen de la ONU. Este advierte de que el proceso judicial que acabó con su carrera no garantizó la imparcialidad de los magistrados que lo juzgaron y critica que fuese privado de una segunda instancia ante la que poder recurrir.
Garzón también reclamó al CGPJ que el Estado español le proporcionase una «reparación integral» y se borraran sus antecedentes, tal y como defendió la Fiscalía. Los vocales rechazaron la pretensión del exjuez al considerar que la sentencia que le condenó es firme, por lo que se mantiene la validez de los acuerdos que ejecutaron su inhabilitación. La Comisión Permanente inadmitió el escrito de Garzón con el voto en contra del vocal Carlos Hugo Preciado, propuesto por Sumar.
La jubilación de Garzón
La defensa de Garzón invocó sin éxito una sentencia del Tribunal Supremo que establece que este tipo de dictámenes «no son irrelevantes jurídicamente» y que las reclamaciones pueden servir para reparar las «lesiones de derechos fundamentales». No obstante, los vocales afirman que estas resoluciones no son vinculantes, por lo que no está obligado a acatar sus recomendaciones por mucho que pueda tener en cuenta sus argumentos y conclusiones.
En cambio, los vocales acordaron abrir un expediente de rehabilitación ordinaria. Se trata de un trámite de reintegración a la carrera judicial que se puede alargar durante seis meses y que exige la cancelación de los antecedentes penales, entre otra documentación. Garzón cumple el próximo octubre los 70 años, la edad de jubilación ordinaria, por lo que es muy probable que no dé tiempo a completar todo el procedimiento antes de esa fecha.
El fiscal Manuel Campoy esgrimió ante la Audiencia Nacional que las resoluciones de la ONU deben acatarse y pidió el borrado de los antecedentes del Garzón. Los jueces aún tienen que pronunciarse sobre el fondo del asunto. El pasado 21 de agosto ya accedieron a la pretensión de su defensa para que se realice una anotación provisional en el Registro Central de Penados que ponga de manifiesto la existencia de este procedimiento.
El exjuez también reclamó a la Permanente del CGPJ que dejara en suspenso el procedimiento de rehabilitación ordinaria hasta que el pleno tomara una decisión definitiva, pero su pretensión fue desestimada. Garzón fue condenado por la trama Gürtel, un caso que él mismo había destapado, por ordenar la intervención de los teléfonos de los abogados de los principales acusados. El proceso acabó provocado la moción de censura que desalojó al PP de la Moncloa en 2018.
La sentencia le acusó de «totalitario» y de actuar «prescindiendo de todos los métodos de interpretación admisibles en derecho» por haber autorizado la intervención de las comunicaciones de los cabecillas de la trama con sus abogados en la cárcel a pesar de que no había «indicios concretos de una posible actuación delictiva» por parte de algunos de esos letrados. El Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazaron los recursos contra su condena.