La Fiscalía protege a Pumpido: pide al Supremo que no le investigue por avalar la amnistía

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha salido en defensa del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y de los otros cinco magistrados que avalaron la Ley de Amnistía impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Según ha podido saber THE OBJECTIVE, la teniente fiscal del alto tribunal, María de los Ángeles Sánchez Conde, ha solicitado que se archive la querella por prevaricación presentada por el sindicato Manos Limpias, argumentando que «la presente querella, sin embargo, solo puede ser inadmitida».

En un escrito al que ha tenido acceso este periódico, la número dos del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, procesado por filtrar datos confidenciales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, considera que no hay base penal para investigar a los seis jueces del Tribunal Constitucional. En concreto, la teniente fiscal sostiene que «la iniciativa choca frontalmente con lo establecido en el punto 4.2 LOTC según la redacción proveniente de la reforma operada por la virtud de la Ley Orgánica 6/2007 de 24 de mayo que dice así: «Las resoluciones del Tribunal Constitucional no podrán ser enjuiciadas por ningún órgano jurisdiccional del Estado».

La interpretación de Sánchez Conde choca con el contenido real de la querella, tal y como ha sabido THE OBJECTIVE, ya que Manos Limpias no tacha de prevaricadora la sentencia del Tribunal Constitucional, sino la actuación de los magistrados en el ejercicio de su cargo. Además, el sindicato recuerda que los miembros de la Corte de Garantías están aforados ante el Supremo cuando se les atribuye la comisión de un delito durante el desempeño de sus funciones.

En su escrito, la fiscal añade que el fallo del Constitucional «no responde a un análisis técnico jurídico sino a motivaciones políticas-partidistas, lo que se obtiene, al parecer, de un voto particular». Finalmente, solicita que el Tribunal Supremo «dicte una resolución aclarando la competencia de la Sala y el archivo de las actuaciones por no ser los hechos constitutivos de delito».

Respaldo a Conde-Pumpido

Tal y como ha sabido THE OBJECTIVE, esta posición supone un nuevo respaldo institucional a Conde-Pumpido, contra quien ya se han presentado más de media docena de querellas similares, ninguna de ellas admitida hasta ahora. En esta ocasión, la querella fue admitida a trámite de forma preliminar tras ser subsanado un defecto formal que contenía el escrito inicial presentado por Manos Limpias. La Sala Segunda del Supremo había instado al sindicato, el pasado 8 de agosto, a transformar su denuncia en querella formal, lo que finalmente se hizo una semana después por medio del abogado Antonio García-Berbel. La querella, dirigida contra Conde-Pumpido y también contra las magistradas Inmaculada Montalbán –vicepresidenta del TC y ponente del fallo–, María Luisa Balaguer, María Luisa Segoviano, Laura Díez y el magistrado Ramón Sáez, sostiene que los seis avalaron una resolución «a sabiendas injusta», al anteponer intereses políticos a principios constitucionales fundamentales.

En la querella, Manos Limpias incorpora no solo el contenido de la sentencia del Constitucional, sino también uno de los cuatro votos particulares que se formularon en contra de la misma: el de la magistrada Concepción Espejel, que afirma que «la decisión fue adoptada con antelación al debate interno». La asociación considera que este comportamiento «no responde a un análisis técnico-jurídico, sino a motivaciones político-partidistas». En este sentido, el sindicato recuerda que la jurisprudencia del Supremo establece que para que exista delito de prevaricación judicial es necesario que la resolución impugnada sea «objetivamente insostenible y alejada de la legalidad, como ocurre en el presente caso».

Además, tal y como sostiene Manos Limpias, los magistrados del Constitucional que firmaron la sentencia «adoptaron una visión reductiva del Estado de derecho, subordinando el orden constitucional a la voluntad del legislador ordinario, lo cual es incompatible con la jerarquía normativa establecida en la Constitución Española». El sindicato presidido por Miguel Bernad también denuncia que esta «interpretación oportunista y partidista» vulnera no solo el ordenamiento interno, sino que compromete los compromisos internacionales de España. En concreto, cita el artículo 19 del Tratado de la Unión Europea, que obliga a todos los Estados miembros a garantizar el respeto del Estado de derecho.

La sentencia del TC, añade la querella, vulnera principios esenciales del sistema constitucional como el principio de igualdad –«al amnistiar selectivamente a un grupo político concreto»–, la seguridad jurídica –«al otorgar efectos retroactivos a una ley en beneficio de sus promotores»–, la separación de poderes –«al sustituir la función jurisdiccional por una decisión legislativa autoexculpatoria»– y el principio de legalidad penal –«al dejar sin efecto sentencias firmes mediante ley posterior»–.

Ahora, con el posicionamiento de la teniente fiscal, la pelota queda en el tejado del Supremo. La Sala de lo Penal deberá decidir si desestima de plano la querella o si, por primera vez, acepta investigar la actuación de los magistrados del Tribunal Constitucional que dieron luz verde a la polémica Ley de Amnistía.