El dictamen sobre la amnistía del abogado general del TJUE llegará a mitad de septiembre
El fallo no tiene carácter vinculante, pero sí preceptivo en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del Junts, Carles Puigdemont | Alejandra Svriz
La Ley de Amnistía aprobada en España en junio de 2024 encara una de sus fases más decisivas: el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que tendrá la última palabra. Tras la celebración de las primeras vistas a finales del verano, será el abogado general del tribunal quien emita su dictamen a mediados de septiembre, según señalan fuentes judiciales a THE OBJECTIVE. Aunque no es vinculante, esta opinión suele tener un peso significativo en la deliberación posterior de los jueces. Ahora, Europa debe pronunciarse sobre si la controvertida ley vulnera principios fundamentales del Derecho de la Unión Europea, particularmente en lo relativo a la lucha contra el terrorismo y la protección de los intereses financieros de la UE.
El TJUE ha recibido cuatro cuestiones prejudiciales planteadas por tribunales españoles, entre ellas una presentada por el Tribunal de Cuentas y otra por la Audiencia Nacional. Estas consultas reflejan dudas serias sobre la compatibilidad de la Ley de Amnistía con el derecho comunitario, especialmente con la Directiva 2017/541 sobre la lucha contra el terrorismo y otras normas relativas a la responsabilidad contable y la protección de fondos europeos.
Las vistas celebradas recientemente en Luxemburgo permitieron a los jueces de la Gran Sala —compuesta por 15 magistrados— escuchar los argumentos del Tribunal de Cuentas sobre la responsabilidad contable del expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, y otras persona en financiar el referéndum del 1 de octubre de 2017 declarado ilegal y la cuestión prejudicial remitida por la Audiencia Nacional en el caso de terrorismo atribuido a varios miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR). Por su parte, el Ministerio Público reclama más de tres millones de euros a los encausados, entre ellos el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Sociedad Civil Catalana también ha ejercido la acusación, reclamando cinco millones a varios ex altos cargos del Govern.
La Comisión Europea
La Comisión Europea también ha emitido ya su informe y ha calificado la ley como una posible «autoamnistía», advirtiendo que puede entrar en conflicto con los principios comunitarios y con las obligaciones de los Estados miembros en materia de persecución de delitos graves como la malversación de fondos públicos y el terrorismo. En el caso planteado por el Tribunal de Cuentas, la Comisión ha expresado su preocupación por la posible afectación a los intereses financieros de la Unión, lo cual podría vulnerar el marco legal establecido para garantizar la correcta utilización de fondos europeos.
La cuestión prejudicial planteada por la Audiencia Nacional advierte que esta ley distingue entre delitos de terrorismo que causan violaciones graves de derechos humanos y otros que no, generando así un «terrorismo de baja intensidad» que podría ser amnistiado, algo que no contempla la normativa europea.
Asimismo, los magistrados alertan sobre un posible tratamiento discriminatorio en función de la ideología de los acusados. Según el auto de elevación al TJUE, la amnistía podría estar dirigida exclusivamente a quienes actuaron en el marco del independentismo catalán, excluyendo a otros supuestos similares protagonizados por individuos con otras motivaciones ideológicas, lo que pondría en entredicho el principio de igualdad y libertad ideológica protegido por los tratados de la UE.
Corresponde ahora al abogado general del TJUE —cuyo papel es emitir una opinión jurídica independiente— ofrecer su análisis sobre las cuestiones prejudiciales planteadas. Su dictamen, previsto para mediados de septiembre, no tiene carácter vinculante, pero en la mayoría de casos el fallo final del Tribunal acaba alineándose con su criterio. Tras esta fase, los jueces de la Gran Sala deliberarán y emitirán una sentencia definitiva en los meses posteriores, probablemente antes de que finalice 2025. La decisión tendrá un impacto directo no solo en la aplicación de la ley en España, sino también en la jurisprudencia europea sobre los límites de las amnistías nacionales respecto al Derecho comunitario.