Leire Díez protege al misterioso contacto que le citó con el guardia civil de Koldo

Leire Díez se vio con Rubén Villalba gracias a un tercero. La denominada fontanera del PSOE se reunió el pasado marzo con el comandante de la Guardia Civil imputado en el caso Koldo para ofrecerle protección judicial. Incluso le habría prometido un ascenso a cambio de que incriminara a responsables de la Unidad Central Operativa (UCO). La exmilitante socialista rechazó este lunes en el Senado que tuviera el teléfono del mando. El encuentro se fraguó a través de una persona cuya identidad no ha desvelado. La periodista cántabra se ha acogido a su derecho a proteger las fuentes de una causa que, además, se encuentra judicializada.

Un audio publicado por El Confidencial desveló que Díez se reunió en febrero con un empresario investigado en la Audiencia Nacional para pedirle información comprometedora del teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Balas, jefe del departamento de delincuencia de la UCO y, por tanto, encargado de las pesquisas sobre la esposa y el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del fiscal general del Estado y del caso Koldo, el procedimiento en el que está inmerso Villalba.

La fontanera del PSOE se reunió con él al menos en dos ocasiones para pedirle información sensible de los «elementos subversivos» en la Guardia Civil a cambio de protección judicial y gestionar su rehabilitación en el Cuerpo. Como avanzó El Mundo, el primer encuentro se produjo el pasado 10 de marzo en un restaurante de Leganés (Madrid) y duró más de tres horas, indican las actas que redactó el propio Villalba. La segunda cita se produjo a finales de ese mes y se desarrolló en los mismos términos.

Las denuncias contra Díez

Díez le planteó que si le facilitaba información sensible sobre altos mandos de la UCO le garantizaría «un puesto próximo a la Dirección General como asesor». A cambio, le apremió a prestar una declaración voluntaria que incriminara a los máximos responsables de la unidad de la Guardia Civil cuyas investigaciones cercan al Gobierno. La fontanera socialista, investigada por un juzgado madrileño por un delito de tráfico de influencias, aludió constantemente a que el asunto «le interesa al PSOE» y que «los del arriba» estaban al corriente.

Las reuniones con el comandante imputado por el caso Koldo se celebraron sin teléfonos por motivos de seguridad. La COPE informó de que, tras uno de los encuentros y una vez que los interlocutores recuperaron sus móviles, Díez comprobó que había recibido dos llamadas de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González. Su entorno rechaza ese extremo y lo tilda de absurdo. La propia fontanera del PSOE negó categóricamente este lunes en el Senado que tuviera dos llamadas perdidas de la dirigente madrileña.

La identidad de la persona que organizó el encuentro entre Díez y Villalba no es baladí. Conocer su hombre despejaría muchas claves de lo sucedido y permitiría conocer de dónde emanaban las directrices que recibía. Ella repite que nadie del PSOE le encargó tarea alguna y califica su trabajo como una «investigación periodística» que pronto verá la luz en «uno, dos o tres libros».

La denominada fontanera del PSOE oculta el nombre de la persona que le ayudó a reunirse con Villalba escudándose en que una periodista no tiene obligación de revelar sus fuentes. Durante su paso por la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, el portavoz del PP, Alejo Miranda de Larra, le preguntó por la forma en que había contactado con el comandante de la Guardia Civil imputado. «Yo no he citado a nadie», se defendió la compareciente.

El número dos de Marlaska

La respuesta originó un tenso debate entre ambos que se prolongó varios minutos. Miranda de Larra le requirió quién citó a Villalba, al que «usted ofreció una rehabilitación profesional y un ascenso ni más ni menos». Y continuó: «¿Con qué autoridad ofrecía ascensos y rehabilitaciones?». Díez le contestó que el asunto estaba judicializado y que solo iba a hablar ante el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, en el que está citada en calidad de investigada el próximo 11 de noviembre. El guardia civil imputado por el caso Koldo también tendrá que acudir, aunque en su caso como testigo.

«Le había autorizado el Ministerio del Interior», demandó Miranda de Larra. Díez negó la mayor. El portavoz del PP sembró la sospecha al recordar que la dimisión de Rafael Pérez como secretario de Estado de Seguridad se produjo «24 horas después» de que saliera a la luz las reuniones entre la fontanera del PSOE y Villalba. El antiguo número dos de Fernando Grande-Marlaska renunció a su cargo el pasado 27 de mayo, en pleno escándalo por los ataques políticos a a UCO. A continuación se reincorporó a la carrera judicial con un destino dorado: adscrito a la presidenta del Tribunal Supremo.

Miranda de Larra también preguntó a Díez si había recomendado al comandante de la Guardia Civil imputado cambiar su defensa a favor de Jacobo Teijelo, el abogado que le acompañó a las reuniones cuyas grabaciones han trascendido y que ahora ejerce como letrado de Santos Cerdán. El portavoz del PP sospecha que «lo que ustedes querían era controlar la defensa de Rubén Villalba o que no contara nada».

Los investigadores sostienen que el comandante de la Guardia Civil investigado entregaba teléfonos opacos a los miembros de la trama Koldo para que pudieran hablar con seguridad. Los trabajos le habrían reportado más de 88.000 euros. Villalba era una de las personas que se encontraba en el aeropuerto de Barajas la madrugada del 20 de enero de 2020, en la que aterrizó la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez. El mando incluso supo de antemano que sería enviado como agregado de Interior a la Embajada de España en Venezuela.

Díez negó este lunes en el Senado que rindiera cuentas al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. No obstante, reconoció que se reunió con él en los días de reflexión que se tomó Sánchez en abril del año pasado. Lo hizo en tres ocasiones para darle a conocer la mala praxis de ciertos organismos públicos. La exmilitante socialista se habría encargado, presuntamente, de recopilar información sensible de jueces, fiscales y guardias civiles para contrarrestar las investigaciones judiciales que cercan al Gobierno. La Fiscalía ya analiza el pendrive que entregó al exdirigente navarro, en prisión preventiva desde junio.