EEUU cerca a España: nueva condena de 79 millones por el impago a las renovables
El Tribunal del Distrito de Columbia ha confirmado indemnizaciones por valor de 440 millones bajo amenaza de embargo
Aerogeneradores y paneles solares en un parque de energía renovable de Latinoamérica. | Bombermoon (Zuma Press)
La Justicia de Estados Unidos cerca a España. En las últimas semanas, el Tribunal del Distrito de Columbia ha confirmado indemnizaciones por valor de 440 millones de euros bajo amenaza de embargo por el impago de las ayudas a las energías renovables. El último fallo contra nuestro país ha sido por el llamado caso Watkins. La juez Beryl A. Howell ha denegado archivar el fallo que emitió hace más de una década el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), tal y como solicitaba el Gobierno, al que insta a abonar 79,5 millones a Blasket Renewable Investments. La deuda reconocida por el organismo vinculado al Banco Mundial alcanza ya los 1.900 millones de euros.
La sentencia a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE se emitió el pasado 11 de septiembre. La juez Beryl A. Howell confirma la sanción de 77 millones de euros que impuso el Ciadi a España en 2014 para paliar la retirada de ayudas a las energías renovables de forma retroactiva. Además, establece que se abonen otros 2,5 millones por intereses de demora, costes de arbitrajes y honorarios de abogados. La cifra aumentará si no se alcanza un acuerdo a corto plazo.
El Tribunal del Distrito de Columbia declara el laudo del caso Watkins inmediatamente ejecutable en territorio estadounidense, lo que permite iniciar sin demora el proceso de discovery order. Esta fórmula supone aflorar bienes de España en Estados Unidos para proceder a su correspondiente embargo en caso de que el Gobierno siga negándose a abonar las indemnizaciones reconocidas por el Ciadi.
Nueva victoria de las renovables
Howell rechazó uno por uno los argumentos de la defensa el pasado 11 de septiembre. Siguiendo el precedente de la Corte de Apelaciones en el caso NextEra Energy, ratificó su plena jurisdicción sobre esta materia en virtud de la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) a la que España quiso ligar su defensa.
La Corte de Apelaciones estadounidense recordó que nuestro país suscribió un acuerdo de arbitraje vinculante mediante el Tratado de la Carta de la Energía por lo que los laudos del Ciadi deben tener «pleno reconocimiento y crédito» que las sentencias definitivas de los tribunales estatales, desestimando la tesis del Gobierno según la cual la normativa europea impide el reconocimiento y ejecución del laudo.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos examinará a finales de septiembre una última petición de recurso presentada por España y, salvo que acepte las alegaciones que el resto de cortes han venido descartando, el Gobierno quedará sin más vías de apelación en territorio norteamericano.
El pronunciamiento del caso Watkins llega tras una oleada de resoluciones adversas a España por los recortes retroactivos a las primas a las renovables. En las últimas semanas, los tribunales estadounidenses han confirmado laudos contrarios a los intereses de nuestro país por valor de 440 millones de euros. Son los denominados casos Eurus (Toyota Group), RREEF, Infrastructure Services (Antin) e Infrared.
Amenazas de embargo
El origen de estos pleitos se remonta a 2007, cuando el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero puso en marcha un ambicioso programa de ayudas para apoyar la producción eléctrica procedente de fuentes renovables. Seis años más tarde, Mariano Rajoy decidió retirarlas con carácter retroactivo y comenzaron a acumularse los litigios. Las compañías afectadas acudieron al tribunal vinculado al Banco Mundial, que les ha dado la razón en 26 de los 52 procedimientos, aunque algunos siguen pendientes.
El Gobierno se niega a resarcir a las empresas de energías renovables. La Abogacía del Estado lleva años defendiendo que el derecho comunitario europeo no permite el pago de indemnizaciones decretadas en los arbitrajes internacionales que surgieron tras la retirada retroactiva a las renovables. Los afectados sostienen que los laudos emitidos a su favor tienen plena cobertura legal bajo el paraguas del Tratado de la Carta de la Energía (TCE). Europa, con España a la cabeza, ya ha anunciado que abandonará el acuerdo.
Ese escenario motivó que las renovables acudieran a tribunales ordinarios. Reino Unido, Bélgica y Estados Unidos ya han abierto la puerta a embargar activos españoles. Una dirección que tomó recientemente Australia, que reclama que nuestro país abone 469 millones por un pleito. El primero que autorizó la confiscación de estos activos fue Reino Unido. El Gobierno dio un giro a su estrategia en junio, cuando abonó por primera vez una indemnización por la retirada de ayudas a las renovables. La agraciada fue JGC Holdings, que recibió 32 millones de euros.
Hace dos años, Blasket Renewable ya presentó un aviso de incumplimiento técnico contra España alegando que el Gobierno no ha saldado sus deudas con las empresas del sector de las renovables. Un informe del fondo de inversión estadounidense sostiene que la declaración de default tuvo un impacto demoledor para la economía española. Cifró en casi 5.000 millones de euros en el encarecimiento del coste de la deuda pública. En cuanto a la repercusión macroeconómica, el PIB observado en este periodo se reducirá en 7.343 millones.