La Fiscalía urge a Cerdán a demostrar que los audios son falsos: «¿Grabó la Guardia Civil?»
Anticorrupción exige a la defensa que concrete los motivos para invalidar las grabaciones de Koldo García
Santos Cerdán y Koldo García. | Ilustración de Alejandra Svriz
La Fiscalía Anticorrupción propina un rapapolvo a Santos Cerdán. El fiscal jefe Alejandro Luzón ha pedido a la defensa del ex secretario de Organización del PSOE que concrete los motivos por los que reclama invalidar los audios que grabó Koldo García y que sustentaron la decisión del juez del Tribunal Supremo de enviarlo a prisión el pasado 30 de junio. Los abogados del dirigente navarro reclaman su puesta en libertad porque su estancia en la cárcel está «basada en pruebas sin cobertura» y «reproduce una sospecha policial». El Ministerio Público se opone al considerar que persiste el riesgo de destrucción y manipulación de pruebas.
La defensa de Cerdán registró la semana pasada dos escritos en el Supremo, uno para pedir la libertad de su cliente y otro para reclamar nuevas diligencias de investigación. Los letrados ponen en entredicho la consecución de los audios requisados a Koldo García durante el registro de su vivienda en febrero del año pasado. Denuncian su «ignoto» origen, que «a día de hoy siguen siendo una incógnita». Además, argumentan que las grabaciones presentan «una alteración no justificada» que «abre la puerta a cuestionamientos sobre su integridad».
«Los audios no son consecuencia de una intervención judicial en las comunicaciones de los investigados, sino que fueron hallados en poder de uno de ellos, quien habría resuelto por un motivo no difícil de imaginar, grabarlas primero y conservarlas después en su poder», destaca la defensa de Cerdán en su escrito de diligencias. Los letrados ponen en tela de juicio la actuación policial. También argumentan que Koldo García negó en una entrevista ser el autor de las grabaciones y destacan que los audios se obtienen a través de teléfonos proporcionados por Rubén Villalba, el comandante de la Guardia Civil imputado.
La excarcelación de Cerdán
En el escrito en el que se opone a la excarcelación del ex secretario de Organización del PSOE, Luzón pasa al ataque y desmonta la tesis de la defensa. El fiscal jefe de Anticorrupción considera «comprensible el empeño de la representación del investigado en desacreditar las conversaciones grabadas a la vista de su alto contenido incriminatorio». En su opinión, los abogados no terminan de concretar la razón de la impugnación de los audios. Y les interpela: «¿Son incompletas?, ¿están descontextexualizadas?, ¿no se reconoce la intervención de Santos Cerdán en ellas?, ¿no se produjeron?».
Luzón pregunta a los abogados Benet Salellas y Jacobo Teijelo si consideran que esas grabaciones son reales pero fueron obtenidas de forma ilícita, si no las grabó Koldo García o si este las registró siguiendo instrucciones de algún cuerpo policial. Incluso les inquiere si «las grabó acaso» la Guardia Civil y «las manipuló después». El fiscal jefe de Anticorrupción espera que «en ulteriores fases del procedimiento, la defensa de Santos Cerdán decida «cuál de estos caminos que sucesiva y hasta simultáneamente explora desea seguir investigando».
El fiscal tilda de «llamativa» la insistencia en negar la autoría de Koldo García, algo que este investigado ya hizo con un documento que le atribuía Víctor de Aldama. Una pericial caligráfica demostró que la letra correspondía al asesor ministerial de José Luis Ábalos. Luzón indica que en esta ocasión la autoría de la grabación es incontestable y «la protesta de Koldo García no parece que sea suficiente para contrarrestar el rotundo informe» que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aportó al Supremo en junio.
«Al socaire de esa extraprocesal negativa de Koldo García insinúa la representación de Santos Cerdán que las conversaciones habrían sido grabadas por la Guardia Civil con los teléfonos contaminados facilitados por el comandante Villalba sin conocimiento de Koldo García (¿la activación a distancia, tal vez?), les abronca Luzón. El comandante imputado fue fundamental para la trama de mascarillas porque se encargó de su seguridad repartiendo teléfonos entre sus miembros para proteger sus comunicaciones. Esa tarea le habría reportado 88.000 euros.
Teléfonos «contaminados»
El fiscal jefe de Anticorrupción explica que cuando los investigadores aluden al término contaminación se refieren al «irresponsable manejo» que habría realizado el comisionista de la trama de las mascarillas de los teléfonos que le proporcionaban. «En el momento en que Víctor de Aldama los empleaba para hablar con terceros distintos al citado comandante, se consideraban terminales contaminados, lo que acababa exigiendo la compra de un nuevo terminal para sustituir al anterior».
El escrito en el que Luzón se opone a la excarcelación de Cerdán también reprocha a su defensa que ponga en tela de juicio la cadena de custodia de los audios. Los abogados sostienen que las bolsas que contenían las pruebas del volcado de los dispositivos efectuado en el Supremo «no son las mismas que figuraban en las actas de entrada y registro en las que se incautaron los dispositivos». El fiscal jefe de Anticorrupción explica que esto sucede porque los precintos originales tuvieron que romperse para proceder al clonado y luego el material se depositó «en una nueva bolsa de precinto con un nuevo número».
Los letrados especifican en el escrito en el que piden la libertad de Cerdán que «no se puede identificar la voz de ninguna persona (de los que desconocemos su origen y autenticidad». En el escrito de diligencias van más lejos. Además de reclamar el acceso a la totalidad de las pruebas y la revisión de «los métodos de investigación restrictivos de derechos fundamentales», introducen una nueva derivada.
Salellas y Teijelo sugieren que las pruebas se podrían haber obtenido con Pegasus, un programa de origen israelí con el que se espió a dirigentes independentistas catalanes, al presidente del Gobierno y a varios de sus ministros, un caso que está judicializado. Los letrados reconocen que la legislación permite instalar un software para examinar a distancia y sin conocimiento del titular del dispositivo, pero a la vista de estos hitos «es necesario poder verificar que ninguna las grabaciones tenga origen ilícito».