El 'portazo' del Constitucional abre la puerta a que Cerdán recurra a la vía europea
Uno de sus abogados fue letrado de Jordi Cuixart en el ‘procés’ y fio su estrategia a los tribunales comunitarios
El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. | Ilustración de Alejandra Svriz
Cuando se cierra la puerta del Tribunal Constitucional, se abre una ventana a Europa. La corte de garantías inadmitió este lunes la demanda de amparo en la que Santos Cerdán solicita su excarcelación, tras negársela el Tribunal Supremo en dos ocasiones. Este recurso agota la vía nacional, uno de los requisitos que permite elevar la cuestión al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Uno de los abogados del ex secretario de Organización del PSOE, Benet Salellas, ya usó una estrategia similar cuando fue letrado del expresidente de Òmnium Cultural Jordi Cuixart en la causa del procés. Entonces, optó por una línea de defensa que iba al choque con las instituciones y que mantenía la esperanza en los tribunales comunitarios.
Cerdán, investigado en el Supremo por el caso Koldo, se encuentra en prisión provisional desde el pasado 30 de junio. La semana pasada, el juez Leopoldo Puente decidió por segunda vez mantener la medida al considerar que persiste el riesgo de destrucción de pruebas. La ocasión anterior fue en julio, tras un recurso de su defensa, lo que motivó que esta activara el plan del Constitucional. El ex secretario de Organización del PSOE solicitó a la corte de garantías que ordenase de inmediato su puesta en libertad.
La Sección Segunda de la corte de garantías ha inadmitido por unanimidad la demanda de amparo de Cerdán al entender que el asunto «no reviste la especial trascendencia constitucional» para pasar este primer filtro. El tribunal estaba compuesto por tres magistrados, uno de corte progresista, Juan Carlos Campo, y dos conservadores, Ricardo Enríquez y José María Macías, que ha actuado como ponente.
La excarcelación de Cerdán
Los abogados de Cerdán también se han llevado un tirón de orejas por alegar vulneración al derecho de defensa. Los miembros de la corte de garantías les ha reprochado que no hayan agotado la vía judicial al no haberse invocado esta queja en tiempo y forma ante la Sala Segunda del Supremo. Sin embargo, completar el trámite en el Constitucional abre la vía europea para el ex secretario de Organización del PSOE, acusado de liderar una organización criminal junto con José Luis Ábalos y su asesor Koldo García para amañar contratos a cambio de comisiones.
En su recurso, la defensa de Cerdán considera que el Supremo había vulnerado su derecho a la libertad y a la presunción de inocencia por haber acordado su ingreso en prisión sin justificar «debidamente la concurrencia de ningún riesgo de alteración o destrucción de pruebas» en el que se basa para acordar dicha medida. El escrito insiste en que establecer como único motivo «presuponer un riesgo de alteración o destrucción de pruebas» es insuficiente y «no colma los estándares exigidos» por la doctrina del Constitucional y del TEDH.
Los motivos por los que Cerdán habría fichado a un abogado que llegó a ser diputado de la CUP son un misterio. Una de las razones más plausibles es su intención de agotar la vía judicial para tener una oportunidad ante el TEDH. Salellas, que fue letrado de Cuixart en el procés y recurrió a esa vía, no esconde que el tribunal de Estrasburgo es «una referencia para todos los abogados en general». Su despacho es conocido por impulsar casos contra España ante este órgano comunitario y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). En ambos tiene aún varias demandas pendientes, según explican fuentes jurídicas.
Todo apunta a que habrá alguna más, ya que Salellas podría llevar la encarcelación de Cerdán al TEDH. El abogado no ha respondido a las preguntas de THE OBJECTIVE al respecto. Sin embargo, se dan todas las condiciones para recurrir al tribunal de Estrasburgo: el ex secretario de Organización del PSOE es víctima directa, se trataría de una violación de un Estado miembro, se ha agotado la vía interna y se trata de derechos reconocidos por el Derecho comunitario. La defensa dispondría de cuatro meses de plazo para presentar la queja.
La fórmula del procés
La línea adoptada desde el inicio del caso Cerdán se parece mucho a la estrategia que siguió Salellas durante el procés, ya que siempre buscó «justicia» fuera de España y en tribunales que consideraba que no están «politizados». De hecho, Cuixart fue el primer condenado en el Supremo por los hechos del 1-O que llevó su caso ante el TEDH. En su primera comparecencia ante el juez el pasado 30 de junio, Cerdán ya aludió a una supuesta persecución política por ser el «arquitecto de los gobiernos progresistas de España». Unas palabras que le valieron el reproche del fiscal, Alejandro Luzón.
La argumentación de Cerdán retrotrae a la que su abogado desplegó en el Supremo como defensa de Cuixart, expresidente de Òmnium Cultural. En los tres primeros meses de juicio, los magistrados de la Sala Segunda del Supremo expresaron su «profundo malestar» por la estrategia de defensa que ejercían Salellas, Marina Roig y Álex Solá y tacharon la actitud de los testigos propuestos por la defensa de «intolerable» y de rayar «el código deontológico de la Abogacía» al ser abogados de muchos de estos comparecientes.
Una fórmula que se repite ahora, ya que la defensa de Cerdán insiste en la supuesta manipulación de los audios de Koldo García, evidencias clave para su permanencia en prisión. Magistrados del Supremo han puesto en tela de juicio la estrategia y la comparan con la del procés. Consideran que Salellas y Jacobo Teijelo realizan una defensa más encaminada a la opinión pública y a organismos internacionales que al tribunal que debe juzgarlos. El Periódico ha avanzado que fuentes del Alto tribunal consideran «insultante» que se acuse al juez instructor, Fiscalía y Guardia Civil de «un complot» para elegir al ex secretario de Organización del PSOE por «su actuación en el Gobierno».
Salellas y Teijelo, que se unió al equipo legal de Cerdán el 8 de julio, tras visitarle dos veces en prisión, han reaccionado con dureza. Han enviado un escrito a la presidenta del Supremo, Isabel Perelló, para que abra diligencias informativas que aclaren la veracidad del artículo al entender que «la mera publicación (…) afecta de forma directa al ejercicio del derecho fundamental a la defensa y perturba gravemente tanto a los profesionales como al propio funcionamiento del tribunal de justicia». En el texto también reprochan que no se identifiquen las fuentes e incluyen abundante jurisprudencia del TEDH.