Futuro negro para Begoña Gómez: el 90% de los jurados populares condena al imputado

Begoña Gómez se enfrentaría a un horizonte de tinieblas si su causa por malversación llega a juicio. La última palabra la tendrá la Audiencia Provincial de Madrid. Sin embargo, el juez Juan Carlos Peinado ya ha decidido que, en caso afirmativo, sea juzgada por un tribunal popular. La fórmula no es inédita en nuestro país, pero sí poco habitual. Los jurados populares existen en España desde 1995, cuando el Congreso aprobó la Ley Orgánica del Tribunal Jurado con el apoyo de PSOE, IU y los partidos nacionalistas. El PP se abstuvo y solo varios diputados del Grupo Mixto votaron en contra. Desde entonces hasta el año pasado, último ejercicio con datos, el 89,9% de las sentencias han sido condenatorias.

Peinado comunicará este sábado su decisión a Begoña Gómez; su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez; y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. Los tres están imputados por la pieza separada que abrió el magistrado el 10 de marzo para indagar en la contratación de la asistente. El juez entiende que realizó tareas privadas a favor de la esposa de Pedro Sánchez, como confirman sus emails con un vicerrector de la Universidad Complutense y una de las empresas que patrocinó la cátedra de su jefa. La mujer del presidente del Gobierno también está siendo investigada por otros cuatro delitos.

La fórmula del jurado popular es poco habitual, pero el instructor puede decantarse por ella en los supuestos que establece el artículo 1 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado. Los delitos tipificados van desde el homicidio a las amenazas, pasando por el tráfico de influencias y el cohecho. El apartado h también determina que se pueda usar esta figura en caso de malversación de caudales públicos (artículos 432 y 434 del Código Penal), por el que Peinado quiere sentar a Begoña Gómez en el banquillo de los acusados.

Defensa de Begoña Gómez

La defensa de Begoña Gómez ya ha anunciado que recurrirá la decisión de Peinado. Desde que la Ley del Tribunal Jurado entró en vigor, el 89,9% de las sentencias son condenatorias, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La norma se aprobó en mayo de 1995, durante el último gobierno del socialista Felipe González. Los primeros datos completos datan de 1996, cuando apenas se impusieron 56 sentencias, el 75% condenatorias. Es el porcentaje más bajo del registro histórico.

En los años sucesivos, el número de juicios con jurado popular se incrementó notablemente, lo mismo que el porcentaje de resoluciones que acabaron en condena: en 1997 se elevó a 84,8%, en los años siguientes rozó el 90% y, en el siglo XXI, casi siempre superó esa cifra. El curso con más porcentaje de sentencias condenatorias fue 2016, cuando el porcentaje llegó al 95,1%, ligeramente superior a la cantidad que se registró en 2020.

La Ley Orgánica del Tribunal del Jurado se aprobó para facilitar la participación de los ciudadanos en la Administración de Justicia, tal y como dispone el artículo 125 de la Constitución. Cada dos años, la Oficina del Censo Electoral realiza un sorteo entre todos los ciudadanos mayores de edad, excepto los profesionales del Derecho, y remite un listado a las audiencias provinciales. Estas realizan un nuevo sorteo y conforman una relación provisional de candidatos, que son citados para responder a un cuestionario por si concurren causas que impidan su participación.

Cada parte puede vetar hasta a cuatro aspirantes en la «vista de selección». Una vez realizado el filtro se designa el jurado definitivo: nueve titulares y dos suplentes. Un juez profesional resuelve cuestiones jurídicas y es el encargado de dictar la sentencia final en caso de que siete ciudadanos consideren culpable al imputado. A lo largo de estas tres décadas han sido numerosas las causas mediáticas que se han enjuiciado con esta figura, aunque ninguna de ellas por malversación: los casos Wanninkhof, Bretón, Asunta, el crimen de Fago y el del niño Gabriel Cruz.

Ataques del Gobierno

Los jueces consultados por THE OBJECTIVE señalan que la decisión de Peinado busca desactivar los ataques del Gobierno por lawfare. Como avanzó este diario, el magistrado que investiga a Begoña Gómez ha emprendido acciones judiciales contra los ministros Félix Bolaños y Óscar Puente, a los que exige una rectificación pública, por cuestionar la instrucción. En caso contrario, les reclamará una indemnización económica. Los miembros del Ejecutivo han redoblado sus críticas este miércoles, tras la propuesta del jurado popular.

La decisión ha sorprendido al Gobierno, que habla de estupor y asombro. Las fuentes consultadas consideran que esa figura está pensada para otro tipo de juicios y que el giro de Peinado confirma la persecución judicial que sufre la familia de Sánchez. El presidente, de viaje oficial en Nueva York, se ha referido así al asunto: «El tiempo pondrá las cosas en su sitio». El líder socialista ha mostrado su confianza en la inocencia de su mujer y en la de su hermano, David Sánchez, al que la Audiencia Provincial de Badajoz ha señalado el banquillo por prevaricación y tráfico de influencias tras desestimar su recurso.

El propio Sánchez afirmó hace tres semanas en una entrevista en TVE que en España hay jueces que hacen política, lo que generó las quejas de las asociaciones judiciales. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha tildado la última decisión de Peinado de «surrealista», mientras que Bolaños confía en que la Audiencia de Madrid le enmiende, como ya hizo el Supremo cuando le quiso imputar por falso testimonio tras declarar en la causa por malversación en la contratación de la asesora de Begoña Gómez en Moncloa.

Peinado sostiene en el auto, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, existen «indicios racionales, fundados y sólidos de la comisión de hechos delictivos», pero todavía no ha decidido si enviará a juicio a Begoña Gómez y a los otros dos imputados por malversación. Un delito que sumó con la apertura de una pieza separada en la investigación que sigue contra la esposa del presidente del Gobierno desde abril del año pasado. En caso de que el magistrado decida sentarles en el banquillo, se abriría un periodo para recurrir la decisión ante la Audiencia de Madrid, que tendrá la última palabra.