El fiscal general acusa a la UCO de filtrar su 'email', pero fue él quien lo publicó

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha arremetido en su último escrito de defensa presentado al Tribunal Supremo contra la Unidad Central Operativa (UCO). Acusa a la Guardia Civil de haber publicado textualmente su dirección de correo electrónico de Gmail, donde se alojaba la copia de seguridad de sus conversaciones de WhatsApp y pruebas determinantes sobre la presunta filtración en la que participó. Según dice, a partir de entonces comenzó a recibir mensajes insultantes y «hostiles» a través de esa dirección de correo. Sin embargo, según ha podido constatar THE OBJECTIVE, esa dirección ya era pública desde hacía más de una década: García Ortiz la utilizaba para cuestiones laborales, se incluía en bases de datos jurídicas abiertas al público e incluso la usó para un acto oficial de la Comisión Europea.

El 13 de marzo de 2024, a las 21.54, la fiscal jefe provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez, le envía un escueto mensaje de WhatsApp a García Ortiz: «Hola. ¿A qué correo te mando los correos cruzados de Julián y el abogado?». Se refiere a la cadena de comunicaciones entre el fiscal y el letrado que representaba a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, y que poco después terminarían filtradas a prensa afín al Gobierno. El fiscal general le responde: «alvarogarcí[email protected]». Una dirección particular diferente de su correo institucional. Este hecho es incluido por la UCO en un informe de noviembre de 2024 en el que ya se apuntan indicios sobre la participación de Ortiz en la filtración.

Ahora, el fiscal general quiere usar ese informe para justificar uno de los hechos más sospechosos de cuantos se han hallado en la instrucción: que eliminó por completo esa cuenta de Gmail, con todo su contenido y las copias de seguridad de su cuenta de WhatsApp donde almacenaba las conversaciones mantenidas ese 13 de marzo previo a la filtración, por culpa de la UCO.

Según el último escrito presentado al Supremo por la defensa de García Ortiz, «la eliminación de la cuenta personal del Excmo. Sr. Fiscal General del Estado no se produjo con anterioridad al inicio de la instrucción, sino como consecuencia de la filtración a la prensa del informe de la UCO de fecha 21 de noviembre de 2024, en cuyo folio 23 figuraba, sin suprimir, la dirección completa de dicha cuenta de Gmail personal».

«Como resultado de esta filtración, en dicha cuenta se estaban recibiendo mensajes de todo tipo, incómodos y en ocasiones hostiles, lo que motivó que el Excmo. Sr. Fiscal General del Estado pusiera en conocimiento esta circunstancia al Comisario Jefe de la Brigada de Seguridad Informática mediante nota interior de la Fiscalía General del Estado de fecha 10 de enero de 2025».

«La exposición pública de sus datos personales (correo electrónico, número de DNI, dirección postal, número de teléfono personal y oficial) significaba un riesgo para su seguridad como alta autoridad del Estado, que a partir de ese momento hubo de ser reforzada. Como consecuencia de ello, en diciembre de 2024 y en enero de 2025 el Excmo. Sr. Fiscal General del Estado se vio obligado a cerrar su cuenta de correo y sustituirla por otra para todas sus actividades personales».

Su ‘mail’ ya era público

Sin embargo, y a diferencia de la acusación de García Ortiz a la UCO y la justificación de este hecho como detonante del borrado de su cuenta de Gmail, su dirección de correo electrónico de Gmail no era estrictamente personal. De hecho, la utilizaba desde hace más de una década como correo vinculado a su trabajo como fiscal o como representante de la Unión Progresista de Fiscales.

En este último caso, su nombre aparece vinculado a esa dirección de correo en la Agenda de la Comunicación Jurídica de 2014 que elabora la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos. Un documento de consulta abierto al público y fácilmente accesible en la red.

García Ortiz también usó ese email «personal» para participar en unas jornadas sobre seguridad y contaminación marítima organizadas por la Comisión Europea en noviembre de 2018. Lo hizo en nombre de la organización European Network of Prosecutors for the Environment (ENPE), una organización de fiscales europeos que lucha contra delitos medioambientales. Su correo electrónico fue aportado por la organización del evento a todos los participantes para establecer así una vía de contacto con el actual fiscal general. El documento es público y fácilmente accesible en la red.

Borrados el día que se abrió la causa

García Ortiz borró sus mensajes de WhatsApp el 16 de octubre. Se trata del mismo día en que el Tribunal Supremo abrió una causa contra él por un delito de revelación de secretos por filtrar, supuestamente, datos confidenciales de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil afirma en un informe al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE que tampoco se han podido recuperar las copias de seguridad de Google Drive debido a «la eliminación deliberada de la cuenta asociada a este servicio».

«No se han encontrado mensajes anteriores al 16 de octubre de 2024 en la aplicación de mensajería WhatsApp del dispositivo», subraya el documento aportado al Supremo. La UCO sostiene que la falta de mensajes anteriores a esa fecha se debe, fundamentalmente, «al vaciado o borrado intencionado de todos los mensajes contenidos en las distintas conversaciones, siendo realizada esta acción hasta en dos ocasiones el indicado día».

Poco más de un mes después, en una fecha que la UCO no ha podido determinar, García Ortiz eliminó por completo su cuenta de Gmail. Un movimiento importante, ya que esa cuenta podría esclarecer la ruta de la filtración y en ella estaba alojada la copia de seguridad de sus whatsapps.

«La recuperación de datos de interés en copias de seguridad almacenadas en el servicio de Google Drive, no ha sido posible debido a la eliminación deliberada de la cuenta de Google asociada a este servicio», señala la UCO en un informe pericial de su Departamento contra el Cibercrimen.