Sentencia pionera contra Interior: deberá indemnizar a las viudas de los guardias civiles
La Audiencia Nacional ha obligado al ministerio a resarcir a la familia de un agente cuyo asesino se declaró insolvente
La madre de uno de los agentes fallecidos en Barbate, en 2024. | EP
Sentencia pionera de la Audiencia Nacional contra el Ministerio del Interior. La Sección Quinta de lo Contencioso Administrativo ha estimado el recurso de Raquel Pérez, viuda del guardia civil Juan Manuel Arcos —fallecido en acto de servicio en octubre de 2018 en Granada—, tras varios años de batalla judicial contra el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska, que se negó a resarcir la indemnización de más de 300.000 euros que el asesino de su marido nunca pagó por declararse insolvente. Los magistrados han atendido la reclamación de la familia y han fallado que Interior debe aplicar con los herederos de las víctimas el mismo principio de indemnidad que aplica con los agentes heridos en el ejercicio de su cargo. En otras palabras, que deberá hacerse cargo de la compensación económica.
El fallo judicial, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, sienta jurisprudencia y abre la puerta a que otras familias puedan reclamar indemnizaciones a Interior cuando no hayan sido resarcidas por insolvencia pese a ser declaradas en sentencia firme. Es el caso, por ejemplo, de las viudas de los guardias civiles asesinados por Igor El Ruso, que ya formalizaron el año pasado la demanda por este motivo ante la Audiencia Nacional; y, presumiblemente, el de los agentes fallecidos en Barbate (Cádiz) a manos del narco Karim El Baqqali que tripulaba la lancha que segó la vida de los dos guardias en febrero de 2024.
El Ministerio del Interior, representado por la Abogacía del Estado, se justificó en su resolución que «los daños —personales y patrimoniales— de los familiares son totalmente ajenos a la relación especial de servicios que vinculan al guardia civil con la Administración». Sin embargo, la Sala señala que la normativa de la Guardia Civil recoge este extremo, así como un gran número de sentencias dictadas en los últimos años por el Tribunal Supremo. «La Audiencia Nacional nos ha dado la razón en una novedosísima sentencia, de la que se beneficiarán otras cinco viudas de guardia civiles cuyas reclamaciones están pendientes de resolución», celebra el abogado de Raquel Pérez, Javier López y García de la Serrana.
La doctrina del Supremo
El principio de indemnidad implica que la Administración debe resarcir a sus funcionarios por los daños sufridos en el ejercicio de sus funciones por acciones ilícitas de las personas sobre las que ejercen, cuando no haya dolo, culpa o negligencia por parte del funcionario y el responsable directo del daño sea insolvente. En relación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, explica la Sala de lo Contencioso Administrativo, el Tribunal Supremo cuenta con hasta ocho pronunciamientos en los que reconoce que Interior «debe asumir el pago de la indemnización fijado en la sentencia penal».
En cualquier caso, la cuestión que se planteaba en este caso era si dicha «doctrina jurisprudencial sobre indemnidad del miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en relación con todo tipo de daño material o personal que sufra en acto de servicio o consecuencia del servicio (…) incluye el resarcimiento a los familiares de guardia civil fallecido en los supuestos en que hay una condena penal por delito de asesinato u homicidio, que cuantifica una indemnización por responsabilidad civil del condenado y que resulta posteriormente declarado parcial o totalmente insolvente», reflexionan los magistrados.
Si bien, explica la Audiencia Nacional, «los perjuicios morales causados a los familiares por la muerte de un guardia civil cuando cumplía sus deberes profesionales no se encuentran, en paridad, en las citadas sentencias». En la del ocho de julio de 2020, el Tribunal Supremo apunta que «el derecho de los funcionarios o de sus herederos al resarcimiento por las lesiones y perjuicios sufridos en acto de servicio se encontraba ya en el Real Decreto del 6 de septiembre de 1882 y que se regula hoy para los guardias civiles en el Real Decreto 485/1980, de 22 de febrero».
El «abandono» de Interior a la familia
Esta norma, por la que se regula el procedimiento a seguir en los expedientes para la declaración de responsabilidad administrativa y resarcimiento por daños a los bienes de los guardias civiles, dispone en su artículo séptimo que «el derecho a resarcimiento sólo será reconocido a instancia del interesado o de sus herederos, en caso de fallecimiento, tras la instrucción de un expediente administrativo especial». Aunque, señalan los magistrados, «dicho artículo no se refiere expresamente a las indemnizaciones por responsabilidad civil en condena penal cuando resulte insolvente el condenado por las lesiones, es la doctrina jurisprudencial expuesta sobre el principio de indemnidad la que establece el derecho de resarcimiento económico al funcionario que sufra las lesiones en acto o con ocasión del servicio, como mecanismo específico de reparación de años.
En este caso, señala la Sala, «se ha instruido tal expediente y es claro que, en caso de fallecimiento, se trata de un daño personal del guardia civil, y el supuesto está previsto en la norma». Por lo que, concluyen, «la normativa aplicable al resarcimiento por daños personales a un guardia civil incluye al lesionado y, en caso de fallecimiento, a sus herederos, siendo aplicable el principio de indemnidad en interpretación jurisdiccional para incluir la indemnización declarada en sentencia penal por el asesinato de los guardias civiles ocurrido en acto de servicio».
En una entrevista de hace un año, la viuda del agente, Raquel Sánchez, denunció el abandono que sintió por parte del Ministerio del Interior desde la madrugada en la que El Kiki, Juan Antonio Moyano, asesinó a su marido. «Fui la primera viuda de este Gobierno. Después han venido más, a las que han seguido los mismos discursos, pero con distintos nombres», criticaba la afectada. «Las altas esferas no tuvieron ni un mínimo de corazón», señaló la viuda que entonces, advirtió, que «iba a luchar hasta el final». «Por su marido, por sus hijos y por todos aquellos que se ponían un uniforme para protegernos». Hoy, siete años después de haber perdido a su esposo, Raquel ha ganado la contienda al departamento de Grande-Marlaska.