La UCO desactiva la tesis del 'lawfare' del Gobierno y acerca a Begoña Gómez a juicio

Cristina Álvarez negoció con diversas empresas en favor de la cátedra de Begoña Gómez. Los correos electrónicos intervenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desmontan la versión de la esposa del presidente del Gobierno, que aseguró en sede judicial que se trataba de «favores» puntuales. Los emails, la mayoría en horario laboral, constatan que la asesora intervino en adendas, donaciones, patrocinios y convenios. Un escenario que desactiva la tesis del lawfare del Gobierno, ataques que ha denunciado el juez Juan Carlos Peinado. Los juristas consultados por THE OBJECTIVE señalan que las últimas pruebas resultan definitivas y acercan a la mujer de Pedro Sánchez al banquillo por un delito de malversación.

La UCO concluye que los correos que la asesora de Begoña Gómez intercambió con el ex vicerrector de Relaciones Institucionales en la Universidad Complutense, Juan Carlos Doadrio, constatan que Álvarez tuvo un papel clave. Los agentes señalan que realizó gestiones que «trascendían de los cometidos inherentes al puesto que ocupaba». En los 121 emails fechados entre abril de 2021 y junio del año pasado participan una veintena de interlocutores con los que la asistente realizó diferentes trámites para la cátedra que codirigía su jefa.

El contenido de los correos revela que Álvarez participó en las adendas de colaboración de una docena de empresas, entre las que se encuentran Google, Deloitte, ONCE y la pública Indra. La asesora de Begoña Gómez en Moncloa también negoció patrocinios y un convenio de formación permanente con Mindway: «Queremos algo que sobre todo deje constancia, en caso de beneficios, Mindway tenga que dar el 10 por ciento a la cátedra de TSC (Transformación Social Competitiva)», escribió la asistente a Doadrio el 16 de febrero de 2022.

La cátedra de Begoña Gómez

«Los correos son definitivos porque demuestran que la asesora realizaba gestiones relacionadas con tareas privadas de Begoña Gómez», explica María de la Torre, penalista en Govcom Abogados. En su opinión, el informe de la UCO acerca el juicio por malversación contra la esposa del presidente del Gobierno y su asistente en Moncloa, ya que desvelan que se usaron fondos públicos para fines propios.

Una línea que comparte el penalista y doctor en Derecho Luis Romero, para quien el delito de malversación es «el más claro» de los cinco por el que Peinado investiga a Begoña Gómez. «Los correos son fundamentales; abocan a juicio, pero no es el único indicio», señala. Una opinión que comparte una joven penalista que prefiere mantener el anonimato: «El contenido de los emails es un duro golpe a la estrategia de defensa y desactiva la tesis de lawfare del Gobierno. El juez puede solicitar ahora desde qué lugar se han enviado esos correos».

Javier Gómez-Ferrer, socio de BDO Abogados, destaca que los emails constatan que las labores de Álvarez «no fueron algo ocasional, sino frecuente». En opinión de este prestigioso penalista, la conducta de la asesora de Begoña Gómez en Moncloa podría no encajar con la tipificación de la malversación que hace el Código Penal: «Se está haciendo una interpretación analógica y, por tanto, prohibida». No obstante, reconoce que la existencia de «muchos» correos en los que interviene la asistenta «no es circunstancial».

Todos los juristas consideran que el análisis de los correos acerca a Begoña Gómez y su asesora en Moncloa al banquillo. Peinado propuso hace una semana que, en caso de que se celebrara juicio, ambas fueran juzgadas por un jurado popular. A pesar de las críticas que ha desencadenado, la decisión no es un capricho del instructor, ya que el artículo 1 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado establece que los delitos por malversación puedan ser juzgados mediante esa fórmula. En el 89,9% de los casos acaban en condena.

Críticas del Gobierno

Peinado rechazó inicialmente investigar a Begoña Gómez y Álvarez por malversación tras una denuncia de Hazte Oír. Sin embargo, cambió de parecer con los nuevos indicios y tras el respaldo de la Audiencia Provincial de Madrid. En su último auto, el juez lo justifica invocando a una «cristalización progresiva» y recordando que la fase de instrucción es, por naturaleza, dinámica y evolutiva. La esposa de Sánchez acudió a declarar el 10 de septiembre, cuando reconoció que había pedido «favores» en ocasiones puntuales a su asesora en Moncloa. Los expertos rechazan ese escenario tras conocer los emails.

La investigación contra Begoña Gómez y Álvarez por malversación se inició el pasado marzo con la apertura de una pieza separada. Las críticas a Peinado han sido una constante desde que imputó a la esposa del presidente del Gobierno. El propio Sánchez le acusó de iniciar una campaña para desgastarle en una carta a la ciudadanía en la que anunció en abril que se tomaba unos días de reflexión. También ha insinuado que el juez incumplía la ley guiado por motivos políticos. Y en una entrevista en TVE a principios de septiembre aseguró que había jueces haciendo política.

Otros miembros del Gobierno también han arremetido contra Peinado. El ministro de Transportes, Óscar Puente, señaló en julio del año pasado en una entrevista en eldiario.es que la instrucción era «un viaje a ninguna parte, burda, miserable y una nulidad de libro». E insistió: «La instrucción no está siendo imparcial ni rigurosa». En otras ocasiones, se quejó de la impunidad con la que opera el magistrado. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, también señaló en La Sexta que el procedimiento podría causar indefensión a la esposa de Sánchez.

Como avanzó este diario, Peinado ha emprendido acciones judiciales contra ambos ministros. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, también ha cargado contra él en varias ocasiones. Este martes, tras el Consejo de Ministros, afirmó que los informes de la UCO demuestran que todo se hizo de forma correcta. Y no todo han sido palabras. Sánchez y Begoña Gómez presentaron sendas querellas por prevaricación contra el juez y el titular de Justicia, Félix Bolaños, registró dos quejas ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por irregularidades.

«Los jueces tienen aciertos y desaciertos, pero no puede ser que un ministro les ataque. ¿Por qué a Bolaños no le pone nervioso ni le preocupan las sentencias irregulares de mis clientes? El Gobierno debe callar y esperar a que la Justicia haga su trabajo», lamenta De la Torre, abogado de Govcom. Para su colega Romero, Peinado está llevando «muy bien» la instrucción y los correos analizados por la UCO «han demostrado que no hay lawfare».