EEUU y Australia embargan 1.113 millones a España por las ayudas a las renovables
La Justicia de ambos países emiten siete sentencias por los impagos de las indemnizaciones reconocidas por el Ciadi
Aerogeneradores en las Montañas Rocosas de Canadá. | Jeff Mcintosh (Zuma Press)
Los tribunales de Estados Unidos y Australia cercan a España. Ambos países han emitido en las últimas semanas una cascada de sentencias, hasta siete, que instan a embargar a nuestro país 1.113,4 millones de euros por el impago de las primas a las energías renovables. El Tribunal de Distrito de Columbia ha confirmado el laudo arbitral de 290,6 millones (a los que hay que sumar intereses de demora y costas judiciales) a favor de NextEra Energy, el sexto fallo en el país norteamericano desde el verano. En Australia, el Tribunal Federal dictó una resolución histórica el 29 de agosto que ordena ejecutar cuatro laudos por un importe de 469 millones.
El Tribunal de Distrito de Columbia da la razón a NextEra, que había invertido 750 millones en proyectos solares en España antes de que el Gobierno eliminara los incentivos que motivaron esas inversiones. El origen de los pleitos se remonta a 2007, cuando José Luis Rodríguez Zapatero puso en marcha un programa de ayudas para apoyar la producción eléctrica procedente de fuentes renovables. Seis años más tarde, Mariano Rajoy decidió retirarlas con carácter retroactivo y comenzaron a acumularse los litigios.
Las compañías afectadas acudieron al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que les ha dado la razón en 26 de los 52 procedimientos, aunque algunos siguen pendientes. La deuda reconocida por el organismo adscrito al Banco Mundial alcanza ya los 1.900 millones. Sin embargo, el Gobierno se niega a resarcir a las empresas de energías renovables al considerar que el Derecho comunitario no permite el pago de estas indemnizaciones decretadas en los arbitrajes internacionales.
La batalla de las renovables
En el último fallo emitido por Tribunal de Distrito de Columbia, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la juez Tanya S. Chutkan subraya que los laudos del Ciadi deben recibir en Estados Unidos «la misma plena fe y crédito que si fueran una sentencia definitiva de un tribunal estatal». De esa manera rechaza los intentos de España por cuestionar la jurisdicción del organismo vinculado al Banco Mundial.
La magistrada insiste en la sentencia favorable a NextEra que el Gobierno no puede «reciclar un argumento jurisdiccional perdido que el Ciadi ya consideró y rechazó», confirmando así que el laudo es plenamente ejecutable en Estados Unidos. Además, recalca que las alegaciones presentadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez carecen de validez jurídica. Chutkan descarta la doctrina de «inmunidad soberana» a la que alude España para evitar el pago de las indemnizaciones reconocidas por la retirada retroactiva de ayudas a las energías renovables.
Este nuevo revés judicial es el sexto en Estados Unidos desde este verano. El Tribunal de Distrito de Columbia ha confirmado en las últimas semanas los laudos de los casos Cube (40,2 millones de euros), Watkins (79,5 millones), Infrastructure Services/Antin (125,1 millones), RREEF (74 millones) e Infrared (35 millones). Sumando el fallo de NextEra, la justicia del país norteamericano ha
reconocido un total de seis laudos valorados en 644,4 millones.
La ofensiva judicial también avanza en Australia, donde el pasado 29 de agosto la Corte Federal dictó una sentencia histórica que ordena la ejecución de cuatro laudos arbitrales de las renovables por un importe total de 469 millones. El juez Stewart rechazó los argumentos de inmunidad soberana presentados por España y avala íntegramente las reclamaciones de los demandantes, que incluyen a RREEF, 9REN, Watkins y NextEra. La resolución impone además costas procesales a nuestro país e incluso a la Comisión Europea, cuyas peticiones fueron desestimadas.
Embargos en varios países
Recientemente, la Justicia belga ha embargado 207,3 millones a España por el impago de las primas a las renovables. Los tribunales belgas comunicaron el pasado julio una sentencia que autorizaba la intervención de los pagos mensuales que realiza el organismo europeo de control aéreo, Eurocontrol, a la empresa estatal española encargada de tramitar dicho servicio, Enaire. Una puerta que abrió RREEF, otras de las empresas damnificadas, al solicitar la confiscación de bienes mientras no se ejecutaran las indemnizaciones reconocidas por el Ciadi.
La deuda reconocida por el tribunal internacional de arbitraje alcanza ya los 1.900 millones de euros, cantidad que incluye las indemnizaciones, intereses de demora y gastos de representación procesal. El Gobierno rechaza pagar esas compensaciones, un escenario que llevo a las renovables hasta los tribunales ordinarios. Varios países han abierto ya la puerta a embargar activos españoles. El primero que autorizó la confiscación de estos activos fue Reino Unido, a los que siguió Australia, Estados Unidos y Bélgica.