La UCO rastrea el patrimonio de Pardo de Vera y el exdirector de Carreteras por el 'caso Koldo'

La Guardia Civil pone en la diana el patrimonio de Isabel Pardo de Vera y Javier Herrero. La Unidad Central Operativa (UCO) ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que solicite a la Agencia Tributaria y a diversas entidades financieras que faciliten información detallada sobre el patrimonio económico de la expresidenta de ADIF y el ex director general de Carreteras del Ministerio de Transportes. Ambos están siendo investigados por cinco delitos en el denominado caso Koldo. Los agentes le consideran «facilitadores de asistencia» y reclaman indagar si recibieron «cualquier tipo de prestación».

En un oficio al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la UCO reclamó el pasado 30 de septiembre al magistrado que se elabore un «estudio económico/tributario de los dos investigados, que ha de contextualizarse con el análisis de la documentación intervenida en los últimos registros». Esa fórmula da a entender de que los agentes han encontrado pruebas de presuntas mordidas de las que se habrían beneficiado ambos antiguos altos cargos de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos.

La UCO señala que las pesquisas han revelado que Ábalos y su asesor Koldo García «habrían cobrado presuntas contraprestaciones económicas por su labor en beneficio de las constructoras» con contratos en los que aparecen tanto Pardo de Vera como Herrero. Los agentes justifican su decisión porque ambos son «facilitadores de asistencia para las exitosas adjudicaciones proyectadas, cada uno dentro de su ámbito de responsabilidad, resultaría imprescindible para el buen fin de la investigación, conocer si pudieron ser también receptores de cualquier tipo de contraprestación, de la naturaleza que fuere».

Las cuentas de Pardo de Vera

La lista de de cuentas corrientes que se solicita información bancaria asciende a cuatro en el caso de Pardo de Vera y a un total de 33 en el del exdirector de Carreteras. La UCO señala que se encuentra en la fase de análisis de la información intervenida en los registros de los domicilios de ambos investigados, que tuvo lugar el pasado 26 de junio, y de requerimientos al Ministerio de Transportes y ADIF. En tal escenario, «deviene necesaria la realización de un estudio económico/tributario de los dos investigados, que ha de contextualizarse con el análisis de la documentación intervenida en los últimos registros».

Los investigadores solicitan al juez instructor que, si lo considera oportuno, emita mandamientos judiciales a distintos bancos para que le remitan información sobre las cuentas de Pardo de Vera y Herrero. Además, en una providencia, el juez da constancia de la petición y pide a la Fiscalía que se pronuncie sobre las diligencias solicitadas para tomar una decisión. La UCO pide excluir las cuentas bancarias relacionadas con ADIF y entes relacionados, pero también las de una de la comunidad de propietarios, Villa Coral, vinculada a, exdirector de Carreteras porque «carece de interés para la investigación».

El escrito de la UCO destaca que el exdirector de Carreteras consta como autorizado en cuentas de la sociedad Polis Project, S.R.L.U, «dedicada a los servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico», y como titular de la mercantil Palta Naturae, «dedicada al cultivo de frutos tropicales y subtropicales».

Los agentes solicitan al juez que emita un mandamiento a la Agencia Tributaria para que aporte un informe sobre ambos «para el período comprendido entre los ejercicios 2017 a 2024» que contenga las cuentas bancarias en las que figuran, movimientos de dinero, bienes inmuebles tanto en España como en el extranjero, relaciones societarias, declaraciones fiscales, donaciones o si tienen cajas de seguridad alquiladas.

Imputados por cinco delitos

La UCO incide en que se aprecian «indicios» de que tanto Pardo de Vera como Herrero habrían ayudado a que «las adjudicaciones» proyectadas por Ábalos y su asesor llegaron a buen término gracias a que facilitaron de forma inmediata «la información conveniente que obraba en los diferentes expedientes o la salida a licitación de otros, siguiendo las directrices que el ministro, a través de su asesor, les impartía». Durante su declaración en la Audiencia Nacional el pasado 21 de julio, ambos se desligaron de los presuntos amaños de obra.

Pardo de Vera aseguró que ningún mensaje de Koldo García tuvo efecto sobre las adjudicaciones, mientras que Herrero reconoció que el asesor le preguntaba para disponer de información, aunque negó que fuese para amañar los contratos. Ambos antiguos cargos están imputados por cinco delitos: organización criminal, tráfico de influencias, malversación, prevaricación y cohecho. Sin embargo, los investigadores han constatado que el hombre de confianza de Ábalos despachaba de forma habitual con la expresidenta de ADIF y el exdirector de Carreteras para hablar de obra pública.

En una conversación grabada por Koldo García el 18 de noviembre de 2020, el asesor pedía con insistencia a Pardo de Vera una adjudicación para Levantina, Ingeniería y Construcción, la compañía de la que posee acciones José Ruz. En un primer momento trató que fuese de mantenimiento, pero tras la negativa de la expresidenta de ADIF propuso que fuera de emergencia. La investigada le recordó que acababan de concederle una y darle otra iba a resultar sospechoso, aunque se comprometió a sopesar las opciones.

Los investigadores añaden que meses antes, el 28 de enero de 2019, Koldo García envió a Pardo de Vera una imagen con los resultados de las ofertas presentadas a una licitación para construir la línea de alta velocidad en Extremadura, «previamente remitida» al asesor por un directivo de Acciona. Sin embargo, la trama perdió esa adjudicación, lo que provocaría el descontento del asesor de Ábalos. Apenas 72 horas después, la presidenta de ADIF firmó un contrato en Murcia por 146 millones que beneficiaría a la trama.

Bingo!!! En Logroño

Meses antes, el 28 de enero de 2019, Koldo García envió a Pardo de Vera una imagen con los resultados de las ofertas presentadas a una licitación para construir la línea de alta velocidad en Extremadura, «previamente remitida» al asesor por un directivo de Acciona. Sin embargo, la trama perdió esa adjudicación, lo que provocaría el descontento del asesor de Ábalos. Apenas 72 horas más tarde, la presidenta de ADIF firmó un contrato en Murcia por 146 millones que beneficiaría a la trama.

Un escenario parecido a lo ocurrido con el exdirector de Carreteras, que en una conversación con Koldo García en abril de 2019 celebró la concesión de una obra: «Bingo!!! En Logroño». Los agentes lo vinculan a una adjudicación a la UTE conformada por Acciona y Aquaterra por 92,4 millones de euros. También destacaron en informes anteriores sus diálogos sobre el proyecto de construcción del Puente del Centenario en Sevilla, adjudicado también a Acciona por 71,4 millones, aunque las obras aún siguen en marcha y sus sobrecostes ascienden a más de 30 millones.