La UCO sospecha que Ábalos tampoco pagó su chalé de Rivas: solo consta un recibo
El exministro residió en ese inmueble junto a su pareja Andrea de la Torre hasta que se mudó en 2024 a un ‘loft’ en Madrid
El chalet de Rivas de Vaciamadrid.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospecha que José Luis Ábalos tampoco pagó el chalé de Rivas Vaciamadrid al que se mudó junto a su pareja, Andrea de la Torre, a finales de 2022. Los agentes que analizan el patrimonio del exministro de Fomento han detectado un único movimiento bancario vinculado a ese inmueble: un ingreso al propietario de 1.223 euros en 2024, el mismo año en que abandonó la vivienda para trasladarse a un loft en el Ensanche de Vallecas, cuya compra también está bajo investigación por presuntas irregularidades. Fuentes próximas a la investigación confirman a THE OBJECTIVE que este detalle ha levantado sospechas en el seno de la UCO. Consideran llamativo que en las cuentas bancarias del que fuera número tres del PSOE no exista rastro de más pagos por el alquiler del inmueble de Rivas, a pesar de haber residido allí un año y medio.
Los investigadores no han hallado tampoco movimientos desde las cuentas de Koldo García, el antiguo asesor de Ábalos y principal sospechoso de actuar como su testaferro -o «custodio» de los fondos, en palabras de los investigadores- hacia el propietario de la vivienda. Esa ausencia de transferencias directas no despeja las dudas, sino que las refuerza: la UCO sospecha que los pagos podrían haberse canalizado a través de terceros o incluso haberse compensado con favores o cobros en especie, dentro de la red de intereses que envuelve el llamado caso Koldo.
Los investigadores sospechan de una operativa similar a la de Santos Cerdán, que costeó su vivienda en un ático de lujo en Madrid con cargo a la trama, como desveló este periódico. Una de las constructoras investigadas, Servinabar, sufragó los gastos del primer año de alquiler de su inmueble en la calle Hilarión Eslava de Madrid. Esta constructora navarra, beneficiaria de varios contratos por parte de la trama en esta comunidad, fue una de las que registró la UCO el pasado mes de junio. De hecho, el Instituto Armado descubrió los vínculos de Cerdán con el dueño de Servinabar, Joseba Antxón Alonso, con quien firmó en 2014 un documento asumiendo el 45% de la propiedad de la sociedad que, cuatro años después, costeó 30.000 euros del pago de su alquiler.
Del chalé de Cádiz al de Rivas
El inmueble, situado en una zona residencial de Rivas Vaciamadrid, cuenta con una superficie total de 384 metros cuadrados, de los cuales aproximadamente 150 están construidos. Consta de dos plantas: la baja, con acceso directo desde el exterior y varias dependencias y servicios; y la primera, también distribuida en diferentes estancias, según consta en el Registro de la Propiedad. Ambas están comunicadas mediante una escalera interior. A la vivienda principal se suman un garaje y un trastero, ambos vinculados como anexos al chalé. En la parte trasera del jardín puede verse una piscina y una zona de solárium.
El chalé de Rivas es ahora otra pieza del puzzle patrimonial de Ábalos que los investigadores intentan recomponer a base de rastrear movimientos, recibos y préstamos que no cuadran. El patrón, según las fuentes consultadas, se repite: pagos de una mensualidad por parte de Ábalos para justificar que sufragó los gastos. El mismo modus operandi que empleó en la adquisición del chalé en la urbanización La Alcaidesa, en Cádiz, que fue un presunto regalo por su intermediación en la adquisición de la licencia de hidrocarburos para que la trama pudiera vender combustible en España.
Un negocio inmobiliario
Además, tal y como adelantó este periódico, la pareja sentimental del exministro, Andrea de la Torre, fundó una sociedad inmobiliaria en plena ebullición del caso Koldo. Según figura en el Registro Mercantil, la empresa —bautizada como Galvanostudio SL— fue constituida el 14 de junio de 2023 con un capital social inicial de 4.000 euros. Aquella fecha no es baladí: coincidió con el momento en que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pidieron al fiscal anticorrupción Luis Pastor autorización para intervenir los teléfonos de los principales implicados en la trama.
La solicitud de interceptación telefónica se incorporó a la primera querella que el fiscal tenía lista para presentar ante la Audiencia Nacional el 28 de junio, aunque finalmente esa acción judicial se aplazó «hasta después de las elecciones generales del 23 de julio». Ese retraso, según fuentes jurídicas consultadas por THE OBJECTIVE, permitió que varios movimientos patrimoniales y empresariales se hicieran sin el foco mediático y judicial que habría supuesto una querella formal en aquel momento.
La compañía de Andrea de la Torre tiene como objeto social «la gestión de encargos de venta y alquiler inmobiliario, tramitación, promoción, realización de informes y asesoramiento sobre asuntos relativos a operaciones inmobiliarias». Es decir, una empresa dedicada al negocio de intermediación y gestión de bienes inmuebles. El domicilio social de la empresa era el chalé de Rivas Vaciamadrid en el que Ábalos y su pareja residían por entonces.
Galvanostudio SL, pese a declararse dedicada al sector inmobiliario, aparece vinculada a una página web de venta de joyas, una actividad ajena a su objeto social. Esta conexión, confirmada por THE OBJECTIVE, refuerza las sospechas sobre la posible utilización de la mercantil con fines distintos a los declarados. Fuentes próximas a la investigación consideran «llamativo» que la joven pareja del exministro creara una empresa de una naturaleza tan ambigua y con domicilio en una vivienda que también figura en los informes patrimoniales de la Guardia Civil.
El caso recuerda inevitablemente a un precedente: el de Patricia Uriz, esposa de Koldo García, el antiguo asesor de Ábalos detenido en el marco de la trama. En febrero, la UCO registró una empresa a su nombre, Erikapat Consultoría Internacional SL, con sede en un piso del matrimonio en Benidorm. La mercantil, ubicada en el número 2 de la Avenida de Almería, operaba —al menos sobre el papel— desde un edificio de apartamentos turísticos, y los investigadores sospechan que pudo servir de tapadera para el cobro de comisiones ilegales vinculadas a contratos públicos.
El patrón, advierten fuentes de la investigación, «se repite con precisión». Una sociedad creada por una persona del entorno más cercano del exministro, en un momento clave del proceso judicial, con una actividad económica difusa y un domicilio difícil de justificar. En ambos casos, los investigadores observan la misma combinación de opacidad, vínculos personales y estructuras societarias de bajo capital, características frecuentes en redes de blanqueo de capitales.