La UCO no ha logrado analizar aún el «ingente» material de los registros en las constructoras

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aún no ha conseguido analizar el «ingente material» incautado en los registros realizados en el mes de junio en las constructoras Servinabar, Acciona Construcciones, Obras Públicas y Regadíos (OPR) e Ingeniería, Levantina y Construcción (LIC), que constituirían el principal soporte documental para la posible imputación del PSOE por un presunto delito de financiación ilegal.

Como desveló THE OBJECTIVE, los «indicios suficientes» que ya tendría en su haber el magistrado instructor del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, surgen del cruce de la documentación incautada en las diligencias de entrada y registro de las constructoras ya analizadas, los gastos de José Luis Ábalos que se incluyen en el informe de la UCO sobre la situación patrimonial del exministro de Transportes y las conversaciones de este con los otros dos investigados, Koldo García y Santos Cerdán, recabadas en los dispositivos móviles intervenidos por el Instituto Armado.

Es por este motivo por lo que Leopoldo Puente denegó este miércoles a Koldo García la devolución de sus dispositivos móviles, porque «la verdaderamente ingente cantidad de documentación y terminales informáticos y telefónicos intervenidos en el procedimiento impone la realización por parte de los investigadores de una muy ardua tarea de tratamiento de los datos, vinculando muchos de ellos y cruzándolos con otros procedentes de distintas evidencias digitales o documentos, lo que no ha permitido hasta este momento la devolución de los mismos […] al no hallarse completado su análisis». De hecho, el instructor del Alto Tribunal señaló que «no ha sido factible la entrega de copias clonadas completas de los terminales intervenidos» porque «la información que contienen no ha sido todavía enteramente analizada ni se ha dispuesto del tiempo suficiente para ello».

El factor temporal es importante, no solo para proceder a la copia de cada uno de los dispositivos, sino –en palabras del juez– para contar con tiempo suficiente para «proceder a las labores de expurgo o sujeción a conocimiento reservado del resto de las partes de aquella información que pudiera hacer referencia a aspectos, en principio ajenos al procedimiento, y que pudiera concernir al ámbito de la privacidad». Por este motivo, el magistrado informó este miércoles de la existencia de una pieza con «información sensible» de Ábalos a la que se han incorporado los elementos del informe de la UCO relativos a su vida privada, motivo por el cual limitó el acceso a las partes su consulta únicamente en sede judicial. En esa pieza se encontraría toda la información relativa a los pagos procedentes de la «caja B» con la que Koldo García financiaba los encuentros sexuales del ministro con diferentes mujeres, como reveló este diario.

Evitar que la causa engorde

Fuentes de la investigación sostienen que el adjetivo «ingente» no hace solo referencia a la cantidad de material intervenido, sino sobre todo al que todavía no ha podido ser examinado. Han sido precisamente esta sobreabundancia documental junto con la incapacidad para asimilarla a corto plazo los motivos principales para que el instructor del Supremo abriera a finales de septiembre una pieza separada sobre los presuntos amaños en la adjudicación de obra pública y la implicación de Ábalos, Koldo y Cerdán, con el objetivo de acelerar la investigación e impedir que engorde dilatando así los plazos.

Precisamente para agilizar los plazos, Interior reforzó antes del verano a la unidad de policía judicial con 15 agentes más en comisión de servicio y con carácter voluntario. Un refuerzo por un periodo de seis meses, a contar desde el 1 de septiembre, que pretendía dotar de las capacidades necesarias a la unidad de élite del Instituto Armado contra el crimen organizado, para poder asumir la carga de trabajo derivada del caso Koldo y el fraude de los hidrocarburos, investigados por el Supremo y la Audiencia Nacional tras varios informes de la UCO consecutivos desde febrero y octubre de 2024, respectivamente.

Fuentes de la Guardia Civil explican que no es la primera vez en esta legislatura: el pasado mes de abril se convocó un proceso de selección para otros 15 efectivos que ha elevado hasta los 580 el número de agentes de la UCO, lo que supone un crecimiento del 36% desde 2018. Pese a contar en teoría con un grado de cobertura de casi el 100% y trabajar a pleno rendimiento desde el pasado 1 de septiembre, los investigadores no han conseguido aún dar cauce a los dispositivos incautados antes del verano. Los días 10 y 11 del mes de junio, se registraron las sedes sociales y domicilios de personas vinculadas a Acciona Construcciones, Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC), OPR y Servinabar, donde se incautaron hasta 11 dispositivos electrónicos en las diferentes sedes de Madrid, Valencia, Andalucía, Navarra, País Vasco y Castilla-La Mancha.

Las evidencias de los registros de junio

Igualmente, se registraron los domicilios particulares de los dueños de esas compañías: en el de Pepe Ruz (LIC), los agentes encontraron varios dispositivos electrónicos, entre ellos un pendrive de color azul serigrafiado con el rótulo «Gobierno de Cantabria Consejería de Obras Pública y Vivienda»; en el garaje de Joseba Antxón Alonso (Servinabar), socio de Santos Cerdán, que registró personalmente el teniente de la UCO, Antonio Balas, se incautaron 16.180 euros en billetes de hasta 200 euros repartidos en distintas bolsas de cierre zip, ocultas en mochilas. En la vivienda granadina del exdirectivo de Acciona en Navarra Fernando Merino y sus cuñados, Antonio y Daniel Fernández, apoderado y administrador mancomunado de OPR, los agentes encontraron un «esquema manuscrito» con el nombre del exministro de Transportes José Luis Ábalos, un documento sobre «adjudicaciones históricas» a OPR y un contrato para la construcción y reforma de una vivienda del hermano de Koldo, Joseba García.

Como desveló THE OBJECTIVE hace unas semanas, las evidencias que emanan de la documentación incautada por la Benemérita son múltiples y permiten identificar a los cooperadores necesarios de los presuntos delitos de cohecho, organización criminal y tráfico de influencias. En el auto de ingreso en prisión preventiva de Santos Cerdán el pasado mes de junio, el magistrado instructor habló de la existencia de un «botín millonario» y apuntó a la futura imputación de «personas físicas y jurídicas». La sombra de la posible financiación ilegal del PSOE sobrevolaba en aquel momento la investigación, pero sin alcanzar la consistencia que cobra en estos momentos.

Tras la confirmación de la UCO de la existencia de una «fuente de ingresos no declarada», el «desfase» de 90.000 euros entre las cantidades declaradas y las obtenidas por Ábalos y la publicación de los sobres con dinero en metálico, en contra del mecanismo reconocido por Ferraz de abonar los gastos por transferencia bancaria, las fuentes consultadas apuntan a que el PSOE podría llegar a ser imputado como persona jurídica en los próximos meses –quizás semanas–, permitiendo atribuir responsabilidades penales directas al partido por los presuntos delitos cometidos por sus exdirigentes.